No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, dice la sabiduría popular. Y el plazo para capturar a Guacho se cumplió hoy. De igual modo, se cumple el plazo para que Guacho entregue los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico asesinado por la banda Oliver Sinisterra. Y corre el plazo para que esa misma agrupación narcoguerrillera entregue vivos a los comerciantes de la pareja, secuestrados en San Lorenzo.
Desde que el secuestro se convirtió en la estrategia principal del grupo armado protector del narcotráfico en la frontera norte, las acciones estipuladas en los plazos no se han cumplido, confirmándose que el tira y afloja entre los narco paramilitares y los Estados de Colombia y Ecuador, marcó una ventaja a favor de los primeros que juegan con el tiempo y la desesperación de familiares de las víctimas y de los propios aparatos de seguridad que no dan con el paradero, ni de los secuestrados vivos ni de los plagiados muertos.
¿Qué sucede con las estrategia de seguridad? Es significativo que 12 mil efectivos deslazados en la frontera no puedan todavía localizar, detener o exterminar a un grupo de hombres armados que se calcula -según versiones oficiales- no sobrepasa los 100 efectivos. El juego del gato y el ratón lo gana hasta el momento el ratón, porque sabe dónde esconderse en un territorio exuberante de vegetación selvática, o acaso en las ciudades ante las propias narices del aparato policiaco militar que lo acecha.
Las medidas no han sido pocas: conformación de comités de crisis, reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado, movilización de un ejército a la frontera colombo ecuatoriana, entre otras medidas que no se difunden por razones de seguridad.
Los resultados están a la vista. El grupo narco paramilitar, el 4 de abril, intentó la voladura de una torre de energía de la parroquia Viche, en Esmeraldas, en el operativo de respuesta cayeron cuatro detenidos. A mediados de abril las fuerzas de seguridad capturaron a nueve colaboradores del frente Óliver Sinisterra, en Mataje. Según reportes oficiales, son 42 detenidos disidentes de la guerrilla, entre ellos cae alias ‘Brayan’, experto en explosivos de la organización.
A los resultados hay que sumar 14 falsas amenazas de bomba en territorio ecuatoriano. Cuatro en establecimientos educativos, dependencias gubernamentales y espacios públicos. No hay indicio de los autores materiales e intelectuales de esas acciones intimidatorias. En una medida adicional se conformó un grupo de 44 entidades -27 estatales y 17 municipales- que trabajarán en forma conjunta para velar por la seguridad de la capital ecuatoriana. En el marco de la estrategia norteamericana para enfrentar el conflicto antidrogas, se firmó un “acuerdo de cooperación” entre el ministro del Interior ecuatoriano, Cesar Navas, y el embajador de los EE.UU., Todd Chapman. El convenio permite a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. trabajar en el país.
El objetivo estadounidense se cumple al pie de la letra: intercambio de información entre ambos países, crear nuevas estrategias para el control de las mafias narco delictivas “y otros delitos como el lavado de activos, el tráfico de personas, armas, el contrabando”. La estrategia central que se expresa en el convenio, radica en la internacionalización del conflicto. Se trata de echar andar “la Unidad de Investigaciones Criminales Transnacionales”, un órgano que estará a cargo de la Policía y que compartirá y hará fluir información “sobre investigaciones y operaciones conjuntas relacionadas con delitos como el tráfico de personas, de minerales, de combustible, armas, contrabando, delitos cibernéticos, etc.”
Nueve de cada diez ecuatorianos están preocupados por la situación, y cuatro de cada diez dice que el gobierno «ha manejado bien el combate al tráfico de drogas», según sondeos de opinión callejeros. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, dice el pueblo. La ciudadanía espera que, cumplidos los plazos, se salde la deuda de paz y seguridad ciudadana, y la posibilidad de transitar sin temores por el territorio nacional sea una realidad cierta.
Fotografía Andes
