¿Es la corrupción consustancial al poder en el Ecuador? Esta es una pregunta connotativa, puesto que, al formularla se tiene la doble percepción ineludible de que el ejercicio del poder implica per se actos de corrupción, cuando no, el propio advenimiento al poder tiene una génesis corrupta. Una revisión de los anales históricos de los gobiernos ecuatorianos en el periodo democrático que se inauguró en 1978, confirma que son excepcionales los momentos que escapan a los tentáculos de la corrupción en sus múltiples formas públicas y privadas.
Una historia silente, la versión oficial de esa historia, ha ocultado sistemáticamente los escándalos de descomposición política provocados por la ambición económica de quienes ejercieron el poder en el Ecuador democrático. El mapa nacional tiñe de deshonestidad gubernamental, en mayor y menor grado, según la historia y geografía del país y la procedencia de los diversos gobiernos.
La corrupción viene definida como “soborno, coima o peculado, es la acción y el efecto de corromper; es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, seducción, depravación, perversión y desmoralización”. En la historiografía política del país la corrupción ha estado presente en la gestión estatal y privada del campo social o político en “acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros”. Se trata de prácticas reñidas con la ética y el bien común cometidas por responsables de la toma de decisiones. Corruptos son presidentes, ministros, gerentes, asesores, directores, diputados, técnicos, concejales, asambleístas, jueves, alcaldes, secretarios, dirigentes, magistrados, dirigentes políticos, que hacen uso del poder en beneficio privado o personal para ejercer influencia ilegal.
Los casos más sonados de corrupción en el Ecuador tratados en un informe de la Comisión Anticorrupción al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, destacan hechos ocurridos en las décadas de los años ochenta y noventa. El bullado caso Peñaranda que denominaba las irregularidades en el manejo de la cuenta 8110 de la Presidencia de la República de «Inversiones y Aportaciones Especiales del Estado», es uno de los hechos más notorios del abuso del poder. De igual modo, diversas contrataciones irregulares de personal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son parte del entramado de corrupción estatal. En el Banco central, el pago de salarios a personal contratado, pero que no asistieron jamás a ejercer función alguna era una práctica común de esa institución en los años ochenta y noventa. La existencia de “aduanas paralelas” implicó la operación de una red de corrupción formada por empleados públicos y privados en gobiernos anteriores. Y las irregularidades en la contratación de obras civiles en el trasvase de aguas La Esperanza-Poza Honda, son casos prohibidos de olvidar.
El caso de la Comisión de Tránsito del Guayas constituye un capitulo singular de abuso de poder político, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en una red de corrupción de la mencionada entidad en la que estaban comprometidos funcionarios públicos y privados. La entrega irregular de frecuencias de radio y televisión fue un procedimiento que la Comisión comprobó y denunció como la concesión ilegal a testaferros que escondían algunos representantes del poder político ecuatoriano, pagando favores y permitiendo su enriquecimiento.
El desprestigio del antiguo Congreso Nacional, fue un hecho motivado por la práctica persistente del Piponazgo, es decir, la presencia de «pipones» o personal contratado, pero que no califica para el cargo o no asiste a su trabajo y sin embargo cobra su remuneración. Para dicho efecto se creaban Comisiones Ocasionales que, supuestamente, justifiquen la contratación.
Esos son algunos ejemplos de cómo la corrupción en el Ecuador, históricamente, ha corroído las bases mismas del Estado contaminando a sus tres funciones -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, así como a los gobiernos seccionales y también los organismos de control como se ha demostrado. En términos conceptuales, la corrupción en Ecuador tiene expresión histórica referida al destino de las finanzas públicas y la recaudación de tributos como los dos sectores mayormente afectados. Destaca el manejo ilegal de las aduanas como un síntoma crónico de corrupción en el país, organizado muchas veces desde las propias esferas de control. Esta práctica contó con la complicidad, anuencia y protección del sistema político y participación de personas del sector privado.
Otro de los ámbitos en que la corrupción se volvió una práctica consuetudinaria, es la contratación pública inmoral y deficiente, en la que el soborno a funcionarios que agilitan, designan o conceden contratos, es pan de cada día en todos los gobiernos de la república, favoreciendo sin discriminación a empresas nacionales o extranjeras. Los organismos de control encargados de realizar auditorías, -Contraloría General del Estado, Superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones- y ejercer vigilancia a entidades y funcionarios han sido, por demás, un suculento botín político en todos los regímenes. Estas instituciones en manos del poder han servido, además, para denunciar y perseguir a los enemigos políticos de turno y perdonar a los infractores.
En el sector judicial la corrupción es también practica predilecta de jueces, secretarios, amanuenses y abogados en libre ejercicio de la impunidad de quienes han violado la ley. La compra venta de justicia es una práctica endémica del país, así como la designación de jueces adictos a tal o cual ideología con notorio compromiso político con el que ejerce el poder de turno. La corrupción política ha tenido puntos de partida en escandalosas campañas electorales, millonarias empresas que se han dedicado a comprar conciencias y vender promesas ampulosas, cuyo principal objetivo es captar el poder. Sin dejar de mencionar los casos en que los dineros han provenido directamente de fuentes ilícitas como el narcotráfico o grupos paramilitares irregulares.
La empresa privada no sale tan campante de este panorama devastador de corrupción criolla. Un importante sector empresarial es el principal beneficiario directo de los actos de corrupción cometidos en su relación con el Estado. Por tanto, la empresa privada ha estimulado y silenciado los actos de corrupción. En el entramado de la gestión laboral privada y pública, tampoco la organización sindical está libre de las prácticas de chantaje con amenazas de paralización de labores, a cambio de obtener jugosas ganancias o contratos colectivos en perjuicio de los intereses fiscales ecuatoriano.
En una síntesis de causas y motivaciones de la corrupción, la Comisión señala un persistente deterioro de valores éticos, unido a un bajo índice de cultura política en el marco de una escasa participación ciudadana. El centralismo administrativo del Estado y la maraña tramitológica han facilitado el surgimiento de la corrupción, hay que pagar por debajo de la mesa para ser atendido con más eficiencia. La impunidad judicial recurrente frente a los actos de corrupción, es otra causa que fomenta la práctica de actos reñidos con la ley. Sumado a esto, influye la escasa formación profesional del personal y la politización de los funcionarios judiciales. Como corolario pervive un sistema político generador, alimentador y beneficiario de la corrupción con fines de apropiación indebida de la propiedad privada y pública. La corrupción es el mayor mal que puede soportar un país, enquistada en las bases mismas de la sociedad, reproducida por un sistema político, con la complicidad del silencio mediático y la connivencia judicial. Así es obvio y pertinente reconocer que el poder nace de la corrupción y la corrupción sobrevive en el poder.
