¿Qué pasará mañana cuando los titulares de los diarios, las pantallas de televisión y la ondas de radio publiquen los resultado de la consulta popular de hoy? Esa es la pregunta que se hacen 16 millones de ecuatorianos cuya voluntad es delegada en las 13’026.598 personas habilitadas para votar, distribuidas en 35.105 juntas receptoras del voto.
Por sobre las cifras estadísticas, acaso importa más el sentido de la voluntad popular, es decir, hacia dónde se dirige la decisión del país. Preguntar al pueblo sobre temas de interés nacional, es el primer sentido democrático rescatable de la consulta del 4 de febrero. Convertir en fuerza constitucional la voluntad ciudadana, es el segundo sentido de esta indagatoria electoral con cinco preguntas en referéndum relacionadas con: Lucha contra la corrupción, explotación minera, reelección indefinida, Consejo de participación Ciudadana y protección a la niñez. Mientras que las dos restantes, adquieren fuerza legal orgánica: ampliación del área protegida del Yasuni y derogatoria de la Ley de Plusvalía.
Durante la campaña presidencial -señala el historiador Juan Paz y Miño-, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó como el mejor presidente en la historia nacional y advirtió que la Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista. En este panorama, la convocatoria gubernamental a consulta popular conduce a legitimar las nuevas circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal, desplazando definitivamente al correísmo.
En el aspecto económico, la batalla por la implementación de una política popular versus una estrategia neoliberal, se da en el terreno de las prebendas macroeconómicas al sector empresarial o la defensa de los intereses microeconómicos de las mayorías. Para dilucidar hacia dónde nos conduce la politica económica de gobierno, es necesario recordar que el régimen decidió que el impuesto a la renta (IR) para las empresas vuelva al 25% como antes del 2010. Para apuntalar el proyecto «Toda una vida» que se traduzca en vivienda, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo, jubilación universal digna, el gobierno anunció cambios respecto al impuesto a la renta. No obstante, este incremento no aplicará para las micro y pequeñas empresas, ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente de dólares al país. Se elimina el anticipo al impuesto a la renta solo de las empresas que tuvieran ventas de hasta $ 300.000 al año. En tanto, las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el Impuesto a la Renta por sus primeros 11.000 dólares de utilidad.
Otras medidas apuntan a fortalecer la dolarización con una ley que incentive la repatriación de capitales; por ello, a quienes traigan sus capitales productivos en los próximos 12 meses, se les exonerará del Impuesto a la Renta hasta por cinco años. Además, se mantendrá el Impuesto a la Salida de Divisas, para evitar debilitar la dolarización. Las cooperativas y los bancos operarán el dinero electrónico, pero bajo la supervisión y control del Estado. La guerra al contrabando y a la evasión de impuestos continuará, por lo que se fijarán aranceles que protejan la industria nacional, y una tasa de control -de 10 centavos de dólar- para financiar la lucha de las aduanas contra el contrabando.
La disconformidad con las medidas por parte de los sectores empresariales, expresados en declaraciones de voceros políticos de derecha, no se hicieron esperar. En entrevista televisiva, Guillermo Lasso señaló que a la Consulta Popular le faltan dos preguntas: derogar la Ley Orgánica de Comunicación y establecer un TLC con EE.UU, y que en caso de no ser consideradas por el gobierno en su hoja de ruta, calentaría las calles con la protesta violenta organizada desde la oposición de derecha. Huelga decir que, además, faltan en la consulta otras cuestiones de interés empresarial: flexibilización laboral, tercerización contractual, reducción de impuestos, entre otras.
A la derecha bancaria no le importa mayormente la democracia, solo le interesa que sus negocios sean rentables con el mínimo de esfuerzo, escuálida inversión y maximización rápida de las ganancias mediante leyes de protección al sector. En ese contexto, dependiendo del resultado electoral de hoy, la derecha política iniciaría desde mañana la contraofensiva opositora definitiva marcando distancias con el régimen, exigiendo el cumplimiento de ciertas promesas emergidas del diálogo y buscando espacios de influencia indirecta, hasta recomponer su poder con un proyecto global de gobierno para el 2021. El régimen de Lenin Moreno enfrenta la dura decision entre la disyuntiva de mantener una política de estado social, sensible a las necesidades populares o ceder a las presiones de los sectores oligárquicos pudientes. Habría que preguntar al gobierno cuál será la vía.
