En política como en el fútbol quien no hace goles, los ve hacer. Y los goles se los suele marcar por una jugada estudiada en camerinos, de tiro libre o sanción penal, de media cancha o, peor aún, por autogol. Esta asociación entre fútbol y política, dos pasiones multitudinarias, se hace más evidente en días en que la política se vuelve una lúdica demagógica.
El presidente Lenin Moreno jugando de local en su propia cancha, tomó la iniciativa en el juego de intereses institucionales y convocó al desequilibrio del “el empate político” existente entre el correísmo y el leninismo -por decirlo de algún modo-, desempate sugerido entre lo que representa el anterior gobierno de Correa y el actual de Moreno. El elemento desequilibrante es la Consulta Popular, convocada por el mandatario para dirimir el control sobre los aparatos de Estado y sobre los propios contralores de ese Estado.
El cuestionario de la Consulta Popular propuesto por el presidente viene inscrito en siete temas, a saber: desestimular la corrupción, muerte civil de funcionarios y empresas corruptas encontradas culpables, derogación de enmienda constitucional que permite reelección indefinida de funcionarios, disolución del actual Consejo de Participación, Ciudadana y Control Social y elección de sus miembros por votación universal, derogación de la ley de plusvalía en beneficio de los empresarios de la construcción, defensa del ambiente natural y el Yasuni contra el estractivismo, y no prescripción de los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad.
Amerita subrayar que la iniciativa política de Lenin Moreno significa haberse anticipado a la jugada de sus contrincantes -correístas y no correístas-, que no fueron lo suficientemente movilizadores para anteponer -junto a la ciudadana-, una consulta popular para la conformación de una Asamblea Constituyente que reforme de fondo la estructura y funciones del Estado. La incapacidad de hacer esa jugada -que habría implicado un gol de media cancha- supone que un jugador estelar, Rafael Correa, se quedaría sin la opción de regresar a encabezar la lucha por una constituyente con probables opciones de ganarla. En esa ruta, la iniciativa anticipadora de Lenin Moreno lo llevó hasta Ciudad Alfaro a rendir culto al “espíritu de Montecristi” plasmado en la constitución del 2008, tan inspiradora que -según su lógica- para qué queremos una nueva constituyente.
Y como los espectáculos hay que brindarlos con escenario lleno, ante un público masivo y con barras motivadas a favor, no falta quienes señalan que Lenin aplicó “el sentido común”, interpretando acertadamente los atavismos secretos de los ciudadanos. ¿Quién se va a oponer a preguntas que defienden la participación democrática ciudadana, están en contra de la corrupción, resguardan a la naturaleza y protegen a nuestros hijos?
Pero no es menos cierto que, en el fondo de su condumio estratégico, la consulta encierra una fulminante dedicatoria a Rafael Correa. Entre las siete preguntas envueltas en el embalaje de un gesto democrático, se busca impedir la participación política y electoral del ex jefe de Estado en los comicios presidenciales del 2021, o en todo intento de consultar al pueblo sobre cuestiones de fondo. Ese es el quid del asunto: «Dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida», -como dijo Moreno-, al afirmar que «la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu, ni de la letra de Montecristi. Un aspecto que va de la mano con la lucha anticorrupción, puesto que hasta el momento van cayendo, uno a uno, funcionarios ligados al gobierno anterior, bajo la presunción de involucramiento en delitos contra los intereses económicos del Estado. Si el objetivo estratégico de la consulta es dejar fuera de juego al correísmo y su gente, éste viene ornamentado por temas consultados que son de menor impacto mediático, pero no menos políticamente importantes.
Su importancia política no tiene que ver con los objetivos de la consulta señalados por el presidente Moreno, sino en el cambio de las reglas del juego que provoca la propia dinámica de ese juego -desequilibrante del empate político- que incluye nuevos actores convocando y favoreciendo a las expectativas de empresarios del negocio de la construcción, que» viene decreciendo casi en un 8%» y que se volvería nuevamente muy lucrativo si la consulta aprueba la derogación de la Ley de Plusvalía. Votar si por esa pregunta, equivale a un haraquiri hecho a sí mismo por miles de arrendatarios en el país, puesto que uno de los principales objetivos del proyecto de Ley de Plusvalía fue evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos, lo que permitió que más familias a nivel nacional tengan acceso a comprar terrenos o bienes inmuebles, pues vieron reducidos los costos. Si el país se ve abocado a decidir entre el “espíritu de Montecristi” propuesto por Moreno y el espíritu consecuente con lo que fue la revolución ciudadana, los electores deberán tomar en cuenta estos elementos de juicio.
El sentido táctico de la consulta corrige una falla del gobierno anterior: aplica en la práctica una política de alianzas que busca recuperar actores políticos -perdidos por mal trato- y hacer regresar al redil a sectores que fueron soslayados por el correísmo, como los ecologistas -y entre ellos- a miles de jóvenes que se sienten llamados a salvar la naturaleza. También supone reencontrarse con otro aliado perdido: las nacionalidades indígenas que se han mostrado resueltamente contrarios a la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas como el Yasuni. Ahora se les quiere hacer sentir que hay un presidente “dispuesto a defender ese espacio único y megadiverso”.
La pregunta sobre cómo elegir a los organismos de control, apela al instinto ciudadano de controlar, en la práctica, a políticos y servidores públicos. Se trata de una vieja aspiración liberal instalada en el imaginario colectivo del país, que ve con buenos ojos el poder ciudadano de elegir funcionarios y funciones que permitan la fiscalización de los actos públicos. Esta pregunta de ornamento camufla el carácter político que tiene toda elección de organismos de control y sus contralores que se ven tentados de servir notorios intereses sectoriales y partidistas desde las esferas del Estado.
La pregunta acerca de la no prescripción de delitos sexuales cometidos contra menores, es la guinda del pastel que nos atañe a todos quienes tenemos hijos, hermanos, primos, sobrinos o amigos menores de edad. Es decir, al cien por cien de los ciudadanos que, difícilmente, se van a oponer a que la acción de un violentador sexual contra un menor de edad quede en la impunidad por el simple hecho de que el delito prescribe sin sentencia.
En el juego de las preguntas, por lo pronto la pelotita política está en la cancha ciudadana. De un inteligente discernimiento sobre cuál debe ser la próxima jugada, evitará autogoles que puedan resultar determinantes para las aspiraciones de ganar la partida popular.
