Argentina está en pie de lucha en rebeldía contra un fallo de la Corte Suprema a favor de los represores de la última dictadura militar. Amplios sectores sociales, vinculados a la defensa de los derechos humanos, jueces y funcionarios repudian la medida de establecer una liberación generalizada de represores militares por el dictamen de la Corte. La opinión popular se expresa en los sondeos realizados por la Consultora de Imagen y Gestión Política y 9 de cada 10 argentinos está en contra de esta “amnistía encubierta”.
La crónica de prensa registra que, tras la resolución, numerosos represores pidieron beneficiarse con el fallo, lo que derivó en una repulsa social generalizada y la rebelión de tribunales inferiores. En la provincia de San Juan la justicia declaró “inconstitucional la medida y tres de los jueces de la corte que avalaron el fallo que le abre paso a la impunidad quedaron imputados en otra causa paralelamente”.
Las protestas generalizadas en todo el país desembocaron en una multitudinaria manifestación en la histórica Plaza de Mayo para repudiar el dictamen del máximo tribunal de la nación. En declaraciones para el medio público El Telégrafo, Taty Almeida, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo dijo que “es una manifestación de todo un pueblo, de toda una sociedad indignada y herida por este fallo judicial absurdo».
Las protestas populares en Argentina reeditan a las multitudinarias manifestaciones de los años noventa que rechazaron el indulto dado a los ex dictadores militares por el presidente Carlos Menen. Esta vez, la aplicación de la ley 2×1, favoreció a Luis Muiña represor condenado a 13 años de prisión. La polémica norma contabiliza por dos la cantidad de años que un detenido sin condena pasó tras su segundo año en la cárcel, en base de esa medida Muiña quedó en libertad.
La rebelión ciudadana contra este fallo alcanzó todos los órdenes de la sociedad, al punto que el Congreso reaccionó y limitó la aplicación del fallo judicial que reduce penas en delitos de lesa humanidad. Una mayoría absoluta de legisladores salió al paso a la Corte Suprema al “cruzar”, literalmente, una ley que limita la aplicación del llamado “2×1”, un procedimiento legal utilizado por los ex dictadores para quedar en libertad antes del tiempo de cumplimiento de sus condenas respectivas.
En Argentina se cumple, en la praxis politica popular, aquello de que el pueblo unido jamás será vencido. Las resoluciones parlamentarias no son dadiva del organismo legislativo, sino que son el fruto de la movilización popular en rechazo a una medida, desde todo punto de vista, injusta que no cierra las heridas sociales y, por el contrario, las abre aun sin estar cicatrizadas. La unidad mostrada por los legisladores en el consenso contra la resolución de la Corte Suprema, no se había visto hace muchos años en Argentina, y es el corolario directo de la voluntad popular impuesta al clamor de justicia.
Argentina hoy vive tiempos de convulsión social agudizada por decisiones de un Estado y sus representantes, en contra de los más elementales derechos humanos de la población, tanto en el campo económico, laboral, como político; y ahora en el terreno jurídico, con una ley que quiere perdón y olvido para los sanguinarios dictadores militares argentinos, en contradicción con la memoria colectiva de un pueblo que no olvida ni perdona, pero exige e impone justicia para los delitos contra la vida.
