Nada está dicho en la vida. Menos aún en la existencia de un país como Ecuador que está redefiniendo sus políticas públicas, a partir del nuevo gobierno de Lenin Moreno. Y en el campo de la comunicación de masas, el país no es la excepción. La actitud presidencial de entendimiento con todos los sectores políticos da otros frutos con la designación de nuevas cabezas visibles en los medios estatales. En concenso, o no, al interior de sus propias fuerzas políticas, Moreno decidió remover cuadros directivos de la comunicación pública, en el afán de dar una nueva línea editorial a los medios informativos del Estado. Y lo que en un momento fue una polémica, la designación de un nuevo director del diario El Telégrafo, se convirtió en una confirmación, luego de que dicho nombramiento en la persona del periodista chileno Fernando Larenas, fuera cuestionada desde las filas del movimiento oficialista Alianza País, según versión del periódico virtual Ecuadorinmediato.
Superado el impase, el diario estatal muestra nuevo rostro en la dirección y en la línea editorial que regirá su contenido, a partir de la presencia de su flamante rector que con anterioridad había ocupado cargos en medios privados. La nueva línea de El Telégrafo expresada en texto escrito, de puño y letra, por Larenas en calidad de director, amerita una reflexión desde los medios independientes como LAPALABRABIERTA.
En lo cierto está Larenas cuando afirma en su editorial del 19 de julio, La necesidad de los medios públicos que, “los medios públicos fueron creados en la década anterior frente a una necesidad de garantizar el acceso libre y masivo a la comunicación”. Situación aspiracional que en la cruda realidad no se ha cumplido, puesto que, los medios públicos en su afán de reflejar una política del Estado -no del gobierno-, en la última década tuvieron una clara definición acorde con los intereses de un Estado regentado por la revolución ciudadana. En esa medida, el “libre acceso a la comunicación” estuvo y estará siempre mediatizado por el proyecto político del Estado vigente.
Si, Lenín Moreno, anhela -como explica Larenas- “que los medios públicos alcancen a toda la sociedad”, tendrá que permitir el acceso en doble vía. El periódico estatal está llamado a entrar en los hogares de todos los ecuatorianos y éstos, consecuentemente, deberán aceptar libremente los contenidos del periódico. Y para que ello ocurra el medio público debe reflejar los intereses de “todas y todos” los ecuatorianos sin distingo de raza, condición, ni credo. Esa situación anhelada por el presidente no solo depende del director del diario, o del público, sino también de sus opinadores, editorialistas y reporteros que, según Larenas, ahora serán admitidos en calidad de “voces dispuestas a aportar con ideas constructivas en esta nueva etapa de cambios y desafíos”.
Si las opiniones editoriales de El Telégrafo van a ser “refrescadas también con nuevas voces que coincidan con los anhelos que en la actualidad demanda la sociedad”, éstas deberán ser el buen reflejo de la infodiversidad, es decir, del contraste de miradas sobre un mismo hecho o tema. Puesto que, si bien es cierto, no hay verdades absolutas, la verdad es una sola, pero frente a ella perviven diversas versiones.
Ha llegado la hora de sumar, dice Larenas en su editorial y tiene razón. Mejor aún, multiplicar, de modo que los múltiplos enriquezcan cualitativamente los contenidos del resultado de esa operación, no solo en términos numéricos, sino políticos en el mejor sentido del término entendido como una visión de país. En otras palabras, no voy a sumar, a cuenta del entendimiento, posturas reñidas con un elemental sentido humanista, por ejemplo, una exégesis apologética de la explotación del hombre por el hombre, la propiedad privada defendida a ultranza en desmedro del bien común, la exclusión social o racial, la desigualdad económica, la represión política, entre otros desvalores del capitalismo vigente.
El director de El Telégrafo, escribe “aquí está un medio público dispuesto a apoyar las ideas positivas, no importa de dónde vengan”. Sí importa de donde vengan, no es lo mismo un pensamiento solidario que otro violentista, no es igual una idea libertaria que otra represiva. Habrá que ver de dónde provienen las nuevas voces que se dice se expresaran en El Telégrafo, que estamos seguros, deberá tener en consideración que la comunicación -por ley y por justicia- es un derecho social y un bien público por excelencia.
