El tema de las implicaciones de corrupción ha provocado un nuevo terremoto en Ecuador, cuyas consecuencias aun no tienen un grado certero de intensidad en la escala de los impactos políticos. Tampoco se conocen cuántas réplicas resistirá la sociedad ecuatoriana, luego del primer remezón que comenzó con el operativo y redada ordenados por la Fiscalía en empresas, domicilios particulares y hoteles en busca de evidencias e implicados en los casos de sobornos cometidos por la empresa brasilera Odebrecht en el país.
Las miras telescópicas de la Fiscalía se concentran en la Contraloría del Estado, cuyo principal Carlos Pólit que se encuentra en Miami con licencia médica, está siendo investigado por presunto delito de concusión, en relación con el caso Odebrecht. Mientras tanto la ciudadania observa las decisiones adoptadas por el organisno de control que deberian ser tomadas al amparo de la ley, el rigor investigativo y el imperio de la ética pública.
¿Qué hay detrás de las polémicas decisiones de la contraloría?
En el fondo subyacen hechos, presumiblemente relacionados con decisiones polémicas adoptadas por la Contraloría, y que están siendo replicadas por los actores involucrados. Circunstancias que van desde informes que detectan presuntos usos indebidos de los fondos recabados para enfrentar la emergencia del terremoto, hasta la propia designación del contralor a la cabeza del organismo de control, son hechos bajo observación ciudadana.
En informaciones de prensa trascendió que Contraloría determinó que el fondo asignado a damnificados del terremoto se usó en otros rubros. Según versión de El Comercio, “el informe examinó el uso de USD 45,59 millones que transfirió el Ministerio de Finanzas a otras seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016. La suma más alta no justificada es USD 6,3 millones que destinó el Ministerio de Defensa a las Fuerzas Armadas. Ese dinero provino de un Préstamo Contingente del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), que se hizo efectivo tras el sismo. Se trata del préstamo EC – X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno en el 2012 para gastos ante desastres naturales. Según el BID, para la emergencia se entregaron USD 160 millones. En el contrato de ese préstamo se especificaron los fines para los que no deben utilizarse estos fondos. Precisamente a una de estas cláusulas, la 2.07, se refiere la Contraloría. Según este documento, no podían hacerse gastos “en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior a USD 10 000 (…)” o “gastos en bienes para uso de las Fuerzas Armadas”.
No obstante, -según la versión de prensa- las FF.AA. hicieron siete transferencias por un total de USD 6,2 millones para adquisición de bienes como lubricantes y mantenimiento de vehículos, equipo de búsqueda y rescate, raciones alimenticias de combate, entre otros. Finanzas justificó el uso de ese dinero ante la Contraloría amparándose en un instructivo creado para que “cada ministerio sepa cómo administrar los recursos del préstamo”.
El informe de 64 páginas emitido por Contraloría, incluye otros detalles; y en él se señalan 12 observaciones a los ministerios Coordinador de Seguridad, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, del Interior y a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Una observación al Fondo Rotativo de USD 300 000, de cuyo monto se justificaron USD 4. 921 para “la compra de porta documentos, flash memories, 100 vasos plásticos y ‘snacks’ como Manichos, Stevia, Pringles”. El Viceministro de Defensa argumentó a los auditores que el dinero de ese fondo serviría “como un mecanismo de solución de imprevistos por la situación de emergencia”.
El informe observa, además, al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES “por no haber registrado en actas las donaciones para los afectados. A esta entidad también se le responsabiliza por la compra de kits de alimentos e insumos por USD 7,7 millones, a través de 15 contratos”. Las autoridades del MIES no pudieron justificar ante la Contraloría la existencia de estas ayudas ni su distribución.
Un reemplazo cuestionado
Carlos Pólit, ante el cónsul ecuatoriano en Miami -Eduardo Rivadeneira- declaró que está “legalmente haciendo uso de sus vacaciones” y que “el pasado 25 de mayo suscribió una acción de personal con la que removió del cargo a su segundo a bordo”. Ese día procedió a nombrar a Sabett Chamoun Villacrés, como su reemplazo para que lo subrogue en funciones desde el 2 de junio. La decisión de Polit desató el caos en la Contraloría y el rechazó de Pablo Celi, quien se negó a abandonar sus funciones de subcontralor, y, además, participó en una reunión convocada por presidente Lenin Moreno para analizar las estrategias anticorrupción.
El Contralor Carlos Polit está en camino de ser enjuiciado, políticamente, por la Asamblea Nacional y, en caso de ser destituido, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará otro proceso para designar al nuevo Contralor por concurso público de méritos, oposición e impugnación. Por lo pronto, su actual reemplazo en la persona de Sabett Chamoun, sigue siendo un hecho que agita el avispero.
En el portal datocertero.com se publicó una información donde se señala: “La redacción de este medio ha recibido información por parte de fuentes cercanas al Contralor General del Estado, Carlos Pólit, que evidencia un alto conflicto de intereses en el nombramiento de Sabett Chamoun, como encargada de la Contraloría por parte de Pólit. La evidencia indica que Chamoun habría sido nombrada por el contralor con el objetivo de cuidarle la espalda respecto a su vinculación con Odebrecht”. La noticia del portal establece que “La hermana del contralor, María Elena Pólit Faggioni, está casada con Germán Rodríguez, este último es socio de Yesmin Chamoun Villacrés como accionistas de la compañía Consultasesoria S.A., Chamoun es hermana de Sabett Chamoun, funcionaria encargada por Pólit para quedarse al frente de la Contraloría”.
La publicación continúa señalando que “Frente a la compañía, estuvo Sabett Chamoun, como Gerente General en el año 2013, previo a su ingreso a la Contraloría General del Estado, institución que ahora pretende dirigir, por encargo de Pólit, en su ausencia del país. Sin embargo, lo realmente escandaloso dentro de todo este esquema de nexos comerciales, son las vinculaciones de la empresa con Odebrecht, ya que recibió depósitos por parte de la constructora, por un monto de alrededor de 500.000 dólares de acuerdo a documentos que este medio ya ha presentado en investigaciones anteriores. La contralora que quiere imponer Polit, está vinculada con los negocios de Odebrecht y Pólit a través de sus familiares”.
¿Es esto cierto? El portal adjunta dos fotografías de documentos supuestamente probatorios.
Las decisiones de la Contraloría continúan bajo observación ciudadana, como un escenario en el que jamás debió existir sombra alguna de dudas sobre sus procedimientos de control, basados en informes técnicos, decisiones alejadas de la presión de los poderes fácticos y estricta observancia de las leyes y de la ética como rectoras de la convivencia nacional.
Frente a estos hechos, la Fiscalía tiene una gran tarea pendiente: establecer responsabilidades, identificar a los involucrados y detectar la flagrancia de delitos que guardan relación con la existencia de actos ilegales, de encubrimiento o de complicidad con procedimientos antiéticos, cometidos desde la esfera del Estado o de la actividad privada.
Ecuador de brazos abiertos, debe también abrir los ojos para detectar desde los organismos de control, fiscalización y vigilancia ciudadana, todas y cada una de las evidencias de actos irregulares y juzgar, con el máximo rigor de la ley a los responsables de someter al país a los perversos designios de la corrupción que amenaza con provocar un sismo en capacidad de estremecer, peligrosamente, los cimientos de la nación.
