La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, dejó escrito Milán Kundera. Y esa lucha contra lo establecido, como inmoralmente aceptado o políticamente incorrecto, es una ruta a contravía. El destape que vive la sociedad ecuatoriana, que pone al descubierto graves delitos de violencia sexual contra la niñez y la adolescencia -cometidos dentro y fuera del sistema educativo nacional-, enciende las alertas ante la presencia de un enemigo oculto y persistente. Frente a la conculcación de elementales principios de convivencia social que desemboca en el atentado contra la integridad física y espiritual de nuestros hijos e hijas, el Estado está en la obligación de ejercer una pedagogía de la dignidad que restituya la credibilidad y confianza en nuestras instituciones educativas.
La puesta en evidencia de casi un millar de casos de acoso, ataque o violentación sexual perpetrados dentro de unidades educativas por personal docente o de servicio reclutado en el sistema de educación, deja al descubierto una merma ideológica y ética de enormes repercusiones sociales. Es allí donde cobra sentido la afirmación de Kundera: la lucha contra el poder de lo establecido prohíbe olvidar que somos parte de la rebeldía social contra los abusos de ese poder: El poder del machismo contra la mujer, el poder de la violencia intra familiar e intraescolar contra niños y adolescentes, el poder de mafias que operan detrás del negocio sexual, el poder de agresores, cómplices y encubridores de delitos de abuso sexual al interior de los establecimientos educativos. El poder de la impunidad que silencia y, a su vez, reproduce un estado de injustica. En última instancia, la lucha contra el poder mediático y político que hace uso protervo del drama de las víctimas y sus familiares.
El Estado ecuatoriano se debe empeñar a fondo en la cruzada por la cero tolerancia contra los delitos sexuales. Los graves atentados cometidos contra la niñez y la adolescencia movilizan y comprometen al conjunto de la sociedad. En esa cruzada nos encontraremos luchando «con todos los recursos legales, éticos, culturales y políticos, para erradicar este crimen contra la dignidad, la integridad y seguridad de nuestros hijos dentro del sistema educativo». La respuesta ciudadana amerita una gran movilización y convergencia nacional que nos integre en «un solo espacio de razón, corazón y acción». Cero tolerancia a la amenaza y a la violencia de los delitos sexuales en la comunidad educativa ecuatoriana. Ese es el clamor social del momento.
Las autoridades rectoras del sistema educativo -Ministerio de Educación, y organizaciones afines, deberán asumir la defensa de la integridad del docente honesto. «La noble misión de los verdaderos maestros, formadores en conocimientos y valores de la niñez y la juventud, nos obliga a una irrestricta defensa de su condición profesional y de trabajo», manifiestan las autoridades. La comunidad educativa «rechaza y condena los delitos perpetrados por la delincuencia infiltrada en el magisterio, que pone en riesgo la imagen y el trabajo de los genuinos educadores del Ecuador».
El sistema educativo tiene la obligación de garantizar la calidad de la enseñanza y la vigencia de plenos valores ideológicos y éticos, mediante el concurso de un personal docente calificado. La educación de nuestra niñez y juventud merece lo mejor de nuestros esfuerzos en la familia y en la comunidad ecuatorianas. Los docentes deben ser la garantía ética, académica y profesional frente al desafío de la educación en la sociedad contemporánea. Por tanto,»aplicar una metodología científica para confirmar las aptitudes sicológicas, los rasgos de su personalidad y las objetivas potencialidades humanas de los profesionales de la educación, es la garantía para lograr la educación integral y la seguridad de nuestra niñez y adolescencia», manifiesta la autoridad educativa.
La tragedia individual y familiar de las víctimas de violencia sexual dentro del ámbito educativo «no puede convertirse en el pretexto para desplegar oscuros protagonismos políticos». Puesto que «las circunstancias que hoy afectan a la comunidad son graves y han herido de manera profunda a nuestra cultura y al sistema de valores humanistas presentes en la educación ecuatoriana». En tal sentido, Ecuador debe rechazar de manera categórica y enérgica cualquier tipo de manipulación política que se pretenda hacer de esta situación que preocupa a toda la ciudadanía.
La comunidad hace bien en invocar a sus instituciones para la aplicación irrestricta de la ley contra la impunidad, la complicidad y el ocultamiento de los delitos que agreden de manera directa a nuestra niñez y adolescencia en las entidades educativas: «Ningún caso puede quedar escondido. Ningún grito de auxilio puede ser ahogado. El silencio y el miedo no forman parte de la verdadera comunidad educativa». Estudiantes, docentes y familias nos unimos ahora con una sola y potente voz contra la impunidad de los delitos. Nuestra rebeldía contra el poder del delito, -que es la lucha contra el poder del olvido-, será la mejor respuesta a la pedagogía de la dignidad ejercida desde el Estado, y asumida como aprendizaje de toda convivencia nacional armónica.
