El encubrimiento institucional de los delitos sexuales cometidos en los establecimientos educativos ecuatorianos estos últimos años, tiene ahora nombre y apellido. En un informe que ha tardado medio año en ser puesto a consideración de la ciudadanía, la comisión ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional, formada para investigar algunos de los miles de casos denunciados, señaló como responsable político del encubrimiento al ex ministro de Educación, Augusto Espinosa, y el sucesor Freddy Peñafiel, ambos a la cabeza del Ministerio de Educación entre los años 2014 y mayo del 2017.
La presidenta de la comisión Silvia Salgado, en tono sentencioso, «dejó mal parado al ex ministro Espinosa»: La responsabilidad politica no significa acusar sino saber que hizo y que no hizo, señalo. Pero en este caso hubo “negligencia y omisión” frente a las denuncias de delitos sexuales que debieron ser tratadas por las autoridades.
En el caso del actual ministro, el documento señala lo que F. Falconi ha demostrado frente a los hechos claramente. En el informe se señala las acciones que ha hecho el ministro y que “son evidentes y que ha demostrado de que sí es posible intervenir las instituciones donde se producen los hechos, hacer auditorias, también se ha demostrado articular la campaña de prevención y se ha demostrado de que sí es posible. Y que si es responsabilidad de un ministro, entonces no estamos observando un ministro, sino evidenciando que frente a los hechos es posible hacer acciones».
Entre las acciones realizadas por el actual Ministerio de Educación, la comisión destaca: Se conforma la Mesa Interinstitucional “Espacios Libres de Violencia”, cuyo propósito es “crear un sistema efectivo de coordinación que permita prevenir, identificar, judicializar, erradicar, combatir y sancionar todo tipo de violencia física, sicológica o sexual en el sistema educativo nacional”. Adicionalmente, el MINEDUC, el 17 de septiembre de 2017, firmó el convenio marco cooperación interinstitucional entre Ministerio de Educación, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Ministerio de Justicia. Ante los casos de conmoción social que fueron expuestos por los familiares de las víctimas, se evidenció que muchos de los sumarios administrativos iniciados en las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos habían sido archivados, lo que es corroborado en el análisis de los casos y de la información entregada a la Comisión por el ministro F. Falconi.
La comisión señala que “El MINEDUC, el 8 de enero de 2018, expidió el Acuerdo Ministerial No. 00001, por el cual se dispuso a todas las Coordinaciones Zonales y Subsecretarías de los Distritos 8 y 9 de Educación Nacional interponer los recursos extraordinarios de revisión de los casos de violencia sexual cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes dentro de los establecimientos educativos respecto de los expedientes que en su momento fueron archivados por las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos” Por lo tanto, “la decisión del Ministro de Educación de reactivar los sumarios archivados era necesaria para establecer responsabilidades y para que estos hechos no queden en impunidad”, puntualiza el informe.
La comisión Aampetra establece una serie de recomendaciones para las autoridades educativas, judiciales y de salud: Recomienda realizar auditorías conforme la ley vigente, el Ministerio de Educación debe socializar y evaluar con la comunidad educativa la aplicación de los protocolos y parámetros de seguridad, desarrollar un sistema informático de denuncias, fortalecer los DECE en las unidades distritales del ministerio, reformar los acuerdos ministeriales para regular los procesos sancionatorios, cumplir con procesos de capacitación profesional al personal que trabaja en el sistema educativo. Al mismo tiempo, debe determinar mecanismos de regulación de los centros de desarrollo infantil de menores de tres años, coordinar campañas de acción interinstitucional, determinar las responsabilidades de funcionarios a nivel central y desconcentrado, respecto al archivo indebido de casos denunciados.
El informe Aampetra concluye en que “el Ministerio de Educación debe implementar las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Ecuador que no fueron cumplidas por el ex ministro Augusto Espinosa conforme lo establecido en las conclusiones 5.10 que constan en el presente informe; adicionalmente el MINEDUC debe cumplir con las nuevas observaciones y recomendaciones emitidas en el año 2017”
El Ministerio de Educación en redes sociales, señaló en la cuenta de Twitter del ministro Falconi: “Informe de Comisión Aampetra valida el camino que inició el actual @Educacion Ec Ministerio, para desterrar y sancionar la violencia en espacios educativos. Continuaremos con la política de cero tolerancia, prevención, sanciones inmediatas, restitución de derechos y transparencia”. La institución educativa, además, valora que la Comisión Aampetra se remita a lo actuado por el ministerio y ratifica la observancia de las recomendaciones de la Comisión parlamentaria.