Hace algunos años se popularizó un eslogan publicitario que decía: la consulta que resulta. Después de ver y escuchar a la CNN entrevistar al Presidente Moreno, creo que no resulta, sino para los propósitos de desbaratar lo poco que queda de la revolución ciudadana. El primer mandatario dijo a su interlocutor que está dispuesto a enviar al Consejo Nacional Electoral preguntas relacionadas con temas de ecología, la reelección indefinida y sanciones a la corrupción. Dijo al entrevistador que la institucionalidad y la Constitución del 2008 que no ha dado los resultados esperados por causa de “una mala práctica”. ¿A qué se refiere? Moreno habla de poder alternado y no reelección, en clara dedicatoria a su antecesor, aun cuando su gobierno es fruto de la reelección suya como candidato de Alianza País.
A propósito, el bloque legislativo oficialista de AP presentó al mandatario 33 cuestiones a consultar, pero Moreno solo aceptó tres: La primera hace referencia a que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar, además de los ministros, a los secretarios de Estado, presidentes del IESS, BIESS, gerentes de empresas públicas, alcaldes y prefectos. La segunda se planea una enmienda de la Constitución para que no prescriban los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. La tercera pregunta busca imponer un impuesto a directo al patrimonio de quienes superen el millón de dólares en bienes. Como consuelo, el bloque AP ratificó que la consulta «no debe ser regresiva ni desinstitucionalizar al país».
Es notorio que la pregunta central de la consulta será la relacionada con la reelección indefinida, las demás solo acolitan a la principal. La pregunta sobre la reelección indefinida “va porque va” -dijo Moreno- y tuvo que aclarar que él era el Presidente: “Me debo a ustedes, pero yo, así como ustedes me debo al pueblo ecuatoriano”. No hacía falta la aclaración tan enfática, puesto que con la sola pregunta sobre la reelección indefinida, Moreno ya dividió a sus huestes, “lo que prácticamente ya ha ocurrido, pero no se ha formalizado”, acotó un legislador que prefirió el anonimato.
No está por demás recordar, según sugerencia de los entendidos, aclarar los términos enmienda y reforma constitucional. De acuerdo con el diccionario político, “enmienda significa hacer modificaciones que no alteren las funciones del Estado. No obstante, cuando se plantea una reforma a la carta Magna, “implica que su texto será totalmente cambiado”, es decir que puede haber una reestructuración de los poderes del Estado. Es tan políticamente trivial y previsible el cuestionario propuesto, que no falta quienes preguntan si pueden o no volver las ferias en Quito, con muerte del toro, o si se debe o no explotar el petróleo del ITT.
La oposición de la derecha política hace su propio negocio en la consulta popular, planteando cuestiones que van más allá de la trivialidad. La socialcristiana, Cristina Reyes, sugiere preguntar si se hace desaparecer o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o si deben cesar todas las autoridades de control y se le plantee al país un nuevo mecanismo de selección. El PSC propone que los seleccionados tengan probidad notoria, experiencia, capacidad, sentido ético y un blindaje para que no vuelvan a participar personas con conflictos de intereses. Las enmiendas constitucionales -según la bancada derechista-, “fueron un agravio al país y tiene que ir a consulta popular todo ese paquete que fue aprobado por el anterior legislativo”. Según Reyes, se debe preguntar sobre la derogatoria de la ley de plusvalía, las peticiones de Yasunidos y que se devuelva el 40% del aporte de pensión jubilar y el respeto a los fondos del sistema de seguridad social.
Como dice el hombre de la calle, a río revuelto ganancia de pescadores. La pregunta es ¿para quién resulta la consulta? Ese mismo pueblo debe responder.
