Una verdad de Perogrullo es aquella que confiere a la educación el rol de crear experticias para el trabajo productivo. No es posible concebir un proceso educativo que no desemboque en la profesionalización del individuo en capacidad de incorporarse al mundo laboral. Surge aquí la primera interrogante acerca de cómo deben ser las relaciones entre el sistema educativo y el campo o mercado laboral en el país. ¿El Ecuador está respondiendo a las expectativas de los jóvenes que se preparan en los colegios para asumir su rol de entes laborales productivos? La respuesta no es tan inmediata y fácil de responder.
Las estadísticas indican que “cada año cerca de 300 mil bachilleres egresan del sistema de educación media (régimen costa y sierra). De éstos cerca del 62% son bachilleres en ciencias-BC y el 38% cursan el bachillerato técnico BT”. Las primeras evidencias interactivas existentes entre el mundo laboral y el mundo educativo, se reflejan en que un 62% de jóvenes entre 18 y 24 años con título de BT reporta tener empleo, un 50% de los jóvenes con BC reporta lo mismo. En el grupo de 25 a 39 años la tendencia se mantuvo: 85% (con BT) vs 75% (con BC).
Los indicadores de empleo y desempleo en el país registran que 4 de cada 10 desempleados son jóvenes entre 15 a 24 años y 1 de cada 10 jóvenes que buscan empleo no lo encuentra, en tanto que en América Latina 1 de cada 5 jóvenes que buscan un empleo no lo consigue. Existe el 41%de jóvenes ecuatorianos ocupados, mientras que en América Latina la tasa de ocupación juvenil es del 38.7%.
Por sobre las cifras las autoridades educativas han reconocido que en el área de educación tecnológica existen “diversos problemas relacionados a su pertinencia curricular, articulación con la educación superior y el empleo, infraestructura y equipamiento, formación de docentes, entre otros”. En la realidad se trata de una oferta educativa con diversas dificultades y escasa vinculación con la demanda de técnicos intermedios.
Ante esta realidad se evidencian planteamientos críticos que desde una mirada académica o empresarial, o ambas, buscan “alinear la educación con la producción” argumentando que “la educación debe servir para multiplicar la producción y el mejoramiento y las condiciones de vida”, y acusan al Estado referente a “la política educativa de no estar alineado con el país profundo”. Suena interesante pero, maticemos.
El sistema educativo en el actual régimen se ha propuesto responder a los requerimientos inherentes a su articulación con el mercado laboral con “una oferta educativa pertinente” que tome en cuenta las llamadas carreras del futuro en la era tecnológica y de la comunicación, desafío ante el cual la autoridad reconoce que la inversión en bachillerato técnico ha sido limitada en términos de equipamiento e infraestructura. No obstante, los desafíos aumentan. El sistema educativo tiene que exhibir además la capacidad de generar orientación profesional y vocacional, potenciando las habilidades del estudiante y brindarle una oferta pertinente a su realidad. Bajo esas premisas es que anuncia una” educación para el trabajo”.
¿Cuáles deberían ser los considerandos a tomar en cuenta? En primer lugar considerar que estamos en presencia de dos derechos inalienables del ser humano en la sociedad: el derecho a la educación y el derecho al trabajo que no deben ser desvinculados entre sí, peor incompatibles. Si el sistema educativo forma parte de la superestructura de reproducción ideólogica de la sociedad estamos hablando de que el diseño de una política educacional, es una decisión de carácter axiológico, es decir, de valores que deben ser considerados a la hora de definir las políticas públicas enfocadas en crear habilidades profesionales para ejercer trabajos productivos. Y esos valores tienen relación con la garantía de derechos en ambos sentidos: derecho a una educación integral y a una incorporación al mercado laboral que respete los derechos de los trabajadores incorporados desde el sistema educativo.
El derecho a educarnos y el derecho al trabajo, en modo alguno deben resultar contradictorios. No es aceptable que a cuenta del proceso productivo se estimule el trabajo infantil o pauperice y explote el trabajo juvenil. La mano de obra barata no debe constituir una dadiva para el empresario privado que debe cumplir con garantías de seguridad social y estabilidad a sus trabajadores. Un sentido de equidad deberá primar en la justa y necesaria relación que debe existir entre la educación y el mundo laboral.
