La madre detecta una extraña conducta en su pequeño hijo de seis años, estudiante del colegio Unidad Educativa Aguirre Abab de la ciudad de Guayaquil. La conducta agresiva inusual del niño la hace sospechar de que algo ocurre al menor. Su hijo había sido agredido sexualmente por un profesor en los baños de su escuela. El caso, valientemente denunciado por la madre del menor abusado, forma parte de una historia de encubrimientos de delitos sexuales en el seno del sistema educativo ecuatoriano.
El Ministro de Educación, Fander Falconi, anticipó una postura oficial y dejó sentado que “habrá cero tolerancia” con responsables de delitos sexuales cometidos al interior de entidades educativas. Y ha diseñado un escenario en el que, además, existirá apoyo en la acción del Ministerio por la defensa al maestro, ya que «los malos elementos son pocos». El ministro prometió sumarse a las acciones preventivas y correctivas, cerrar filas contra los oportunistas políticos y contra ex gremios que «despedazaron la educación», y asegurar el esclarecimiento penal y administrativo de todos los casos registrados en años anteriores y los denunciados recientemente en Guayaquil.
El organismo rector de la política pública educacional, ha dejado sentada la premisa de que frente a esta herencia del pasado, existirá total transparencia para investigar, denunciar y sancionar los casos de abuso y violencia sexual cometidos en las escuelas y colegios del país. Al mismo tiempo, la autoridad dejó entrever que esta es una oportunidad para asumir el tema con absoluta franqueza: las mentiras deliberadas siempre son malas, –dijo Falconi- pero hasta de lo malo puede salir algo bueno. Es una oportunidad para debatir el tema en todo el país de una vez por todas.
La pedagogía de la confanza
Y cuando el debate ya ha comenzado con voces disimiles, es hora de asumir el tema sin moralismos, puesto que tanto una falsa moral frente a la educación sexual, como la judicialización de los delitos sin hacer justicia, podrían sentar un precedente irreversible que afecte la credibilidad del sistema educativo nacional. El Ministerio de Educación, por naturaleza propia, se asume que dispone de los dispositivos idóneos para restituir la pedagogía de la confianza y la formación en valores de nuestros hijos.
En ese sentido, el vice Ministro de Educación, Álvaro Sáenz, se ha comprometido a fortalecer un sistema educativo de puertas abiertas, con total transparencia frente a la herencia delictiva y recomponer el sistema integral de protección y sus tres componentes de prevención, reacción y remediación de delitos sexuales. El funcionario -y habrá que hacer seguimiento a su promesa- ha comprometido la voluntad política del misterio de educación, para actuar el en marco de una restauración de valores en el país. Hoy se habla de campañas preventivas con una reacción oportuna una ante los delitos, de una insoslayable sanción a los responsables y la reposición de la dignidad ofendida de las víctimas.
Diversas voces se han manifestado frente al tema. Rosa María Torres, experta en métodos educativos, dijo que este es “un tema de represión sexual o tabú, porque Ecuador es un país sexualmente reprimido». Mientras que para el ex ministro de educación, A. Espinoza, el asunto forma parte de «un problema cultural», frente al cual los medios tienen que jugar un rol trascendente y deponer «la excesiva sexualización» en sus espacios.
Frente a la falta de transparencia heredada para enfrentar delitos sexuales en escuelas y colegios, se discute la eventual derogatoria del Código de Ética que surgió durante la gestión de la ex ministra de educación Gloria Vidal. El mencionado documento en el artículo 3 señala en referencia a la Confidencialidad: “se deben adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las denuncias o las inquietudes se manejen de manera confidencial”, excepto si “la obligación de investigar o de abordar las violaciones anule su deseo de confidencialidad, o si se encuentra el juego el bienestar o la seguridad física de una persona”.
Álvaro Sáenz ha ofrecido que “si no cumplen con protocolos, los maestros serán separados del magisterio”. Algunas autoridades incumplieron los protocolos e incluso obstaculizaron las acciones judiciales para proteger la reputación y el nombre de los centros educativos. En el ojo de la tormenta está la ex rectora de la Unidad Educativa Aguirre Abab, Patricia Cuenca que habría «resultado ganadora en la categoría G» (escalafón de ingreso al magisterio fiscal), no obstante, según el ministro F. Falconi «ella no reunía los requisitos para ser rectora», porque cumplía con maestría, pero no con el tiempo para categoría D,(12 años de servicio) y ni siquiera podía ser encargada”. La rectora fue nombrada por la anterior directora distrital que ya fue removida de su cargo. El ministerio -ofreció Falconi- sancionará a los funcionarios encargados de las hojas de vida presentadas en la terna de la cual se elige a la rectora de la U.E A. Abad.
De cara a otros casos de violencia sexual, un grupo de representantes de los padres de familia de las víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), la Fundación Sentimos Diverso y el Grupo Rescate Escolar, rechazaron «enérgicamente cualquier intento de obtener réditos políticos en torno a los casos de violencia sexual en el sistema educativo, desde cualquier sector, institución, partido político o persona particular». Y exigieron que el tratamiento de estos casos desde las instituciones estatales, así como desde las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación «esté en sintonía con el dolor de niñas, niños y adolescentes afectados y sus familias, y con la necesidad de hacer de los centros educativos lugares libres de violencia, donde los estudiantes estén realmente protegidos y sus derechos sean garantizados».
Los abusos dejaron decenas de víctimas en cada centro educativo y se cometieron durante tiempos prolongados al interior de las instituciones, -señala el comunicado- los abusadores fungían como profesores aunque no tenían título ni experiencia docente. La denuncia pública del caso AAMPETRA, que permaneció oculto durante 6 años, sirvió para romper el silencio y evidenciar la emergencia que enfrenta hoy el sistema educativo ecuatoriano. Solo en cuatro casos -Aguirre Abad, Unidad Educativa Mushuk Pakari, AAMPETRA y academia de ballet- las víctimas son al menos 327 niñas, niños y adolescentes. Por disposición de la Asambleísta Silvia Salgado, Presidenta de la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA, se convoca a sus miembros a una sesión en el auditorio de la Casa de la Cultura núcleo del Guayas. La reunión prevista tiene como agenda tratar la Comisión General para recibir a los representantes de las víctimas del caso de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, y al doctor Fander Falconí, Ministro de Educación, con la finalidad de que informe las acciones preventivas y correctivas realizadas por el Ministerio a su cargo sobre los hechos ocurridos.
Desde la autoridad ministerial, se planteó realizar una evaluación a los maestros aplicando pruebas psicométricas que establecen si están, o no, aptos para mantenerse enrolados en el magisterio. Medida que deberá estar acompañada por el diseño de nuevos protocolos de denuncia y monitoreo, que permitan una educación con justicia y respeto a los derechos de los niños y adolescentes, reparación integral de las víctimas e impedir el crimen sexual en el sistema educativo. Solo así, acaso, podremos dormir tranquilos con la convicción de que nuestros hijos asisten a la escuela sanos, seguros, libres de violencia contra su frágil inocencia. Mientras tanto, ya están al aire los spots de la campaña Mas unidos más protegidos impulsada por Unicef y el Ministerio de Educación en la que pequeños super héroes enfrentan una batalla decisiva por imponer cero tolerancia contra los delitos sexuales
