Esta es una pregunta pertinente, puesto que, la cultura comprende diversas manifestaciones creativas que se gestan en el país como continuidad de su proceso espiritual, material que forma parte de la carga de manifestaciones lúdicas, religiosas, políticas y económicas. De modo que, todo aquello histórico social que acontece, producto de la gestión humana, es cultura. Es propio decir que no solo hay la cultura, sino culturas, al menos en sus tres expresiones en la sociedad capitalista: la cultura culta y sus múltiples manifestaciones elitistas, la cultura popular y su diversidad consuetudinaria; y la cultura de masas, predominante a través de la reproducción mediática, y vigente en las diversas formas de transmisión mercantilizada del entretenimiento. La Ley de Cultura de Ecuador, aprobada a fines de 2016 en la Asamblea Nacional, nada dice sobre esta didáctica trilogía sugerida por Abdón Ubidia en su libro Referentes.
Por el contrario, la nueva ley cultural hace referencia a la cultura, en tanto recurso económico; un bien que de por sí, aporte al producto interno bruto, PIB ecuatoriano. El ex secretario de Educación Superior, René Ramírez, ha dicho que los artistas promueven la «economía naranja», es decir, de la creatividad, que genera cada año $ 1.100 millones y representa el 3,7% del empleo nacional. Ecuador es el tercer país de la región, luego de Argentina y Colombia, en aportar la economía naranja al Producto Interno Bruto.
Este paradigma cultural es develado por García Canclini para quien existen tres tendencias culturales en la situación latinoamericana: “la predominancia de las industrias culturales como actores en la comunicación y formación de la esfera pública, las cuales ya habían tomado un lugar más significativo que las manifestaciones artísticas y culturales tradicionales para las altas inversiones y que, contrario a las promesas que hace ahora el discurso de la ley naranja, en varios sectores de esa industria la producción latinoamericana se había reducido dramáticamente, como es el caso de la industria editorial, así como la del cine, producto de un proceso de transnacionalización y concentración de la propiedad de los medios de producción, a favor de empresas españolas”.
Coincidentemente, el mismo día que asumió el poder Lenin Moreno en Quito, 24 de mayo, se aprobó en Colombia la ley naranja que propicia las industrias culturales creativas que comprenden la generación de ideas y conocimientos. En ambos países subsiste la preocupación ante la supuesta vigencia de la economía naranja. Puesto que, si bien la economía de la cultura no existe al margen de las tendencias de la economía global, una ingente concentración de capital provocada por fusiones empresariales, consolida poderosas corporaciones que monopolizan el mercado y generan pérdidas de empleo en perjuicio de trabajadores de las artes y de la cultura.
Pero el rasgo más cuestionado de la llamada economía naranja, es una marcada tendencia a la privatización de los servicios y productos culturales. Se trata de un inexorable proceso de “enajenación del Estado con respecto a aquellos sectores de la cultura y el arte que requieren, por su naturaleza, de la inversión de los recursos públicos”. No en vano, la ley ecuatoriana asigna al Ministerio de Cultura el papel rector del sistema nacional de cultura y el fomento de las actividades culturales, a través de la aportación de recursos fiscales.
Sin embargo, el énfasis reconocido en el espíritu de la ley ecuatoriana sobre cultura, hace alusión a las industrias creativas como el cine, la música, la arquitectura, el diseño, los festivales, exposiciones en museos, entre otras actividades en capacidad de generar recursos. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el sector cultural y creativo representa más del 3% del PIB (Producto Interno Bruto), mientras que en el Ecuador las economías creativas pasaron de representar el 1% del PIB en 2007 al 2% en 2014.
Detrás de las cifras subyace la estrategia internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, plasmada en un documento adquirido a Felipe Buitrago que pone énfasis en el fomento «al talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural». El valor de bienes y servicios de esa industria radica en la propiedad intelectual sobre arquitectura, artes escénicas, artes visuales, diseño, cine, investigación, moda, publicidad, circos, música, nuevas tecnologías y artesanías. En Ecuador no existe aún la estadística confiable sobre industrias culturales existentes. Una “cuenta satélite” creada en la administración ministerial de cultura, de Erika Silva, socializó ciertos datos recabados en el último censo, pero se desconoce la dimensión de dicha industria cultural.
En los actuales momentos, con nuevo Ministro de Cultura estrenado en su cargo esta semana, y la expedición del reglamento de la ley de cultura, amerita una discusión nacional sobre la política cultural pública, con el fin de fortalecer al Estado y que el aporte del 2 por ciento al producto interno bruto de las industrias creativas, se refleje en la inversión presupuestaria que actualmente designe el gobierno al rubro de la cultura. No basta con una metáfora que encubra la real situación del sector cultural del país, no es suficiente la rima entre promesas que tratan de soslayar la deuda cultural del Estado con gestores y usuarios de la cultura. Hemos sobrevivido 10 años de revolución, sin revolución cultural. Es hora de poner fin a la anemia cultural que invade al ser nacional.
