La diferencia entre hacer un periodismo de opinión y un periodismo analítico estriba en que el primero expresa un deseo, una intención, el segundo confronta los hechos de la realidad. Expresar los deseos corresponde a una actitud política, por lo mismo interesada, subjetiva. Analizar los acontecimientos tiene que ver con una conducta fáctica, por tanto, concreta, objetiva. Deber ser y realidad real, nunca fueron necesariamente una misma cosa.
Algo similar ocurre entre la justicia y la política. La primera disciplina trata con hechos, la segunda sobre intenciones. Acaso por eso sea necesario hacer clara distinción entre realidad y fantasía, entre mentira y verdad, entre una acción politica y una acción legal, una acción proselitista y una acción periodística.
Los vertiginosos acontecimientos de la política criolla suelen ser abordados desde esas tres ópticas. A veces contradictorias entre sí, porque no es lo mismo ver los hechos de la realidad desde un prisma partidario que desde una óptica informativa, o jurídicamente desde la perspectiva del debido proceso, como suelen decir lo abogados.
Lo novedoso es que estos últimos años, la política -gesta noble de servicio comunitario, arenga justa por los derechos ciudadanos- devino en casos judicializables, es decir, cayó en el ámbito de la punitivo. Usted es la culpable, habría que decirle a la corrupción. Esa cultura de la ganancia fácil que no reconoce condición social, fronteras políticas o geográficas. Esa Gorgona de mil cabezas que, con sus tentáculos de medusa del mal, todo lo pervierte y desnaturaliza bajo la figura ilegal de acumulación indebida de propiedad privada con ribetes de coima, comisión pecuniaria, soborno, etc.
Más que en otros tiempos, ahora contaminados por actos de corrupción cometidos por Odebrecht, tan corruptora y corruptora como sus corrompidos-, la política tiene forma mediática y la justicia se asume políticamente. Una y otra tienen expresión en un periodismo hecho a la medida de los deseos y no de la realidad. Los acontecimientos de las últimas horas confirman esta fusión entre política y justicia, amalgamadas en el costal mediático que confunde lo aspiracional con lo real.
En un comunicado emitido por la Comisión Nacional Anticorrupción se narra cómo el abogado de la entidad, Dr. Felipe Rodríguez, viajó a Holanda a recabar instrucciones a fin de entablar un juicio por delitos de lesa humanidad en contra del ex presidente Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Las motivaciones políticas alegan “más de cien casos de persecución, secuestros y asesinatos”, presuntamente cometidos en el gobierno anterior. Por coincidencia -o no- Rodríguez es abogado del activista Fernando Balda, opositor al régimen de Correa. Además, fue defensor del Teniente Coronel Eduardo Parra, sentenciado por “el caso de venta de pases policiales en la Policía Nacional”
Aquí terminan los visos de realidad y empieza a primar el cariz de los deseos. Ambos clientes de Rodríguez son presentados ante la corte de La Haya como prueba de presuntos “crímenes de lesa humanidad”, con intención de demostrar un delito, supuestamente, cometido por Rafael Correa en contra de estas y otras personas.
El “infalible abogado” Rodríguez -como lo califica el comunicado- anhela ver en la cárcel a Rafael Correa por el resto de su vida, por eso busca una sentencia de cadena perpetua. Ese mismo deseo comparten quienes están detrás de la cabeza de Jorge Glas, eslabón de una cadena de corrupción que, suponen, alcanzaría al mismo Correa.
El primer eslabón de esa cadena es Carlos Pareja Yannuzzelli, de regreso en el país, anunciado en un tuit por Lenin Moreno, en los siguientes términos: “En pocos minutos se entregará Carlos Pareja Yannuzzelli para responder por sus acusaciones, comprometiéndose a colaborar con la justicia”. Acto seguido, Moreno agradece el “compromiso de Pdte. de Asamblea en la lucha contra la corrupción al actuar como intermediario en la entrega de Capaya”.
¿Corresponde ese rol de “intermediación”, en este caso, a José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional? Otra vez política y justicia, entreveradas en un mismo saco.
Pareja Yannuzzelli viene a Ecuador trasladado desde Miami, donde se encontraba prófugo de supuestos delitos de corrupción cometidos en su calidad de alto ejecutivo de la empresa estatal petrolera ecuatoriana. Capaya, -como lo bautizó la prensa- regresa amparado en el acuerdo de “colaborar con la justicia”, a cambio de benevolencia en las penas que le imputaría la sentencia.
Otra vez la realidad trastocada por los deseos. Capaya será testigo de cargo o colaborador policial en contra de Jorge Glas, y sus abogados esperan que haga declaraciones comprometedoras para el vicepresidente de la República. El quid del asunto está en que las denuncias o delaciones dichas al calor del furor político, deberán ser probadas bajo el frío análisis de la investigación fiscal en el debido proceso judicial. Para que eso suceda y Glas sea sometido a juicio penal, primero debe perder su inmunidad por decisión de la Asamblea Nacional, y ese es otro cantar. Ante una disyuntiva de esa índole, el bloque legislativo de Alianza País -aliado eventualmente a la bancada de la derecha que busca la cabeza de Glas- puede dividirse y fracturarse, incluso, orgánicamente con imprevisibles consecuencias.
Los hechos de la realidad en estos días, delaciones de Capaya contra Jorge Glas y juicio de la comisión anticorrupción contra Rafael Correa, son dos caras de la misma moneda. Dos tácticas de una sola estrategia. Dos deseos en contra de similar realidad. He ahí los “porfiados hechos”, que decía Lenin -el ruso-, acaso choquen con los deseos de Lenin, el ecuatoriano.
