Cuando Montesquieu diagramó la teoría de la división de poderes del Estado, para evitar que la concentración degenere en tiranía y asegurar la libertad de los individuos, seguramente, nunca previó la posibilidad de que esos poderes, entrados en crisis de representatividad, se neutralizaran unos a otros. Las funciones del Estado, -ejecutiva, legislativa y judicial-, pilares de la sociedad burguesa en las democracias formales, acusan un estado crítico precisamente, porque la democracia viabilizó la lucha política por el poder, a través de estos poderes.
Pero no solo a través suyo. Como actores políticos emergen otros sujetos institucionales, las empresas mediáticas, la iglesia, organismos de control, sectores organizados de participación ciudadana, la academia, entre otros protagonistas, que se muestran también activos en la confrontación ideológica. Fruto de esta dinámica, Ecuador asiste hoy a una crisis de credibilidad en los poderes del Estado, que hace perder la necesaria referencialidad que debe ostentar cada una de las instituciones que concurre al hecho público.
En los actuales momentos los referentes axiológicos, -léase valores éticos e ideológicos-, pretenden recaer en manos de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General, supuestos rectores de la vida cívica del país. A través suyo, es que transitan la “legalidad y la ética”; lo que no es ungido por estas instituciones, no existe, como si no hubiera otros referentes en la trama del tejido social y la convivencia nacional.
La lucha por el poder, convertida en cuestionamiento de la moral y de la práctica del contrario en un entorno infestado de corrupción, busca el descrédito de personas e instituciones a las que se trata de vincular con empresas corruptoras, -como Odebrecht y otras-, que han mostrado una inconmensurable capacidad de desnaturalizar el carácter mismo de la nación.
A tal punto que, instituciones como las Cortes Constitucionales, las universidades, la Conferencia Episcopal, la prensa nacional, y otras, han perdido su capacidad de ser el referente del pensamiento reflexivo y formativo nacional. Ahora resulta que son los organismos de indagación policial los encargados de dar cuenta de nuestra buena condición ciudadana. Indagaciones fiscales, informes de contraloría, dictámenes políticos emitidos por estos organismos de poder son los que perfilan el carácter punible, o no, de nuestros actos. Ya no son los gestores del pensamiento, de la creación artística, de la generación de valores, los llamados a perfilar al ciudadano ideal. Ya no hay que oír a quienes, con su sensibilidad y humanismo den razón del ser social e individual, para eso están los identikits policiales que indagan la ficha infrahumana que esconden sus expedientes. Acabamos de vivir una decada en que un proceso revolucionario que no generó certidumbres, demostró ser de una fragilidad clamosora. Ahora sus oponentes «pescan a rio revuelto» -como dicen analistas de la talla de Juan Paz y Miño, en una realidad de «vértigo», como calificó Fenando Casado, a la actual coyuntura política.
Todo se ha vuelto -o lo quieren volver- relativo. Todo precario y escurridizo para que terminemos desconfiando hasta de nuestra propia sombra. Ahora hay que andar armado, al menos de una mordaz suspicacia, contra las sospechas de nuestros propios amigos y camaradas. En la sociedad del descrédito, un Estado que no confía en sus instituciones, es un país que dejó de creer en sí mismo. Nos hacemos un harakiri moral de tal magnitud, que no es difícil ver el fondo de nuestras entrañas corroídas por el vértigo de lo incierto y la duda.
Vivimos un thriller político, amplificado por el talkshow mediático. Ahora hay que creer al patrañero editorial de prensa que se arroga el derecho de establecer la solvencia ética de los ciudadanos e instituciones. Vivimos a expensas de un alucinante vaivén de acusaciones, cualquiera se yergue en juez a priori, para declarar culpable al enemigo político, sin mediar el debido proceso. En esta cacería de brujas, sí cobra entonces protagónico sentido de escándalo lo que diga la polícía, lo que indague el fiscal, a quién linche la prensa o aquello que averigüen los aparatos de inteligencia política, a la hora de juzgar y colgar en la plaza pública al contrincante caído.
Vivimos una descomposición social que nos lleva al despeñadero como nación, de no mediar la inteligencia mínima para dirimir entre lo verdadero y lo falso, entre lo cierto y lo incierto en materia de comunicación mediática, digital, e incluso, interpersonal. Como editorializa hoy el Estado, a través de sus medios públicos trastocados «se evapora de a poco el país acostumbrado a no tener juegos dialécticos y reflexiones reposadas; ese país mediatizado por la propaganda que no tuvo freno conceptual y limites éticos, como exige una sociedad democrática, de voces distintas y diversas».
A cambio, ahora el rumor es el mensaje, sin importar la fuente con tal de impactar en el destinatario. Todo vale, cualquier chisme es reproducido indiscriminadamente, con mórbida premura, con proterva intención a manera de catarsis y desfogue emocional, sin importar las consecuencias de la calumnia. Ahora da igual decir que Lenin Moreno fue apoyado en su campaña por empresas como Juan El Juri que, a través del banco de Curazao, lavó mil millones de dólares. O afirmar que el vicepresidente, Jorge Glas recibió de Odebrecht más de 14 millones de dólares. Ahora da lo mismo creer en la palabra de un delincuente de cuello blanco, que en la de un estadista que se pone al frente de las mentiras.
Si hay algo que nos enseñó Odebrecht, es que no teníamos sólidos pilares en los cimientos de nuestra nación. No fuimos concebidos con armadura contra la sugestiva tentación de hacer de la corrupción nuestra forma de vida. Nos cogió en curva esta empresa constructora de ignominia, a sabiendas de que, en nuestra debilidad ideológica, prolifera su poder corruptor. No era lo mismo encontrar una nación blindada por una cultura de la honradez, que un país en la orfandad ética, huérfano de valores. Acaso la mayor deuda cultural del Estado es no haber construido esa erudición de buena fe, que engendre otro ser nacional bajo la égida de una ideología de nuevo tipo, que haga posible el nacimiento de un hombre nuevo. Y aquí vamos, sin atrevernos a creer en nosotros mismos, con la sospecha a flor de piel y la duda hasta el tuétano de la entidad nacional. Ese, acaso, sea el peor estigma de la institucionalidad perdida.
