Apocas horas de que en Ecuador se realice la audiencia de vinculación del ex presidente Rafael Correa con el caso Balda, agendada para este lunes 18, a las 14ho0 local, el principal supuesto implicado Pablo Romero Quezada, ex secretario de la Senain, queda en libertad en Madrid, España. El magistrado que conoció el caso lo liberó por considerar una «persecución política» a Romero.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad a Pablo Romero Quezada, ex secretario nacional de Inteligencia de Ecuador con el gobierno de Rafael Correa, que fue detenido ayer en la localidad madrileña de El Escorial. Fuentes policiales han informado de la puesta en libertad de Quezada, quien fue detenido a instancias de Interpol por el presunto secuestro del exdiputado Fernando Balda.
Romero fue detenido a las 5h36 hora de Ecuador y 12h36 hora de España del domingo pasado, en un barrio de la ciudad de Madrid, después de que, el sábado pasado, en Francia, se activara la alerta roja, solicitada por la justicia ecuatoriana.
Romero desde su detención y por las siguientes 72 horas, fue sometido al proceso judicial interno por el juez español, que finalmente decretó su «libertad provisional». El liberado debió fijar domicilio y un teléfono y deberá comparecer diariamente al juzgado más próximo a su domicilio, mientras se sustancie el expediente. También tiene prohibición de salida del territorio nacional (España) sin previa autorización judicial y su pasaporte le fue retirado.
La justicia ecuatoriana había solicitado la extradición del detenido para que pueda ser puesto bajo disposición de la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que hace una instrucción fiscal sobre el caso, admitido a trámite a principios de este año.
La jueza del tribunal Daniela Camacho solicitó la difusión de la orden de detención internacional de Pablo Romero por el «supuesto delito de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012». Ahora, la Fiscalía General ecuatoriana tendrá un plazo de 30 días para enviar todas las pruebas procesales para su extradición.
