El día de hoy Ecuador asiste a un hecho singular. Por primera vez, luego de una elección presidencial, la autoridad electoral realiza un reconteo de votos que equivale a poco más de 10% del total escrutado por el CNE. Y lo hace bajo la mirada del país y del mundo, que exigen transparentar lo sucedido con los resultados electorales del 2 de abril.
Un hecho, políticamente singular, que va más allá de las circunstancias administrativas o legales que atañen a la actuación del organismo electoral. Meses antes de la primera vuelta de febrero, la oposición al gobierno de Rafael Correa representada para el efecto por sectores de la derecha política y agrupadas en la alianza CREO–SUMA, concibieron un escenario electoral fraudulento con la intuición de que su candidato, el banquero Guillermo Lasso, no llegaría a ser elegido presidente de Ecuador. La fórmula es sencilla: si no hay ganancia, no hay juego, y si el juego no me favorece, pateo el tablero. Nada más antidemocrático para un sector político que hace gárgaras con las palabras democracia y libertad.
La estrategia de deslegitimar las instituciones del país, organismos reguladores y observadores de las decisiones populares, responde a la necesidad política de recuperar, contra viento y marea, el poder perdido luego de una década de revolución ciudadana que, obviamente, y por lo mismo, consideran perdida. Lo singular de estas circunstancias, es que la campaña de descrédito institucional responde a una estrategia aplicada con éxito en Venezuela, Argentina, Brasil, que tiene claros componentes desestabilizadores, basados en la generación de un clima de desconfianza ciudadana a todo lo que provenga del Estado. A tal punto se ha posicionado la idea de sospecha sobre el Consejo Nacional Electoral, que ahora las encuestadoras se yerguen como criterio de verdad de los resultados electorales y preferencias de los sufragantes.
Esta estrategia detenidamente planificada, orientada a deslegitimar de antemano los resultados de esta elección, no fue improvisada en último momento. Isabel Ramos, experta de Flacso en opinión pública, analizó que en estos comicios se vivió un fenómeno especial: “Las elecciones de 2017 se caracterizaron por la construcción previa, un año antes, de la hipótesis de que iba a haber fraude. Con cero elementos probatorios, documentación, fuentes diversas, contraste. Únicamente con periodismo de declaraciones”.
Este hecho demuestra, por una parte, la debilidad del Estado de ejercer autoridad ética y administrativa sobre el país; y por otra, el éxito de las empresas mediáticas al imponer a empresas encuestadoras como referente de opinión capaces de convertirse en “autoridad” electoral, en base de predicciones y muestreos aleatorios.
El posicionamiento de las encuestadoras como criterios de la verdad, es un hecho político tangible, desde el momento en que intervienen como actores políticos influyentes en la voluntad popular con una tendencia política. Al mismo tiempo, se venden como asesoras de los candidatos-clientes antes, durante y después de las campañas electorales. Las encuestas son instrumentos y las encuestadoras son elementos del tema político, ambos componentes vitales de una campaña electoral y de las aspiraciones de poder de los candidatos-clientes. La catedrática experta en comunicación, Palmira Chavero, señala que “las encuestas tienen un papel fundamental de transmisión de insumos para que el ciudadano tome una decisión”. Pero se trata de una decisión influida por el peso de las cifras, previas y posteriores a la elección, vertidas en encuestas y Exit poll. Para Chavero resulta extraño que las cifras cambien abruptamente en pocos días. “En tan solo 10 días Guillermo Lasso no solo iguala a Lenín Moreno, sino que la encuestadora (Cedatos) dice que lo supera”, afirmó Chavero, para quien este es un fenómeno “estadísticamente imposible”.
El reconteo de casi un millón 250 mil votos que se realizará el día de hoy en Quito, es el reflejo de un Ecuador que debe reiterar la confianza en sus instituciones. No es admisible que la duda en el país, sea el apelativo usado por los aspirantes al poder de la nación. Ni menos permisible es que “oráculos electorales” afecten la fe pública, en concordancia con determinados intereses privados. Ecuador debe rechazar un reconteo total de votos como estrategia del descrédito de la voluntad popular.
