Manuel camina por los predios del campus universitario de la Universidad Central de Quito, bajo un estado de ánimo deplorable. Se enteró que no consta entre los seleccionados para ingresar a la carrera de Arquitectura. Él es uno de los miles de jóvenes ecuatorianos a los que el Estado les “adeuda” el ingreso a la universidad. Diversos son los motivos -falta de cupos y estandarización de las pruebas de admisión- para que las estadísticas registren una tasa bruta de matriculación actual del 30%, mientras que en el año 2011 alcanzó 42,2%.
Manuel lamenta que su familia no dispone de los recursos para optar a una universidad privada y, por tanto, tiene que postular a las universidades públicas, en espera de un espacio donde empezar a pensar en una carrera que le brinde un futuro promisorio. La frustración de Manuel es grande, porque sí cumple con el puntaje necesario (780 puntos) para postular a una carrera universitaria. Junto a Manuel, 40 mil jóvenes que no accedieron a la universidad estatal y vieron frustrado el sueño de ser un profesional. Esta realidad se refleja en una tasa bruta de matriculación que evidencia que la universidad no es para todos. En el 2017 se matriculó el 30% de la población entre 18 a 24 años, porcentaje que no iguala al del 2006 (33%).
Las autoridades muestran preocupación, pero en la práctica la realidad persiste. “Mi función como Gobierno es reparar esa deuda”, ha dicho Augusto Barrera, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Las tasas demuestran una caída notoria del crecimiento de matriculados: bajó del 58,5% en el periodo 2000-2007 al 10,4% en el lapso 2008-2015. La cifras hablan por sí mismas, en el primer periodo el alumnado creció de 279.694 a 443.509, mientras que en el segundo lapso aumentó de 531.467 a 587.043.
Según expertos, la Constitución del 2008 que garantiza la gratuidad de la universidad, restringe el ingreso al crear un sistema de admisión en el 2012, tras aprobarse la LOES en el 2010: Adoptó un sistema de ingreso a las universidades basado en exámenes estandarizados de Lenguaje y Matemáticas que tuvo el único resultado que cabía esperar: discriminó a los pobres…, haciendo que las tasas de asistencia a la educación superior caigan en cuatro años hasta niveles peores que los que había antes de la revolución ciudadana. “El sistema está diseñado para que ingresen no los más brillantes, sino los más preparados”, dicen pedagogos de la universidad de Guayaquil.
Esa realidad se evidencia en los mejores resultados obtenidos por alumnos de colegios privados. En el 2014, en la Costa, los diez mejores planteles eran privados, con pensiones de más de $ 300; en la Sierra, de los diez mejores, ocho eran privados, con pensiones de hasta $ 1.390. De las evaluaciones ENES y Ser Bachiller, los mejores puntuados provenían de colegios particulares.
Se trata de falta de recursos entre los menos privilegiados: los colegios públicos no tienen las herramientas para poder estar en igualdad de condiciones con los privados. Y una de las tareas pendientes del sistema educativo, es corregir el error de haber estandarizado la prueba. Es hora de que el sueño de ser universitario, deje de ser una pesadilla para Manuel y los miles de jóvenes como él. El despertar nos recuerda que la universidad en el país no es para todos. Esa es la tarea incumplida de la democracia social, tan venida a menos en estos tiempos.
