La Revolución Juliana (1925-1931) inauguró el siglo-XX histórico del Ecuador. Por primera vez fueron fiscalizados los bancos privados y sancionados aquellos que hicieron de las sobreemisiones inorgánicas y de los préstamos al Estado, el eje de sus negocios.
Para imponer la institucionalidad nacional sobre los intereses privados, en 1925, gracias al impulso de Luis N. Dillon, se creó el Banco Central (BCE). Pero la resistencia plutocrática fue tan aguda, que ese BCE no entró a funcionar.
Debió venir la Misión Kemmerer para que, con su asesoría e intervención, Isidro Ayora lograra la definitiva fundación del BCE, en 1927.
La emisión monetaria, el control de las reservas en oro, la fijación de las tasas de interés y del tipo de cambio, pasaron a manos del BCE. Como todo ello afectó los antiguos negocios privados, los banqueros pusieron el grito en el cielo. Nunca perdonaron la creación del BCE; pero pronto, los mismos banqueros aprendieron a controlar la institución a través de la toma de su gerencia y directorio.
Durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, conforme se afirmó el modelo empresarial de desarrollo neoliberal, el BCE fue debilitado como institución nacional y orientado por los intereses privados. La crisis bancaria entre 1998-1999 y el feriado bancario de ese último año, demostraron cómo los recursos públicos y los del BCE se utilizaron para el “salvataje” de la banca corrupta. Y la dolarización dio muerte al BCE nacido de la Revolución Juliana, porque pasó a ejercer otras funciones.
El manejo del dinero electrónico en manos del BCE, una de las importantes medidas de interés nacional, fue cuestionado por la banca privada, argumentando no solo que esa era una “función natural” suya y no del Estado, sino que, además, el BCE carecía de la “confianza” ciudadana.
La batalla contra el BCE finalmente la ganaron los bancos. En el futuro serán los únicos que manejarán el dinero electrónico.
En la historia republicana del Ecuador, la construcción del Estado, como institución rectora de los intereses ciudadanos más amplios, sólo se ha logrado entre avances y retrocesos. Y falta mucho más por lograrlo, siguiendo una orientación: los pocos gobiernos que construyeron la institucionalidad nacional, inevitablemente tuvieron que confrontar a los intereses privados imponiendo la autoridad pública sobre los simples negocios.
De manera que lo que ha ocurrido con el BCE y el dinero electrónico vuelve a plantear un asunto crucial en las ciencias sociales, con singular carácter histórico: ¿es el Estado el que impone los intereses públicos al sector privado o es el sector privado el que determina las políticas de Estado?
