La elección de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa como Presidenta de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas que convoca a 193 países miembros, es un caso suigéneris por los cuatro costados. M. F. Espinosa es la segunda ecuatoriana en ocupar dicho cargo, después de Leopoldo Benitez Vinueza en 1973, la primera mujer latinoamericana que presidirá la ONU y la cuarta mujer en hacerlo en la historia del organismo. Otros ecuatorianos en ocupar representaciones en el foto multilateral son José Vicente Trujillo, embajador en las Naciones Unidas y presidente del Bloque Latinoamericano y Diego Cordovez, mediador de la ONU en las negociaciones de paz en Afganistán.
María F. Espinosa llega a ocupar la Presidencia de la Asamblea General de la ONU, hasta septiembre del 2019, luego de una larga trayectoria diplomática que incluye experiencias de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ministra de Defensa y ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural y Natural, representante permanente de Ecuador en la sede central de la ONU y embajadora ante la sede en Ginebra. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, destaca que “su conocimiento directo de las negociaciones intergubernamentales sobre derechos humanos, mujeres indígenas y cambio climático ayudará a la Asamblea General a avanzar la agenda de las próximas sesiones…y acelerar los progresos hacia la igualdad de género, dentro y fuera de Naciones Unidas”.
El primer componente suigéneris es que Maria Fernanda Espinosa contó con 128 votos de Estados internacionales, en claro reconocimiento a la imagen internacional heredada de Ecuador ante el mundo, sumados los méritos personales de la Canciller ecuatoriana. Méritos, no obstante, interpelados en el llamado a juicio político planteado por la oposición interna parlamentaria al régimen que representa Espinosa. Son 59 las firmas de respaldo provenientes de un grupo de legisladores de las bancadas del movimiento CREO, el Partido Social Cristiano y la Bancada de Integración Nacional (BIN) que presentaron el pasado jueves un pedido de juicio político en contra de la canciller por supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de la frontera norte, migración y política exterior.
Para la parlamentaria oficialista, Silvia Salgado, es cuestionable que sectores como CREO, por «intereses con grupos políticos de Honduras hayan tratado de poner en riesgo la candidatura del país”. Salgado consideró “mezquino y reprochable” que actitudes e intereses personales, plenamente identificados con la otra candidatura de Honduras, salgan a relucir al interno del país, haciendo todo lo posible para que el Ecuador no tenga esa oportunidad. La coincidencia, por ejemplo, que tienen los dirigentes de CREO con las amistades, los intereses comunes de lo que significa la precandidata de Honduras. Investigando un poco, sabemos a qué sector representan muy coincidencialmente, a los mismos que representan en nuestro país”.
El juicio político planteado por sectores de la derecha en el parlamento ecuatoriano, no debería intervenir en el desempeño de las funciones de Espinosa a la cabeza de la Asamblea General de la ONU; no obstante, debe comparecer y responder por las interpelaciones referidas a su actuación en asuntos políticos internos y externos de nuestro país. Analistas coinciden en que su imagen se podría ver afectada, pero es independiente de su elección en la ONU, puesto que el juicio es en virtud a incumplimiento de funciones, no por delitos como genocidio o contra el Estado. Incluso, hay opiniones en el sentido de que el juicio político a Espinosa es improcedente.
El segundo componente suigéneris. Al interior del gobierno de Moreno, la canciller Espinosa ha jugado un papel singular y a momentos errático -incluso desalineado con el presidente-, al menos en el caso de Julian Assange, a quien Espinosa otorgó naturalización ecuatoriana, independiente a la aprobación del primer mandatario que dejó la decisión en manos de su ministra de Relaciones Exteriores, sin necesariamente compartirla. Moreno reconoció que la decisión de naturalizar a Assange como ecuatoriano fue, finalmente, de su canciller Espinosa. Dicha decisión puso en trance a Ecuador ante el mundo. Si bien estuvo acertado reconocer el riesgo que corría la vida de un ciudadano perseguido y la obligación de darle protección, Ecuador está obligado, además, a ser consecuente con esa decisión: cualquier cosa que pudiera sucederle al ciudadano Assange, ecuatoriano por ley, sería responsabilidad del gobierno. Ecuador debe decirle al mundo que su responsabilidad como Estado es defender la igualdad de condiciones, la vida y la dignidad humana de un ciudadano ecuatoriano.
En otro tema internacional, referido a la situación de venezolana, Espinosa se mostró partidaria de que Venezuela participe en la Cumbre de las Américas que se realizó en Lima en abril pasado o evitó pronunciarse a favor o en contra de las elecciones presidenciales en las que se reeligió a Nicolás Maduro. Además, ha invocado el espíritu de no injerencia para el tema de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país. Espinosa, como canciller, ha sido clara en apoyar a gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, -que no necesariamente son de la simpatía del presidente Moreno-, porque son regímenes de izquierda que “se han caracterizado por la violación a los derechos humanos”. Sin embargo, Espinosa va a presidir un organismo que se caracteriza por “la lucha de las libertades” y ese contrasentido causa confusión.
De cara al futuro, Ecuador debe definir su política internacional como Estado, más allá de las preferencias personales del Presidente de turno y de su equipo diplomático. El mandatario es quien preside la política internacional, y su futuro canciller es el ejecutor de dicha política. No pueden actuar separados, cada cual escuchando su fuero interior. Ecuador debe depurar su postura internacional, más allá de las cuitas políticas internas y hacer prevalecer su conocida posición soberana, no intervencionista, a favor de la libre determinación de los pueblos, pacifista y progresista, apoyando a las mejores causas que expresa la humanidad.
El país deberá fortalecer sus relaciones con la región, aun cuando la correlación de fuerzas progresistas ha cambiado, y se convierte en territorio políticamente movedizo que no privilegia la integración regional. En ese sentido, por ejemplo, habrá que tomar en consideración que es un albur lo que pasa frente a las relaciones con Chile, aliado natural nuestro que giró a la derecha.
Ante el desbande regional, Ecuador decide actuar en solitario, lo cual es un riesgo de aislamiento político y económico que nos puede pasar factura a la hora de requerir integrarnos a mercados o alianzas politicas subregionales. Nuestro país no vota con países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y tiene una posición propia al respecto de Venezuela en la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vota una resolución impulsada por Estados Unidos “en busca de restaurar la democracia en Venezuela”, y que eventualmente podría suspender a esta nación del organismo. A Ecuador le preocupa la situación de derechos humanos en ese país, sobre todo de presos políticos, en esa línea hace una propuesta de “salida democrática”, que no tiene que ver con sanciones económicas, y tampoco con la posición de los países de la ALBA.
Ecuador, frente al mundo, hoy es un caso suigéneris.
