Ecuador se encuentra frente a la disyuntiva de renovar autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo mediante el voto ciudadano en las elecciones generales del próximo domingo 19 de febrero. A diferencia de otros recambios presidenciales o parlamentarios, esta vez la nación asiste a un debate trascendental sobre la certeza de avanzar o el riesgo de retroceder, es decir, está en debate el futuro del Ecuador, según la lúcida reflexión de Fander Falconi.
Y los rasgos de la decisión cívica más importante de los últimos diez años, emergen en la memoria insumisa que nos recuerda que el mayor éxodo de ecuatorianos obligados a abandonar el país natal es un estigma que sigue lacerando la conciencia nacional. No existe habitante de esta nación que no cuente un amigo o un familiar emigrado a los EE. UU o Europa, agobiado por las consecuencias del feriado bancario, operación con que las entidades financieras, -para evitar la quiebra masiva-, congelaron o retuvieron los depósitos a millones de ciudadanos en 1999.
Nunca ha pesado tanto el pasado sobre el futuro del país. A la debacle económica provocada por las políticas neoliberales de la oligarquía financiera, habría que sumar la inestabilidad política de un país que en diez años -entre 1996 y 2006-, recambió 8 presidentes por la vía del golpe de Estado o elecciones forzadas. Esas circunstancias coyunturales son apenas el reflejo de la tragedia que tuvo orígenes tres décadas atrás, cuando los gobiernos de Oswaldo Hurtado y Yamil Mahuad favorecieron a los grupos económicos que representaban. En el caso de Hurtado, el proceso de “sucretización” en 1983, implicó que el Estado asuma la deuda externa privada, con perjuicio para la economía fiscal por un valor de $ 4.462 millones. Luego del feriado bancario vino el segundo golpe mortal al erario nacional. Yamil Mahuad emprendió un salvataje bancario -con un rol protagónico del banquero Guillermo Lasso-, que obligó al Estado un desembolso de aproximadamente 8 mil millones de dólares para evitar la quiebra de los bancos. El pasado en la memoria insumisa de los ecuatorianos registra otra realidad indignante: en el 2007 el 10% de los ecuatorianos ganaba 42 veces más que el 10% más pobres. Hoy, después de una década, esa relación bajo 25 veces y dos millones de ciudadanos dejaron la pobreza.
El futuro del Ecuador está en juego, pero se trata de un juego de imponer el pasado. Los candidatos opositores al gobierno de Rafael Correa, han prometido derogar los impuestos que hoy pagan quienes más tienen, desfinanciando las obras sociales emprendidas por el Estado. Las promesas de la derecha política son claras: si retornan al poder gobernarán para los grupos económicos que representan. Los pobres son una mancha en el mapa del país que hay que soslayar, por tanto, como han prometido, pondrían fin a los subsidios de la luz y el gas, productos que elevarían sus costos al consumidor en forma inmediata. Consecuente con una política de insensibilidad social, abortarían los bonos solidarios y la exoneración de impuestos a los más pobres. En el sumun de la política neoliberal que prometen, privatizarían la seguridad social del país con nefastas consecuencias para millones de ecuatorianos. La privatización se extendería a la educación -considerada un derecho que sería conculcado-, poniendo fin al programa de becas internacionales, desayuno escolar y educación gratuita actualmente impartidos en el país.
El futuro del país está en entredicho, pero también el del continente, asediados por la estrategia imperial de exterminar a los gobiernos progresistas de la región, como ocurrió en Brasil y Argentina. Ecuador está bajo la mira de la política de restauración conservadora que está en marcha a nivel continental. En esta coyuntura, el pueblo ecuatoriano deberá pronunciarse con lucidez para diseñar un futuro distinto al pasado. El verso del rumano Tristan Tzara resume esta hora de encrucijada: no es que estemos locos, debemos ver el revés de las cosas y multiplicarles el porvenir.
