Luego de casi medio año de existencia, la comisión ocasional Aampetra de la Asamblea Nacional emitió y aprobó por unanimidad un informe relacionado con ocho casos de abusos sexuales -individuales y colectivos- que tuvieron lugar en planteles educativos del país. El mencionado informe determina “negligencias, debilidades e incumplimientos normativos y procedimentales” en el tratamiento de los casos por parte de las autoridades educativas. No obstante, las responsabilidades señaladas no pasan del nivel de funcionarios intermedios -subsecretarias y direcciones provinciales- del Ministerio de Educación, dejando sin señalamiento de responsabilidades a la máxima autoridad, el ex ministro Augusto Espinosa y su reemplazo ocasional Freddy Peñafiel. El primero estuvo al frente del Ministerio entre mayo del 2013 y noviembre del 2016; e incluso, permanece como presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, sin que hasta el momento exista voluntad política de analizar su pertinencia en el cargo.
Como aspecto relevante, el informe Aampetra establece que los protocolos existen, pero nadie vela por su aplicación, mientras que los sistemas de información funcionan a medias y no están centralizados, como contrariamente afirmó Espinosa. El ex ministro reconoció, no obstante, en su momento, que existió “omisión y negligencia por parte de las autoridades de planteles y Distritos Educativos”. En otros casos los autores están fugados o los expedientes fueron cerrados.
Llama la atención que el informe solo haga referencia a 8 de los 42 casos conocidos por la comisión Aampetra, quedando sin tratamiento 912 casos de violencia sexual denunciados por el Ministerio de Educación actual. En los detalles, el informe señala que existen “culpas compartidas” de autoridades de unidades educativas que no cumplieron con la obligación de denunciarlos y, en cambio, “los ocultaron y no establecieron medidas de protección inmediatas ni brindaron acompañamiento psicológico a las víctimas; no colaboraron con las investigaciones o aplicaron maniobras dilatorias”, para impedir la ejecución de las sentencias, actuaron con negligencia en el proceso de contratación de docentes y se resistieron a cumplir con la reparación de las víctimas.
La comisión Aampetra anteriormente había evidenciado “falta de coordinación entre las entidades involucradas”, y esto se refleja en las estadísticas de cada una. Según la Fiscalía, en seis años (2012-2017) hubo 1. 057 denuncias. Sin embargo, la Judicatura maneja una cifra superior (4 864), en tan solo los últimos tres años. De esas, 2 264 fueron judicializadas. A nivel del Ministerio de Educación, las denuncias de agresiones en contra de menores sumaron 882, entre 2014 y 2017. El actual ministro de Educación, Fander Falconí, detalló que el número de casos se incrementó a 919, y esto solo corresponde al sector público.
La investigación de la comisión logró determinar que en la actuación de la justicia existió demoras “injustificadas” y una evidente falta de profundización en sus investigaciones judiciales, más aun cuando estaban frente a una “red de pornografía infantil y otras prácticas de crimen organizado». Tampoco las víctimas fueron protegidas oportunamente por el sistema creado para esos efectos y, por el contrario, tardaron cuatro años en hacerlo. Los responsables señalados habrían incurrido en falta de investigación de los hechos denunciados, falta de sanción a las instituciones que incumplieron protocolos e incluso les autorizaron incluir educación parvularia en su oferta educativa.
Según el informe Aampetra, el anterior ministerio de Educación actuó como juez y parte en las investigaciones. En tanto, nada dijo acerca de las repercusiones que pudo haber tenido el llamado código de ética que impuso el silencio a los colegios e impidió que las autoridades educativas hablaran públicamente de estos casos.
El actual ministro de Educación, Fander Falconi, ha hecho hincapié en declarar cero tolerancia a la violencia sexual, impulsó la no impunidad de los delitos sexuales y la ciudadanía respondió afirmativamente a la pregunta cuatro que trató el tema de la no prescripcion de estos delitos en la consulta popular.
El país requiere respuesta a una pregunta clave: ¿estamos respondiendo como Estado a las exigencias que la violencia sexual en la sociedad plantea? La pregunta tiene doble respuesta: frente a la herencia de complicidad con estos delitos, se impone total transparencia. Ante la recurrencia de los delitos sexuales se impone una asignatura pendiente: la prevención.
