La justicia chilena ha dado un paso trascendental -aunque tardío- al determinar después de 14 años de investigación judicial del caso Riggs, el comiso de 5,1 millones de dólares y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet. No obstante, ministros de la Corte Suprema dicen que aún no está clara la lista de propiedades que la familia Pinochet deberá devolver al fisco. Se conoce -según un informe de la Universidad de Chile- que el patrimonio del ex comandante en jefe del Ejército era de 21 millones de dólares, de los cuales 17,8 millones no tendrían justificación.
El caso levanta polémica en Chile, puesto que un tribunal había sostenido que se acreditó la «sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al patrimonio» del dictador, pero revocó el fallo del juez Manuel Valderrama ya que la responsabilidad penal se extingue por la muerte del responsable y determinó la devolución de dineros y bienes a la familia del ex dictador. En esta ocasión, en fallo dividido, los ministros resolvieron acoger el recurso de casación de forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado CDE, tras una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la resolución de Valderrama, entonces instructor del caso Riggs y actual ministro de la Corte Suprema. Esto implica, judicialmente, el comiso de los bienes de la familia Pinochet que deben ser devueltos al Estado Chileno.
Además, la Corte Suprema mantendrá las condenas de primera instancia y que habían sido revocadas por el tribunal, a cuatro años de libertad vigilada, decretadas contra ex uniformados por malversación de caudales públicos, acusados de «sustraer» fondos reservados que tenían a su cargo y que pertenecían al Presupuesto nacional, que fueron traspasados a cuentas de Pinochet para «manutención de su familia».
Como antecedente histórico, el caso Riggs hace referencia al proceso judicial seguido contra Augusto Pinochet y otras personas, bajo la acusación de malversar fondos públicos, debido al descubrimiento de cuentas bancarias secretas que el dictador mantenía en el Riggs Bank de los Estados Unidos. Pinochet ocultó numerosas cuentas bancarias, bajo distintas identidades, en las que guardaba US$ 21. 320 110 de dólares. Algunos generales y coroneles que estaban a su mando fueron procesados y, en mayo de 2015, se dictó sentencia en primera instancia en contra de seis colaboradores de Pinochet por la malversación de US$ 6.466 406. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo, pues el tribunal estableció la prescripción de la acción penal, debido a que se determinó que no existió un delito continuado de malversación de caudales públicos desde 1981 hasta 2004.
El diario Washington Post publicó la noticia de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los EE.UU., había descubierto movimientos sospechosos en el Banco Riggs, el más prestigioso en Washington. Una ley que seguía el rastro al financiamiento del terrorismo internacional, reveló que el exdictador chileno Augusto Pinochet habría mantenido varias cuentas secretas desde 1994 en dicho banco. En la investigación se llegaron a detectar 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares. El 20 de diciembre de 2006, a 10 días de la muerte del General Augusto Pinochet, el ministro de fuero (s) del caso Riggs Juan González, dictó el sobreseimiento definitivo por el caso que se seguía en su contra, luego de recibir el certificado de defunción del ex dictador.
Entre activistas de los Derechos Humanos en Chile, circuló la versión de que el dinero y bienes comisados a la familia Pinochet -y que retornan al Fisco-, sean destinados para “financiar el aporte miserable y tardío a los ex presos políticos y torturados que el gobierno retiró hace pocas semanas atrás”. En círculos políticos chilenos se estima que se hace justicia tardía, puesto que la Corte Suprema asume un papel que debió haber asumido hace muchos años y lo hace en el sentido de reparar las injusticias que ocurrieron en Chile, durante 17 años, bajo la dictadura militar de Pinochet.