Descorreizar al país es la estrategia que se viene cumpliendo sistemática, metódicamente desde las esferas del poder con la instrumentalización de instituciones y funcionarios públicos que han participado en el “rapto” de la justicia. La Asamblea Nacional recibió la tarde del martes 12 de junio del 2018 el pedido de la Corte Nacional en el que solicita la aprobación del Legislativo para el enjuiciamiento penal al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Es el último eslabón de una cadena de hechos para vincular a los líderes de la Revolución Ciudadana con actos ilegítimos y, mediante el juicio penal, sacarlos del escenario político. La jueza Daniella Camacho Herold, escuchó el pedido que hizo el fiscal encargado, Paúl Pérez, para vincular a Correa dentro del proceso de secuestro y asociación ilícita que sigue Fernando Balda en contra de Pablo Romero y Fausto Tamayo.
La descorreización pasa por el eventual juicio penal al ex presidente Rafael Correa, en una forma de ejercer justicia -como señala Francisco Herrera Arauz-, en que es válido “cambiar los delitos, ya que los que antes se acusaba hoy han desaparecido…y se cierran los juicios sin argumento legal alguno, o más bien por los acuerdos políticos entre gobierno y fuerzas políticas enjuiciadas. Cada causa reprobada, cada providencia controvertida, cada inocencia no justificada, así como cada sentencia sospechosa van directamente contra la institucionalidad y el derecho del Ecuador y todo esto se resuelve en sus propias miasmas violatorias a lo actuado en esa justicia oprobiosa…”
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio -llamado “Junta de Notables”- elegido a dedo sin que medie un proceso de selección constitucional, ha propiciado la desinstitucionalización de Ecuador. Se ha decretado que todo lo actuado en la década anterior es mañoso, ilegal o sujeto a las perversidades del correísmo. No importa si las personas fueron elegidas y actuaron bajo el imperio de la ley, se trata de hacer borrón y cuenta nueva, acusando, vinculando, sentenciando sin otra causa que la sola voluntad política que los anima. En este entramado de la justicia intrumentalizada, había que defenestrar al Consejo de la Judicatura. Y se lo hizo horas antes de emprender el asalto final para decorreizar al pais. Sin obstáculos en el camino, comenzó el operativo de la «ley» para acusar y vincular a un ex presidente de un delito sin delito.
El escenario final
El petitorio a la Asamblea Nacional de autorización al juicio penal a Rafael Correa se fundamenta en acuerdos políticos entre fuerzas hasta ayer disímiles, y que se coluden en un solo afán: sacar del escenario político a Correa. El social cristiano Luis Fernando Torres, ha llegado a insinuar que no es necesario tener un pronunciamiento de la Asamblea, puesto que la Constitución señala a presidentes y vicepresidentes y no a ex mandatarios. El bloque de asambleístas de Revolución Ciudadana ha insistido en que la Asamblea Nacional en el pleno, debe pronunciarse sobre el tema, pues consideran que el ex mandatario goza de fuero de corte. Para el correísmo, esta vinculación es parte de una persecución política que responde a la estrategia de descorreizar al país.
La hipótesis acusadora señala que los colombianos Moisés Pérez, Luis Moreno, Yimmy Navia y Yajaira Valencia, «fueron autores materiales» de un delito presuntamente planificado por agentes de Inteligencia de Ecuador, que habrían obedecido órdenes superiores en una cadena de mando que incluiría, desde la Senain hasta la Presidencia. En el 2013, el activista Fernando Balda denunció en la Fiscalía de Ecuador el secuestro que, presumiblemente, sufrió en Colombia y de la posible participación de agentes del Estado ecuatoriano. El caso Fernando Balda, ex asambleista alterno de Sociedad Patriótica, tiene antecedentes, no surge de la nada. Su protuario es abultado en juicios y denuncias al calor de acusaciones que realizó contra el gobierno de Rafael Correa, «sin poder probar» sus afirmaciones. Por esta razón fue procesado y sentenciado por «el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado» nacional, según el articulo 148 del código Penal. Cuando ocurrió el presunto secuestro de Balda, el activista político se encontraba en Colombia indocumentado y en calidad de prófugo de la justicia. Luego Balda es aprendido y deportado por el gobierno colombiano y entregado a las autoridades ecuatorianas. Estos hechos, según la Fiscalía, proporcionan «elementos de convicción» para vincular a Correa con el presunto secuestro de Balda ¿Cuáles elementos?
En Bélgica, el expresidente Rafael Correa negó ayer que haya enviado a Colombia al ex secretario nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, para perseguir y secuestrar a Fernando Balda, en 2012. Vallejo habría viajado a territorio colombiano para tramitar la deportación de Balda.
Desde la Presidencia ecuatoriana se dijo que «este Gobierno no persigue, no ataca, no golpea a sus opositores. Este Gobierno cree en la justicia y por tal razón debe dejar en libertad a los actores de la justicia para que tomen las mejores decisiones posibles». La asambleísta Marcela Aguinaga dijo que el ala correísta cree que es «evidente la persecución política, una vez más, utilizando el tema judicial».
No obstante, el regimen tiene razones visibles para sacar del escenario político a Rafael Correa. Se trata de un activista con un potencial politico importante, que podría ser protagonista de eventuales victorias electorales o contribuir con sus fuerzas politicas a que otros accedan al poder a nivel nacional. Correa representa un potencial peligro electoral, es susceptible de encabezar una nueva constituyente que sí haga borrón y cuenta nueva a todo lo actuado por el gobierno de Lenin Moreno y la partidocracia resucitada. La consigna vengativa implica sacar del juego político a Correa para dejar despejada la pista a un futuro gobierno de derecha, elegido en las urnas en el 2021, dispuesto a inaugurar una nueva década ganada, ahora por el neoliberalismo, o por un gobierno populista reaccionario y asistencialista.
Para entender el escenario politico del momento, basta responder a la pregunta clave: ¿a quién le conviene que Correa sea inhabilitado de participar en futuras elecciones nacionales o seccionales en el país? La respuesta es de Perogrullo. Incluso el propio alcalde Nebot, en sus pretenciones presidenciales, requiere de eventuales acuerdos -tácitos o explícitos- con las fuerzas del correismo para poder entrar electoralmente en la Sierra, y en el propio Guayaquil donde el correismo ya demostró su poderío electoral.
En el ambiente queda flotando la idea de que la descorreización del país, pasa por la ejecución de una justicia instrumentalizada por los poderes políticos. El siguiente escenario es visible como un tropel de caballos que levanta polvareda en la distancia. Rafael Correa será involucrado en el caso Balda -con o sin motivos- para emitir una orden de captura internacional, extraditarlo luego y encarcelarlo en Ecuador. La imputación a Correa tiene un objetivo político inocultable que alcanza niveles de provocación popular. Ahora se verá si la sentencia de «prohibido olvidar» pasa por la conciencia ciudadana y rescata del olvido a un lider otrora inapelable. Tarde para echar marcha atrás.
