Cuando García Márquez, en un gesto de entusiasmo y compromiso, escribió que “el periodismo es el oficio más bello del mundo” y, a renglón seguido, inauguró lo que llamó “el nuevo periodismo”, sin duda se refería a ese oficio ejercido con mística y entrega en busca de un entendimiento veraz con la realidad. El Gabo dejó escrito que “el intento mismo del escritor de pintar la realidad suele conducirlo con frecuencia a una visión distorsionada de ella: “Al tratar de trasponer la realidad puede terminar perdiendo contacto con ella, en una torre de marfil, como suele decirse. Por eso siempre he intentado seguir haciendo periodismo, porque me mantiene en contacto con el mundo real, en particular el periodismo político y la política en general”.
¿Pero, en qué se ha convertido el oficio más bello del mundo? O mejor, ¿podemos ejercer el oficio más bello del mundo, cuando el periodista debe responder a un patrón de conducta signado por los dueños de los medios informativos? Una constatación, a priori, indica que en América Latina “hemos tenido un periodismo mucho más cercano a los grupos de poder, que comprometido realmente con sus lectores”. Lo que vemos en nuestra región son medios que no hemos tenido empacho en afiliarnos a una causa, o en promover a un grupo político o económico.
Esta reflexión se vuelve tanto más necesaria, a partir de la incidencia que los dueños de los medios informativos pretenden ejercer sobre el oficio y, más aun, sobre el poder político de los gobiernos de la región. Mientras la política y los políticos se apoyan en el discurso como instrumento fundamental, y convierten lo ético en algo nominal y teórico, la naturaleza de lo ético exige los hechos, de modo que los discursos se reflejen en las conductas. Para eso existe el periodismo. Pero, ¿será que los hechos de la realidad tienen el mismo significado para los dueños de los medios, para el periodista y para el público?
Una reciente visita de la SIP Sociedad Interamericana de Prensa al Ecuador puso sobre el tapete la necesidad de saber a qué vino la organización empresarial de la prensa continental a nuestro país. En principio -coincidiendo con la reflexión del colega Orlando Pérez-, por decir lo menos, “resulta extraño que un gobierno, cualquiera sea este, reciba en el despacho presidencial a la plana mayor de la SIP. Si no es extraño, al menos es sospechoso cuando esa plana mayor se instala casi como una cofradía, con todos sus rituales, en un espacio de poder y al mismo tiempo, de dientes para afuera, se proclaman el contrapoder y -con tantas pompas- la oposición a todo régimen porque se autodenominan un “factor ético”.
Si arrancamos del precepto latinoamericano de que la de nuestra no es una política subdesarrollada, sino divorciada de la utopía ética, debemos reconocer que venir hablar de ética, desde la perspectiva del poder económico de las empresas que priorizan sus intereses por sobre otra circunstancia, es poner al lobo a cuidar a las ovejas. Nada más debemos remitirnos a la autoproclamación que la SIP hace de sí misma: “La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América. Los integrantes de la SIP representan más de 1300 periódicos y revistas”. Y en contraste -como señala Pérez- “desde su creación, a cargo de la CIA, carga con un estigma imborrable: defender los intereses de las empresas mediáticas, anclados a los grandes intereses corporativos regionales y amarrados a la política exterior de la mayor hegemonía política y militar del planeta”.
Por tanto, la SIP no es precisamente la entidad defensora de la libertad de expresión, ni mucho menos de los derechos a la información y a la comunicación de la ciudadanía. Bastaría con revisar todos sus pronunciamientos y, sobre todo, sus silencios, afirma Pérez. Se trata, sin ambages, de la entidad y grupo de dueños de diarios que ponen por delante sus negocios, garantizan a sus miembros la efectiva realización de “emprendimientos societarios, proyectos comunes y acciones conjuntas para permanecer como el espacio de realización económica”.
¿Vino la SIP a Ecuador a poner “algunas condiciones para la compra de los medios incautados”, o tal vez, a “coadyuvar” a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)? Sabemos por sus propias declaraciones, que la ley estorba a los dueños de los medios informativos y quieren “bajarla” a cómo dé lugar. No les interesa regulaciones de prensa o, al menos, puntuales disposiciones que regulen la relación del poder del periodismo con los derechos que le asiste al público.
En definitiva, el periodismo en la óptica empresarial es un poder fáctico que no contribuye, precisamente, a la democracia participativa y transparente, porque al constituirse como tal no le rinde cuentas a nadie y solo vela por sus intereses. Pero si los dueños y los directivos de los propios medios están dispuestos a apostarle al periodismo de investigación, que es la esencia de nuestro oficio, comenzaremos a curar esta enfermedad. ¿Misión imposible?
Mientras la SIP, y sus afiliados empresariales, conviertan lo ético en algo nominal y teórico, y el “oficio más bello del mundo” sobreviva divorciado de la realidad, -como alerta García Márquez-, corre el mayor riesgo de convertirse, fatalmente, en una mercancía devaluada.
