No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice un adagio popular. Y el plazo para que el ex ministro de educación Augusto Espinosa sea señalado entre los responsables de no haber prestado la debida atención a las denuncias sobre violencia sexual contra la niñez y la adolescencia al interior de escuelas y colegíos, llegó. Era cuestión de tiempo. Pero también es cuestión de justicia.
La Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional tendría un nuevo informe listo para el debate y aprobación, y, a diferencia del anterior -¿dudoso y complaciente?-, en este nuevo documento el exministro de Educación aparece, con nombre y apellido, como “responsable político de la tragedia de los abusos sexuales en las escuelas”. Ante la nueva coyuntura parlamentaria, las horas de Espinosa al frente de la Comisión de Educación del parlamente, están contadas. Y a juicio de diversos observadores, ya no es tiempo de que Espinosa continúe a la cabeza de una comisión investigadora “como juez y parte”. Esta vez los once del patíbulo deberán decidir su cese de funciones en la comisión y saldar así una deuda de justicia.
En ocasión anterior a Espinosa lo salvó la campana, repicada por la propia presidenta de la comisión Aampetra que “excluyó a Espinosa de los informes previos, incluido aquel que expuso ante el CAL y lo salvó del juicio político.”
¿Qué cambió en el escenario parlamentario que ahora Espinosa resulta ser responsable político?
Pues, lisa y llanamente la caída de José Serrano, principal de la Asamblea Nacional, destituido por votación mayoritaria, incluido el voto de Augusto Espinosa. Nada más dulce que la venganza, dice el pueblo. Espinosa, “al votar por la destitución de José Serrano con el argumento de que, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen, contribuyó a sentar el precedente de su destitución”, dice una conclusión de prensa de diario Expreso.
Claro, las cosas se deshacen como se hacen. Y esta vez se harán por consenso para aprobar los temas pendientes de la Ley de Educación Superior, que son muchos. Dicha aprobación se dará inmediatamente, una vez que Espinosa renuncie a la presidencia sin condiciones. Caso de no hacerlo, tomarán otras medidas incluida su destitución.
¿Qué se deshizo antes? El criterio de la comisión de que todas las responsabilidades que en los informes anteriores “se diluían en los distintos niveles supuestamente descentralizados del sistema educativo”. Ahora se hace de diferente manera: la responsabilidad se atribuyen a Espinosa y su sucesor, Fredy Peñafiel.
¿Por qué no se hizo de ese modo antes el informe? ¿Porque la dinámica política no lo recomendaba? ¿Porque había que cumplir con ciertos acuerdos -quién sabe cuáles- el tira y afloja de la justicia estirada como chicle bajo la égida política? Ahora el informe reconoce que “las denuncias de abuso sexual pasaron de 34 en 2014 a 389 en 2016: responsabilidad de Espinosa”.
Paralelamente, el actual ministro de Educación, Fander Falconi, declaró cero tolerancia a los delitos sexules cometidos contra la niñez y la adolescencia. Cero impunidad y total transparenciaante la herencia del pasado. No solo reactivó bajo denuncias más de 900 casos ante la Fiscalía, archivados en el olvido, sino que intervino escuelas y colegios escenarios de violencia, reactivo los protocolos de prevención y sancion administrativa, e implementó el acompañamiento ministerial a victimas y familiares de violencia sexual. Y el corolario de toda esta actuación fue el reconocimiento ciudadano con una respuesta afirmativa a la pregunta cuatro de la Consulta Popular, que puso fin a la prescripcion -en el tiempo- de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Esta clara decisión politica contrasta con las sanciones anteriores que fueron irrisorias: en el 2015 se aplicó como medida de protección, la “suspensión temporal” del agresor. Y que los mentados protocolos “no eran de cumplimiento obligatorio, por no haberse expedido como acuerdos ministeriales”. Además, el Ministerio de Educación anterior no estableció registro de casos denunciados hasta 2015. Y las perlas siguen: el 44 % de casos resueltos incluye archivados y suspensiones temporales y no se auditó ni se intervino las escuelas que son escenario de casos de violación. Se conoce hoy que el ex ministro Espinosa y su equipo, tuvo conocimiento pleno del bullado caso del colegio La Condamine “y no hizo nada”. Borrón, cuenta y factura nueva: Esta vez pagaría la casa, es decir, el ex ministro “rector de la educación del país”.
Lo que a todas luces resulta insólito, es que los detalles del informe Aampetra eran conocido desde octubre del 2017 por la comisión, solo que había un estatus de responsables y otro de los «salvados por la campana».
El interés superior del niño debe prevalecer siempre por sobre todas las circunstancias, más aun por sobre el maniqueo juego de la política. La destitución y sanción al ex ministro Augusto Espinosa debería ser cuestión de justicia y no del dribling parlamentario que, en este caso, provoca un escandaloso autogol.
