Las verdades a medias en el periodismo suelen ser tan perjudiciales como la mentira absoluta. El tratamiento que la prensa del país ha dado, periodísticamente, a la realidad de la violencia y abuso sexual perpetrado en contra de niños, niñas y adolescentes, deja mucho que desear. El periodismo sensacionalista ha puesto en su agenda de crónica roja los casos denunciados, buscando vender más papel y tinta, cuando en realidad debe tratar con seriedad profesional el tema. La sospecha injusta sobre personas inocentes, el cercenamiento de la verdad en desmedro de la imagen de las instituciones responsables de dar una repuesta al país y, lo que es más grave, el atentado a la dignidad de las víctimas por la revictimización de los menores vulnerados en sus derechos, forman parte del concierto periodístico de mal trato de cierta prensa privada y pública al tema en cuestión. Es cosa de leer la antología de notas de prensa publicados este año para darnos cuenta de que primó la falta de investigación, la falta de compromiso con la dignidad de las víctimas, el manejo de fuentes y versiones no confiables y el silencio de fuentes autorizadas.
En su edición de fin de año, diario El Telégrafo hace una reseña de la actuación de la comisión ocasional Aampetra (Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari), creada en julio del 2017 para investigar los casos de abusos sexuales en dicha entidad educativa. El matutino estatal silencia parte de la verdad cuando señala que “los protocolos para prevenir la violencia y los abusos sexuales en los establecimientos educativos no se cumplieron”, sin señalar en qué periodo de tiempo ocurre la falta de actuación ministerial, dejando abierta la sospecha de omisión de los anteriores ministros Freddy Peñafiel, Augusto Espinosa y del actual Fander Falconi, como si en todos los casos no hubo respuesta efectiva al problema, lo cual no corresponde a la absoluta verdad. La “verdad” a medias no menciona “la contundente estrategia de cero tolerancia” contra la impunidad de estos delitos llevada a cabo por la institución rectora del sistema educativo este año 2017.
El Ministerio de Educación, por iniciativa propia, propuso la conformación de una comisión intersectorial integrada por “los ministerios de Educación, Salud y Justicia, así como por los entes jurisdiccionales Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública”, a fin de crear y fortalecer un sistema efectivo de prevención de los delitos de violencia o acoso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Iniciativa que fue acogida por el presidente Lenin Moreno, quien convocó a un “consejo de Estado” para tratar el tema. En ese contexto, el MinEduc estableció contacto con sectores sociales, organizaciones de defensa de derechos de mujeres y menores y conformó mesas de trabajo especializadas para dar respuesta técnica a las demandas de la sociedad y de los afectados.
El diario público menciona que “la intervención de Aampetra demostró que la mayoría de las investigaciones sobre abusos a estudiantes cayeron en caducidad y las autoridades no dieron seguimiento a los casos y no los denunciaron la Fiscalía”. Esta es una injustificable omisión de los hechos, puesto que el Ministerio de Educación ha entregado a la Fiscalía 181 casos archivados para establecer mediante investigación si se actuó debidamente al cerrar los casos. Las denuncias fueron entregadas, en tres momentos, por el Viceministro Alvaro Saenz y el ministro Fander Falconí, acompañados por el coordinador jurídico ministerial, Marcelo Jaramillo. Además, el ministerio valiéndose de un recursos de revisión procedió a abrir los casos mencionados para evitar la impunidad frente al cometimiento de los delitos denunciados. Para la semana próxima la Fiscalía ofreció dar respuesta a las denuncias del Mineduc.
En otro acápite de su nota, diario El Telégrafo señala que “otro aspecto irregular que ocurría era el control o regulación que se ejercía sólo en los planteles fiscales y no en los particulares”. El diario público omite, en este aspecto, una información entregada por el MinEduc a los medios esta semana que señala: “Con el propósito de prevenir el cometimiento de delitos de violencia y acoso sexual al interior del Sistema Educativo Nacional, el Ministro de Educación expidió este día jueves 28 de diciembre de 2017, un Acuerdo Ministerial 098 por el cual se dispone que ninguna persona que tenga antecedentes penales y/o denuncias por la comisión presunta de delitos de connotación sexual ingrese a laborar en instituciones privadas o fiscomisionales. La aplicación del mismo es obligatoria. La medida busca que los docentes que postulen a un cargo en los establecimientos educativos del país tengan un perfil idóneo, y con ello, proteger la integridad física y psíquica de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En otro aspecto del tema, el matutino público reconoce que “el Ministerio de Educación abrió 1.600 partidas presupuestarias para contratar psicólogos educativos y clínicos que refuercen la acción de los DECE en el acompañamiento de las víctimas y sus familiares. En esa misma línea de prevención, el ministerio emprendió la campaña Más Unidos Más Protegidos que busca la sensibilización y movilización de la comunidad educativa en la lucha contra los delitos sexuales mediante la denuncia. De igual modo, los esfuerzos de la autoridad educativa incluyen el desembolso de 2 millones de dólares destinados a que el Ministerio de Justicia realice “la atención a las víctimas”. El ministro Falconí lamenta que de estos hechos “no se dice una sola palabra en esta nota. Ni siquiera se utiliza nuestra fuente. Así, durante todo el año ha manejado las noticias diario El Telégrafo”, lo cual desdice de un medio público, la falta de profesionalismo.
