La Fiscalía de la nación ha establecido los roles de los presuntos implicados en la investigación del caso Odebrecht y determinó que cuatro empresas sirvieron de camuflaje para los “millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para beneficiarse de contratos en Ecuador”. Las indagaciones han detectado trasferencias electrónicas por cinco millones de dólares y la entrega de ocho millones en efectivo. Estas cifras son la evidencia que estableció el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano, SRI, y la UAFE, Unidad de Análisis Financiero, como “montos inusuales” e injustificados en la asociación ilícita que involucra presumiblemente a seis detenidos en el operativo policial de este fin de semana.
Entre las empresas identificadas por el SRI está Transpyase dedicada a dar servicios de transporte y que, según la Superintendencia de Compañías, registró un patrimonio de 380 mil dólares y tuvo ventas por USD 58 millones a Odebrecht, pero la UAFE detalló ingresos por USD 52,8 millones. La diferencia de USD 5,2 millones no ha sido justificada. Además, Serviciconty, es otra empresa identificada por la investigación, junto a Diacelec y Equitransa que habrían facilitado el pago de coimas como proveedoras de Odebrecht. La constructora brasilera habría entregado USD 8 millones en efectivo a Diacelec, la cual recibió el dinero de otra compañía en el exterior y procedió cobrar dinero en efectivo en la suite 156 de la torre B del Swissôtel.
Ricardo Rivera A., pariente de Jorge Glas, es sindicado como acreedor de Diacelec, junto a Carlos Alberto Villamarín, funcionario público. La Fiscalía presume que Villamarin tiene una actividad económica inusual en sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), cargo desde el cual cambió las bases de los concursos favoreciendo a Odebrecht. Villamarin habría recibido un pago de USD 23.731 de parte de la Oficina Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), cliente de Odebrecht en Manabí. Rivera, en cambio, habría recibido sobornos de la constructora brasileña que equivaldrían al 1% de todo contrato que suscribió en el país.
Equitransa, es otra empresa que realiza ventas a Odebrecht por USD 31,9 millones, pero la UAFE registra ingresos por USD 27 millones, quedando sin justificar USD 4,9 millones. Las investigaciones establecen que a través de Equitransa se pagaron las coimas a intermediarios que conectaban a Odebrecht con funcionarios públicos para concretar la adjudicación de contratos. Los empresarios que hacían, presumiblemente, esta función son A. José Terán Naranjo, hijo del exalcalde de Latacunga, y a Gustavo Massuh, empresario guayaquileño, ambos como intermediarios entre Odebrecht y funcionarios públicos.
Massuh es identificado como accionista de siete empresas del sector agroindustrial y otras cuatro en disolución. Es propietario de cinco ‘offshore’ en Panamá (Mocayocorp LLC., Nispercorp LLC., Manisper Overseas, Gumar Overseas y Emalcorp) y una en Islas Vírgenes Británicas (Clane Managment Inc.). Los presuntos intermediarios involucrados en esta supuesta organización delictiva fueron vinculados con contratos de Odebrecht con la Refinería del Pacífico, sistema Daule-Vinces, poliducto Pascuales-Cuenca y Acueducto La Esperanza, Manduriacu. La investigación fiscal prosigue, para identificar y establecer los roles de todos los participantes en la escandalosa danza de los millones de Odebrecht.
