Como una medida que debe ser rechazada, calificó el sector sindical de la CEDOCUT a la condonación de deudas privadas de los empresarios y perjuicio a las utilidades que por ley perciben los trabajadores. La ley Económica urgente del Ejecutivo -aprobada este jueves 21 de junio por la Asamblea Nacional-, es atentatoria a los intereses del sector laboral y del país en su conjunto, puesto que Ecuador pierde alrededor de 4 mil millones de dólares, precisó en un comunicado la central sindical. De una deuda empresarial-privada que supera los 4 mil 700 millones, el gobierno se propone recaudar únicamente 700 millones.
La CEDOCUT instó al gobierno a dejar de lado este “entreguismo” al sector empresarial y busque el bien general del país. Considera que en esa deuda hay ingentes recursos que, si hubiera la decisión política de cobrarla, podría financiar gran parte del déficit fiscal y mitigar la crisis económica que afecta a los más pobres. En esta línea, también expresa su rotundo rechazo al capítulo tres de la Ley Económica urgente, que da luz verde para perjudicar las utilidades de los trabajadores “al permitir a las empresas cálculos dudosos”.
En la Asamblea Nacional durante el debate de la Ley de Fomento Productivo, sectores políticos correístas propusieron el archivo de la norma y colocaron en sus curules carteles que calificaban al proyecto como de “reparto”. Gabriela Rivadeneira dijo que esta es una ley neoliberal con formato del Fondo Monetario Internacional. En cambio, los representantes de CREO y PSC propusieron cambios, objetando aspectos de la ley.
No al préstano del FMI
El pronunciamiento de los trabajadores expresó el “rechazo a este tipo de medidas que obedecen a las presiones de grupos de poder económico y de organismos financieros internacionales que hoy pululan en los pasillos oficiales de los principales ministerios del país, como el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Al mismo tiempo, la organización gremial alerta al gobierno y a la opinión pública de que no permitirán que se adopten “mediadas ortodoxas dictadas por el FMI”.
Un préstamo de esta organización internacional, como el que busca el gobierno, “seguramente estará atado al alza de las tarifas de los servicios públicos, privatizaciones de empresas estratégicas, perjuicios a la seguridad social, saqueo y corrupción, que afectan a la economía popular”. La central sindical no descarta medidas de hecho para expresar su rechazo a la politica “entreguista” del gobierno a los sectores empresariales.
