La economía es la capacidad de hacer que la riqueza se distribuya equitativamente, dicen los tratados de economía política. Ecuador en el 2018 se enfrenta el grande desafío de practicar esa vieja sentencia que siempre motiva nuevas esperanzas populares: procurar el bienestar de las mayorías.
Las expectativas de crecimiento durante año 2017 superan lo previsto por encima del 2% anual, es decir, más de lo que auguraron el FMI y la Cepal. No obstante, los especialistas manifiestan que se trata de “un crecimiento sin empleo”, crece el consumo de bienes que genera bienestar a corto plazo, pero no existe un programa de empleo y de inversión que garantice estabilidad más allá de lo coyuntural. El país no logra superar la meta del 50% de subempleo; sin embargo, estamos en un ciclo positivo, pero hay que convertirlo en “un ciclo que genere mayores expectativas”, porque la economía, según los expertos, se juega con solidez y confianza.
Los observadores tradicionales sostienen que el crecimiento se debe a un “endeudamiento agresivo”. La hipótesis de los economistas del sector empresarial es que “estamos viviendo un crecimiento no sostenible, sin una fuerza del aparato productivo, crecemos porque el gobierno invierte”. Estos teóricos sostienen que el gobierno se endeuda, invierte en la economía y hay consumo, pero el consumo no hace que una economía genere más riqueza, sino que es la producción la que lo logra. La sugerencia obvia es que “para salir de la crisis del 2016, en que la economía se contrajo en 1,6%, el sistema económico nacional debe recuperar competitividad mediante un reajuste en sus precios y costos. El crecimiento del PIB no se debe a la productividad, de hecho el sector que más crece es el comercial, porque vende más cantidad, pero contrata menos personal que otros años. Es una señal clara de incertidumbre, concluyen los analistas empresariales.
Con una mirada social, el problema del Ecuador no solo es de competitividad empresarial, sino de índole más compleja. El gobierno tiene que resolver el problema de los contratos petroleros heredados, -que no son un buen negocio para el país-, ya que las preventas no permiten liberar recursos petroleros comprometidos con los compradores chinos. Es imperativo resolver la liquidez para pagar el alto servicio de la deuda externa. Ecuador necesita estabilidad institucional, confianza y credibilidad en las entidades públicas y privadas. El gran reto gubernamental, es mostrar un país atractivo a la inversión internacional. Al interior, Ecuador es un país que no genera acuerdos mínimos entre empresarios y trabajadores, eso hay que lograrlo a corto plazo y conseguir consensos para generar empleo en un marco institucional sólido. Si no se restaura la confianza institucional caminaremos por un campo minado, sin reglas claras y sin horizontes bien definidos.
Esta visión propositiva no coincide, necesariamente, con los diagnósticos empresariales que visualizan otro tipo de problemas: un crecimiento bajo, muy ligado y dependiente del gasto público. Un problema de competitividad que genera dificultades para exportar, porque no hay muchos incentivos. Y un problema fiscal con un déficit de 4.800 millones, según datos oficiales, pero terminaría en 6 mil millones de dólares en el 2017. La propuesta de los sectores productivos para volverse más competitivos, consiste en reducir costos de producción, por ejemplo abaratar la energía eléctrica. Eliminar la política “anacrónica” de sustitución de importaciones que ha incrementado costos de los insumos de los bienes de capital en todo el país. Y reducir el gasto público, receta en la cual insiste el gobierno nacional.
Los empresarios señalan que es difícil prever hasta cuándo el Ecuador tendrá acceso a capitales frescos. Podemos seguir endeudándonos, pero aumenta el servicio de la deuda. El gobierno anterior y el actual emitieron 5 mil millones en bonos que representan 500 millones solo en intereses anuales. Los bonos ecuatorianos pagan un 10% de interés, que es dos veces mayor que el de los países de la región. No obstante, a mayor interés hay mayor incertidumbre asociada el bono, según los especialistas de la economía. En octubre del 2017 hubo una emisión de bonos por 2.500 millones, deuda que aumentó los depósitos del tesoro nacional. Desde finales de octubre hasta diciembre, estos depósitos cayeron en un 84% y eso hace esperar que en marzo se haga otra emisión de bonos para seguir en el proceso de endeudamiento y gasto.
Para los intereses empresariales, todo pasa por el tema fiscal. No hay que seguir gastando en exceso, dicen, porque el gobierno se come la liquidez cuando gasta la reserva internacional para invertir en gasto público. El mayor temor de los empresarios es el potencial incremento de impuestos para pagar la deuda estatal y reducir el déficit fiscal. Proponen un “ajuste gradual planificado” para quitar la adiposidad del sector público” y que se focalice en hacer lo que agrega más valor. Entre otras medidas, no descartan la flexibilidad laboral para evitar la rigidez de los contratos colectivos “que acumula ineficiencia en el aparato productivo”,
Las sugerencias económicas de funcionarios que han ocupado carteras de Estado en gobiernos anteriores, como Pablo Dávalos, hacen referencia a una visión más amplia que la del sector empresarial. Dávalos sugiere que Ecuador renegocie la deuda externa el próximo año, contratando una banca de inversión y de ese modo ahorrar, por ejemplo, 2 mil millones de dólares que podrían ser destinados a la creación de un fondo de estabilización que sirva de garantía y aval para el dinero electrónico. Una segunda sugerencia es cambiar el impuesto a la salida de divisas y convertirlo en encaje monetario, es decir, que alguien que saca dinero al exterior pague la tasa, y si lo regresa, ese impuesto les sería devuelto.
En el campo de propuestas en la mira de una economía más solidaria, se sugiere integrar el BIESS con Banecuador y Banco del Pacífico, para hacer un gran banco de desarrollo orientado al crédito para la microempresa. Y como una medida popular que incida en el consumo diario, se propone bajar el IVA al 8% para recuperar poder adquisitivo popular. En esa línea de acción, es vital incrementar el presupuesto en el sector agrario y hacer políticas que abaraten los costos de la canasta básica con productos provenientes del agro. En definitiva, se trata de devolver la confianza en la democracia económica.
La historia enseña que durante los años 80 y 90 los llamados ajustes económicos “hundieron al país”. Repetir las viejas fórmulas neoliberales, no es compatible ni coherente con el desafío actual de “gobernar para el pueblo y nada sin el pueblo”. El país reclama solución a los grandes problemas sociales y eso se resuelve con inversión pública respaldada con impuestos a los que más tienen. Es vital mejorar la calidad del gasto público, invertir en salud, educación, seguridad social, etc., y junto a ello, transparentar la inversión en obras de beneficio popular.
De cara al 2018, el gobierno nacional tiene la gran oportunidad de pensar en las mayorías, y que la política económica sea el sustento de la política social. Ante las prioridades económicas, tomar decisiones por el bienestar popular solo es cuestión de conciencia social y voluntad política. El pueblo debería ser consultado sobre estos dilemas.
