El juicio político al Fiscal Carlos Baca Mancheno, fiscalizado por la Asamblea Nacional es un reflejo de la realidad política del país. Un Ecuador que se debate entre los intentos de rescatar la institucionalidad, poner fin a un proceso de cambios políticos con diversa afectación de intereses y hacer justicia. Más allá de los argumentos, a favor o en contra de Baca, el país debe rescatar el sentido de lo que hace en política y en justicia. Cuando la una se traslapa en la otra y viceversa y se produce el utilitario uso de las instituciones con fines políticos, algo huele mal en Dinamarca.
A simple vista vivimos en un país dividido por intereses aparentemente irreconciliables, expresión de la presión que ejercen diversos grupos de poder concurrentes en las esferas de ese poder compartido. Una pregunta clave para intentar comprender lo sucedido ayer en la Asamblea cuando 128 voluntades políticas censuraron y destituyeron del cargo al Baca Mancheno: ¿A quién convenía la destitución del Fiscal? La trama de intereses afectados por las decisiones de la Fiscalía a cargo de Baca, afloró en los argumentos de los interpelantes que, al final del día, son todos los que están y estuvieron todos los que son necesarios para destituirlo.
Los argumentos provenientes de la derecha política son claros: Baca es un ex correista, había que “bajarlo”, según el lenguaje metafórico usado en los últimos tiempos. El asambleísta interpelante socialcristiano, Henry Cucalón; y el legislador de CREO, César Carrión arguyeron razones politicas mezcladas con argumentos judiciales: Cucalón lo acusó de ser «un mal político disfrazado de Fiscal», mientras que Carrión manifestó que «el problema fue cómo exhibió el audio en una rueda de prensa». Ambos destacaron que el Fiscal no siguió el debido proceso y por eso debe ser destituido. En respuesta a esto, el Fiscal rechazó que se diga que son por «las pruebas» que se lo llama a juicio. «El pretexto es la rueda de prensa, lo dicho por Carrión y Cucalón lo confirman», precisó.
Se trata de bajarse a un funcionario puesto en el cargo para garantizar investigaciones prejudiciales en forma objetiva, con revelación de pruebas de convicción contundentes para proceder a “excitar” a los jueces en busca de justicia. ¿Cumplió Baca a cabalidad con este cometido?
En el otro extremo, la parlamentaria Lira Villalva manifestó que el fiscal dijo que fue prejuzgado, sin embargo esto no fue así ya que se cumplió el debido proceso. Al pueblo no le interesa si se pelean los políticos, sino que se cumplan sus necesidades -señaló- al tiempo que habló de la necesidad de recuperar la confianza del pueblo y de las instituciones: «Sátiras, acusaciones, el culpar a otros y las metáforas de las altas autoridades del Estado, cosa que se ha vuelto el pan de cada día en este periodo de desgobierno, al pueblo no le interesa si se odian o se aman los políticos, al pueblo le interesa que trabajen para cumplir sus necesidades», concluyó.
Homero Castanier, rechazó las declaraciones de Baca cuando dijo cobardes a los asambleístas. Cobardes son los que no dicen las cosas de frente, cuando tienen rabo de paja, los que no permiten fiscalizar, los que cobran sueldo y no dan la cara. Los cobardes mueren antes de morir. “En los últimos diez años se ha hablado de las mega obras, pero no las mega coimas”, dijo. Para el legislador, Ecuador se convirtió en una feria donde muchos se aprovecharon del dinero de los ecuatorianos: “Nos bloquearon la fiscalización porque se aferraban a un escenario maloliente de lo que sucedía al país. Ahora entendemos porque se aferraban en defender a los organismos de control. Los actores se cuidan las espaldas entre ellos, al más puro estilo de las familias sicilianas que operaban en la mafia”.
Baca en su defensa destapo la olla: “Al día siguiente de haberme metido con el hombre más poderoso del país, con el excontralor Carlos Pólit, al día siguiente, apareció un informe de la administración de ese hombre. Por haberme metido contra él, al día siguiente de haber ordenado y dispuesto que se hagan los operativos que lo involucraban a él apareció su abogado que decía que esas acciones eran por un informe del 30-S. A partir de ese día comenzó a construirse toda una historia”.
El ex fiscal denunció como «chantaje» el que se haya dicho que si la Asamblea Nacional no actúa para censurarlo, lo hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. “Eso sí es un chantaje. Sinceremos esto, digámosle al país con transparencia si es que ya está tomada la decisión, pero díganle al país por qué sacan a Baca”.
En medio de la zona de turbulencia parlamentaria, Ecuador se debate en la inseguridad frente a las amenazas en la frontera norte. Es hora de retornar al verdadero sentido de los temas trascendentales. El pueblo lo exige.
