Una nueva resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPC) pone en jaque a otra institución nacional, el Consejo Electoral (CNE), cuyos miembros fueron cesados en sus cargos. Las causas argumentadas son: “incumplimientos en la legitimidad del cargo, falta de probidad, ilegalidad en las principalización de suplentes, conflictos de intereses, abuso de autoridad, vulneración del principio de seguridad jurídica y demás”.
Nubia Villacís, Luz Haro, Ana Marcela Paredes, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta fueron cesados y deberán irse a casa, según dictamen de los miembros del todopoderoso consejo transitorio encabezado por Trujillo. Fue una decisión unánime de los 7 consejeros transitorios, cuyo fallo puede ser apelado por “un recurso de revisión dentro de los siguientes tres días” por los afectados.
No obstante, el dictamen es lapidario: “No tienen legitimidad en el cargo” se decía de los consejeros electorales; pero de Salazar y Tayupanta se describió que tenían “estrechas vinculaciones” con el gobierno de Rafael Correa y no se alertó de este “conflicto de intereses”.
Nubia Villacis fue acusada de “no tener probidad ni capacidad para ocupar ese cargo, pues sus títulos académicos no estaban relacionados con el derecho electoral, y fue puntuada de “forma irregular” en sus méritos. Además e la cuestiono -junto a Haro- de “por declararse montubia e indígena”, respectivamente, para llegar al CNE, lo que fue observado como una “incongruencia” por las vocales.
La conclusión final: el CNE fue “integrado de manera ilegal”. Y puso en “riesgo la institucionalidad del país”, pues ha incumplido con la obligación de garantizar los derechos políticos para “favorecer a sus intereses”. No obstante, se argumentó que ello «no implica la ilegitimidad de los procesos electorales que ejecutaron», pues el CPCCS-T «no se encuentra ejerciendo facultad jurisdiccional ni es competente para declarar nulidad de actos administrativos». ¿No es esto incongruente?
La pregunta del millón: ¿Todo lo actuado por el CNE es ilegal, incluido las denominaciones de los cargos de elección popular?
De ser así, el Ecuador enfrentaría un nuevo golpe a la institucionalidad del país.
