Este 24 de mayo Lenin Moreno cumplirá su primer año de gobierno. En el ejercicio del poder, destaca el Diálogo Nacional, cuyos acuerdos alcanzados están a la espera de ser implementados. Por primera vez el presidente tiene una desaprobación alta y mantiene tendencia a la baja, la popularidad del mandatario tiene su merma en el tiempo: del 77% de aceptación de su gestión, cae al 30%, según Cedatos.
Una publicación denominada The Monthly, pulso legislativo, político y económico, de la Renaissance Executive Forum Ecuador, sostiene que el equipo de los hombres y mujeres del Presidente, ha sufrido cambios. Los que iniciaron aconsejando al presidente, Ricardo Patiño, María Fernanda Espinosa, Eduardo Mangas y Richard Espinosa, se han alejado o salieron definitivamente del Gobierno. En un grupo más próximo se encuentran Rocío de Moreno, Andrés Michelena, Augusto Barrera, Carlos Pérez, Rosangela Adoum y Gustavo Larrea. En tanto, en un circulo mas abierto de personas menos cercanas a Moreno están Miguel Angel Carvajal, Fander Falconi, Paul Granda y Andrés Mideros, Pablo Campaña y Maria Elsa Viteri.
En el terreno económico, el régimen ha mostrado dos planes durante el año de gestión: el primer plan económico, anunciado en octubre de 2017, incluyó la implementación de la “tasa aduanera” y medidas para combatir el contrabando, una “política de austeridad del Gobierno” y la expedición de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía que, entre otras cosas, incrementó en 3 puntos el Impuesto a la Renta.
El segundo Plan económico amplió su contenido, sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo se ha concentrado en la elaboración del proyecto de ley, que en un inicio contenía como base el proyecto de ley de incentivos del ministro Campana. Las medidas fueron criticadas por el sector empresarial, e incluso se demandó la ilegalidad de la tasa aduanera a nivel nacional. El plan fue criticado porque se dijo que no recogía todos los acuerdos del diálogo, como la rebaja del Impuesto Salida de Divisas, eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y eliminación de aranceles para materias primas y bienes de capital.
Los efectos políticos provocaron ficciones en el frente económico que recibía influencia directa de personajes cercanos al anterior Gobierno como Patricio Rivera, Leonardo Orlando y Mauro Andino. Así, Carlos de la Torre lideró el frente en conjunto con Verónica Artola. Pero fue flor de un día de sol, el sector empresarial perdió confianza en el Ejecutivo y se cerraron los diálogos fluidos instaurados en un principio.
No obstante, se cumplen diversas medidas desde el Ejecutivo y la Asamblea, como eliminación del impuesto a las Tierras Rurales y derogatoria de la Ley de Plusvalía. También se observó una reducción de las tarifas eléctrica para las empresas en horarios nocturnos y se expidieron nuevos modelos de contratos laborales. Se incorporó al sistema financiero el manejo del dinero electrónico y se inició una auditoria a la deuda pública.
Según datos oficiales de la Contraloría General del Estado, la deuda sería de USD 50.550 millones con corte al 2016, un 52,54% del PIB. Para el FMI que considera las preventas petroleras, intereses por atrasos y certificados de tesorería (CETES), la deuda a diciembre 2016 asciende a 42,8%, lo que equivale a USD 42.273 millones. Conforme las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, si se considera la deuda pública total, esta ascendería a 38,7%, lo que significa USD 38.137 millones a diciembre 2016. Razón por la cual se emitió en ese año el Decreto 1218 que establece el concepto de deuda consolidada, bajando a 27,4%.
Por su parte la Asamblea Nacional este año, actuando muchas veces sincronizadamente con el régimen, ha realizado diversas acciones legislativas. Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites, Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, entre otras relacionadas con la economía, seguridad social, normas laborales, produccion, transporte, derechos lingüísticos de los pueblos, etc.
En el terreno de los derechos de los comunicadores y ciudadanía se modificó la Ley Orgánica de Comunicación, y se procedió a la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom). La propuesta también pretende crear un sistema que proteja la vida de los periodistas cuando investiguen casos peligrosos relacionados con corrupción, narcotráfico, trata de personas y terrorismo. En cuanto la institucionalidad, se propone que un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información reemplace a la Supercom.
Al final del día, el régimen tiene en carpeta diversas asignaturas pendientes. En el plano ciudadano, continuar profundizando la participación, reivindicado y haciendo respetar derechos conculcados a minorías étnicas y sexuales, así como a la mujer, la niñez y la adolescencia. El tema de los jubilados es otro aspecto de derechos que debe ser atendido con emergencia por las autoridades. Un clara política laboral proclive a los intereses del hombre y no del capital, debe ser implementada en el contexto de las asignaturas por cumplir. Poner en marcha una estable política internacional propia para garantizar la seguridad interna, salvaguardar soberanía y proyectar una solvente presencia nacional en el ámbito regional y mundial.
Y por sobre todas las demás consideraciones, el frente social debe liderar la política interna del gobierno. Temas como la violencia, seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico, entre otros aspectos, deben supeditarse a las polÍticas sociales que deben primar como la estrategia de consolidación del país junto al gobierno. Un liderazgo sin iniciativa popular, es un próximo gobierno caído en desgracia ciudadana.
