Cuando Jesucristo compareció ante Poncio Pilatos, miembro del orden ecuestre y quinto prefecto de la provincia romana de Judea, éste en un gesto que trasciende la historia, se lavó las manos en señal de que no estarían manchadas con la sangre del procesado, dejando su suerte en manos de sus acusadores. Ese mismo gesto protagonizó ayer la Asamblea Nacional, ante un eventual juicio penal al ex presidente Rafael Correa, una vez vinculado con el caso Balda por presunto secuestro.
Los poderes del Estado, constitucionalmente autónomos entre sí, han jugado en este caso un rol ambiguo, injiriendo en las decisiones que a cada cual corresponden por ley, de manera independiente. Este hecho ocurrió, flagrantemente, cuando el Presidente Moreno reclamó la actuación de “sus” legisladores “morenistas”, por no haberse alineado con los propósitos del Ejecutivo. Ese día de la propuesta de cambiar el orden del día para responder a la petición de la función Judicial -hecha a través de la jueza Daniella Camacho Herold-, quien solicitó autorización para enjuiciar penalmente a Correa, los morenistas votaron contra los designios del Ejecutivo. Del bloque de 44 morenistas, 10 votaron por la solicitud, otros 34 legisladores oficialistas se abstuvieron, votaron en contra de la moción o no acudieron al Pleno. El Ejecutivo increpó al Legislativo en abierta injerencia en sus funciones: “El gobierno del Ecuador rechaza la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia por los cuales hoy camina el país entero”, dijo un comunicado oficial de la Presidencia.
El día de ayer la Asamblea Nacional se lavó las manos y “decidió declarar improcedente el pedido que hizo la jueza nacional, Daniela Camacho, para iniciar una investigación en contra del exmandatario dentro del caso Balda”. Por lo tanto, la decisión le corresponde ahora a la Corte Nacional. El pronunciamiento causó la molestia de los legisladores de la Revolución Ciudadana que gritaron y apelaron a la Presidencia. Las exigencias de los ex AP no fueron tomadas en cuenta y se procedió a la votación. Al ver los resultados en la pantalla, la oposición gritaba “preso Correa, preso”. Una sentencia anunciada de ante mano, en otra injerencia entre poderes del Estado.
La polémica actuación de los asambleístas que no asumieron su propia responsabilidad política de “mandar a la cárcel al ex presidente Rafael Correa”, quedará en los anales de la historia parlamentaria como una pusilánime actuación parlamentaria. Ese gesto se lo conoce popularmente como sacar las castañas con la mano del gato. Paralelamente, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, con atribuciones omnipotentes, confirmaba la defenestración del Consejo de la judicatura y cese de funciones de su presidente Gustavo Jalkh y de los principales vocales dictada dos días atrás. Para los coidearios de la Revolución Ciudadana, lo actuado por la Asamblea fue ilegal y buscarán la nulidad de la sesión.
Ahora la vinculación penal del ex presidente Correa, sin restricciones, reafirma lo sugerido por sus simpatizantes: “evidente persecución política, una vez más, utilizando el tema judicial”. La decisión parlamentaria desembocó en incidentes en las afueras del palacio legislativo, con agresiones mutuas entre policías y partidarios de Correa en la que terminó agredida con gas pimienta en el rostro la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Al menos, otros cuatro parlamentarios denunciaron haber sido agredidos: Bairon Valle, Mauricio Zambrano y Verónica Guevara. Pabel Muñoz dijo que recibieron toletazos y gas policial.
Concluye un nuevo episodio en que la judicialización de la política, es la maniobra imperante en este último año perdido para el avance pleno de los derechos políticos y ciudadanos. Un proceso que va de la mano con la desinstitucionalización del país. ¿Existen instancia superiores dirimentes a las cuales apelar, más allá del bien y el mal, y por sobre mezquinos intereses políticos? Evidentemente no. Una pregunta clave para visualizar el futuro institucional del Ecuador venido a menos. Hasta tanto, el gesto de Pilatos vuelve a estar presente en la historia, con poderes del Estado que no asumen con la debida responsabilidad autónoma sus competencias constitucionales.
