En el argot popular, entrar «pateando al perro», es hacerlo sin contemplaciones. Sin ambages, Richard Martínez Alvarado, flamante Ministro de Finanzas, “reconoció” este jueves que la deuda pública asciende a USD 58. 980 millones, cifra que su antecesora Maria. E. Viteri no lo hizo. Sea porque no concuerda con la cantidad, sea porque no tuvo el realismo necesario para hacerlo.
Lo cierto es que esa cifra es lapidaria e implica diversos escenarios económicos. Como agravante, el Gobierno reconoció que la deuda pública está por encima del límite legal del 40% respecto del PIB. Es decir, no podemos endeudarnos en esa proporción respecto a los haberes del país. El cálculo de endeudamiento incluye rubros como ventas anticipadas de petróleo y otros como Certificados de Tesorería (Cetes), entre otros. El Gobierno solo publicaba y reconocía la cifra de deuda consolidada, que excluye los compromisos entre entidades del Estado. Hasta abril, era de alrededor de USD 34. 000. Según un informe de la Contraloría, la deuda pública sobrepasó el techo legal en diciembre del 2016 y se ubicó en 52,54% del PIB.
Entre las estrategias anunciadas para bajar el techo de la deuda pública, se habla de “normas de prudencia fiscal”, que se incluirán en el proyecto de ley para implementar el plan económico que anunció el presidente Moreno en abril.
Entre las medidas recomendadas por Martínez cuando su palabra era la de los empresarios, en calidad de Presidente del Comité Empresarial, está “la reducción del tamaño del Estado de manera gradual”. En esa misión, todo hace pensar que hoy, en calidad de Ministro, adoptaría las ocho medidas sugeridas como empresario y que podrían generar $ 3.555 millones de dólares durante el presente año al fisco, según Martínez.
La primera consiste en “conseguir endeudamiento barato para pagar los bonos colocados a tasas de interés altas en años anteriores”. La segunda acción que propuso Martínez cuando fue vocero gremial fue “renegociar la deuda bilateral con China, que asciende a USD 8. 200 millones y tiene una tasa de interés promedio de 8,5%. La propuesta es renegociar la tasa en un 6,5%”.
En el paquete de medidas propuesto, incluye que en el corto plazo el Ministro implemente “una focalización de los subsidios a los combustibles”. La otra medida que impulsó Richard Martínez antes de su nombramiento, fue que el Gobierno finalice 640 obras que están paralizadas, con financiamiento del sector privado. Con ello se podría reducir el gasto de inversión en unos USD 956 millones, según los cálculos del CEE.
Una cuarta y sugestiva medida, fue la reducción de un 5% del gasto de inversión, que generaría un ahorro de USD 480 millones anuales. El Gobierno ha intentado varias acciones en este sentido, como la emisión del decreto de austeridad, en septiembre pasado y la disposición de que los ministerios reduzcan sus presupuestos entre un 5 y 10%. Para conseguir ingresos, el empresario Martínez propuso en su momento cinco medidas que permitirían obtener unos USD 1. 694 millones al año. Dos de ellas están contempladas en el plan económico anunciado en abril: la remisión tributaria y la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Las otras 3 medidas consisten en la eliminación de intermediarios en la venta de petróleo, levantar la cuota de producción impuesta por la OPEP y vender activos del Estado.
Callejón sin salida. Todas las «sugerencias» empresariales apuntan a soluciones desde la dinámica de minimizar, debilitando, la acción del Estado, estrategia candorosa propuesta desde siempre y para siempre desde una lógica de privatizaciones. Es decir, de fortaleciniento de los negocios y defensa de los intereses empresariales, industriales, comerciales, etc. A menor acción pública, más acción privada. Un Estado débil no puede brindar los servicios que por derecho le asiste a la ciudadania. Un recorte de recuros a los organismos estatales, ministerios, institutos, etc. deja la puerta abierta para que dichos derechos sean comercializados como servicios privados. Entiéndase salud, educación, seguridad social, transporte, etc. Asi de simple.
Martinez en su empoderamiento ministerial dijo: “Hoy mi palabra ya no es la de los empresarios. Presidente, usted y el país pueden contar con una persona que velará por el interés nacional, entendiendo que el sector público-privado, los trabajadores, los pequeños, los medianos, los artesanos, economía popular y solidaria, todos debemos arrimar el hombro para solucionar un problema que no ha sido creado por nosotros; pero que usted ha decidido enfrentarlo con valentía”.
Si el ministro Richard Martínez aplica en su gestión pública las sugerencias que desde su posición de vocero empresarial privado hizo al gobierno, habrá mentido al país al decir que su palabra «no es la de los empresarios», y por tanto, ya no representa dicha vocería. Si el ministro abandona el discurso empresarial, habrá sido inconsecuente con sus propios intereses. La suerte está echada.
