Cuando las instituciones en un Estado democrático terminan viciadas bajo la égida de los intereses políticos, la democracia se vuelve residual. En la opacidad que camufla a la democracia bajo formas de consulta popular directa, se esconden los residuos de lo que habría de ser un Estado institucionalmente más sólido. Pero los porfiados hechos apuntan a un riesgo de que suceda todo lo contrario.
La elección de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS omnipotente por elección popular es una figura muy especial, propia de las democracias débiles y de las instituciones manoseadas por actores políticos que buscan el rédito del poder. No es fácil imaginar que jurisconsultos de prolongado carrete, se muestren dispuestos a jugar el rol de sacar las castañas con la mano del gato. El argumento esgrimido para otorgar chipe libre al CPCCS para que haga y deshaga de las instituciones del país, se cimenta en la idea de que “las expresiones del poder constituyente, a través de los mecanismos de democracia directa, siguen cánones diferentes a aquellos plasmados en nuestro venerado código civil para normas infra constitucionales».
Visto así, el CPCCS en transición es un organismo excepcional, y por ello su vida institucional es limitada en el tiempo. Su misión es “recomponer un Estado”, es decir, hacer los cambios institucionales que a bien tuviere. Esa gestión, a todas luces imperativa, corre el riesgo de maquillarse de legalidad para cumplir fines ideológico-políticos. Así lo reconocen sus mentores: “la opción de una consulta, a través de la cual se crea un órgano como el CPCCS en transición, es lo que más se aproxima al intento de una constituyente”. A buen entendedor pocas palabras: una constituyente es hacer, políticamente, borrón y cuenta nueva en nombre de una mayoría.
En ese contexto, el juicio político planteado en la Asamblea Nacional, con anuencia del CPCCS, a los principales del Consejo de la Judicatura, se inserta como otra cara de la misma moneda: ejercer la institucionalidad de país desde la política. En su defensa a priori, el Presidente del C.J., Gustavo Jalkh, aclaró que en un juicio, “no se trata de evaluar opiniones, sino argumentos y hechos concretos”. Al respecto de los argumentos esgrimidos contra su gestión sobre denuncias de que la figura del error inexcusable es utilizada por el C. J., como un mecanismo de presión a los jueces, Jalkh dijo que quienes sostienen estas versiones, “deben probarlas con los sustentos respectivos”. Una eventual interpelación en la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura, debería convertirse, dijo, en una oportunidad para demostrar que el éste actuó correctamente en torno a casos de destitución de administradores y operadores de justicia.
No cabe duda de que el sacudón que va a traer consigo, tanto el juicio político al Gustavo Jalkh por parte de la Asamblea Legislativa, como la evaluación y probable remoción de sus cargos en el caso de la Corte Constitucional, por parte del CPCCS en transición-, se podría haber evitado. Este punto aspiracional solo se habrá de cumplir, cuando la política vaya supeditada a los intereses institucionales superiores de un país y no solo a la vorágine transitoria de los apetitos de poder.
La dictadura de las mayorías termina siendo tan inaceptable como la clásica imposición ejercida por una camarilla entronizada en el poder. Al final del día, las llamadas correlaciones de fuerza mayoritarias, nunca gobiernan literalmente, en su caso, designan y asignan a quiénes los representen en la gestión de imponer sus intereses sectoriales. De ese modo, se configuran los residuos democráticos de una democracia debilitada.
