La empresa brasilera Odebrecht fue denunciada internacionalmente por el portal informativo chileno El Ciudadano, como la instigadora de una venganza política en marcha, perpetrada en contra de altos funcionarios del gobierno ecuatoriano. Luego de la declaración de los ejecutivos de la constructora de haber entregado 33.5 millones de dólares a funcionarios en Ecuador, para obtener a cambio preferencias en la contratación de obras públicas, hoy se menciona en una supuesta lista a un grupo de personas relacionadas con el régimen de Rafael Correa y, ahora, con el presidente Lenin Moreno Garcés.
Odebrecht, vinculada a las actividades políticas y económicas de la Central de Inteligencia Americana, CIA y del Banco Mundial fue desenmascarada -por el medio chileno- en clara colusión con los intereses del gobierno de los Estados Unidos, accionista de dicha entidad financiera. El ejecutivo de la constructora brasilera, Marcelo Odebrecht, delincuente confeso y condenado, habría mencionado en su testimonio a líderes y funcionarios ecuatorianos. La lista de Odebrecht es la expresión de venganza del principal de esta constructora -Marcelo Odebrecht- porque el Estado ecuatoriano le adeuda más de 200 millones de dólares y la expulsó del Ecuador al ser descubierta en actos reñidos con la ley.
En la lista se mencionan al “expresidente Rafael Correa Delgado, al actual mandatario Lenín Moreno Garcés, al Vicepresidente Jorge Glas, al alcalde de Quito Mauricio Rodas, Mauro Terán, al ex asesor presidencial Alexis Mera, al actual ministro Eduardo Mangas, a su esposa la canciller María Fernanda Espinoza, a los exministros Alberto Acosta, Augusto Barrera, Gustavo Larrea, Alecsey Mosquera, Esteban Albornoz, Rafael Poveda, Carlos Pareja, Pedro Merizalde, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, Carlos Bernal, José Icaza y al tío del vicepresidente de la República Ricardo Rivera”, entre otros. Es claro y notorio que en dicho proceso no constan las pruebas pertinentes que sustenten lo señalado. Analistas brasileros consideran que se trata de un chantaje hacia el gobierno del Ecuador para presionar al pago de los 200 millones y seguir manteniendo megaobras como la construcción del metro en Quito.
Visto desde la perspectiva jurídica, el montaje de Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel por delitos de estafa, corrupción y evasión de impuestos, forma parte de un complot dentro de las negociaciones que sostiene Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener la protección permanente y la disminución de la pena. La campaña contra Ecuador y sus autoridades, denunciada por el medio virtual chileno, incluye la desaparición de Odebrecht para tener credibilidad, tan igual como han procedido mañosamente en otros casos donde han tumbado gobiernos democráticos y progresistas, e incluso la CIA ha asesinado miembros de su propio grupo, para culpar a los sectores de la izquierda y condenarlos o desprestigiarlos públicamente.
Según el portal informativo sudamericano, “Odebrecht es una empresa privada que surgió en el gobierno de la dictadura militar de Brasil en 1970, con estrecha vinculación a la CIA y con el Banco Mundial, cuyo principal accionista es Estados Unidos de Norteamérica, todo esto para chantajear a los gobiernos de la Región, ofreciéndoles créditos millonarios para grandes proyectos de obras que eran acaparados por Odebrecht. Concretamente, Odebrecht y el Banco Mundial trabajan juntos: cuando el gobierno de un país pobre tiene un proyecto de construcción de carreteras o represas generadoras o cualquier obra, Odebrecht ayuda a ese gobierno a conseguir el préstamo del Banco Mundial, logrando con facilidad, concretándose las contrataciones de obras y aceptando las condiciones impuestas. La constructora, definitivamente, trabaja para la CIA como una herramienta política para tratar de afectar la imagen de los gobiernos de izquierda”.
El medio digital reseña que Odebrecht había realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos de gobiernos en 12 países para obtener beneficios de contrataciones públicas, ese es el caso de Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, Perú, República Dominicana, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. En esa línea de acción, la constructora brasilera creó en los años ochenta una instancia destinada a disimular el entramado de coimas, llamada Caja B. Este departamento de sobornos, con sede en Brasil, fue dirigido por Concepción Andrade, bajo cuya secretaría vinculó a diversos líderes de la izquierda latinoamericana con actos de corrupción con claro afán de desprestigio.
Autoridades del Ecuador, líderes de opinión, organismos de control y medios informativos ecuatorianos, están en la obligación de discriminar la verdad de la mentira y poner freno a lo que se considera una descomunal campaña de venganza orquestada por la filarmónica de la corrupción, Odebrecht, en un nuevo concierto de falsedades al ritmo de los intereses de las mafias políticas y financieras internacionales. Es sintomático que la OEA, y otros conglomerados multilaterales, no reaccionen en contra de la amenaza que representa Odebrecht para la estabilidad política de la región y exijan a las autoridades brasileras poner fin a este tramado de corrupción. No puede ser creíble que una empresa privada tenga la impune capacidad de alterar el orden de todo un continente, pervertir diversas instancias institucionales de la región, luego de crear la enorme red de corrupción con fines de lucro privado que campea, sin ser desmantelada por los organismos políticos y jurídicos regionales.
