El célebre dicho popular dime con quién andas y te diré quien eres, se ha puesto a la orden del día como el clamor continental que exige revelar los nombres de los sobornados por la empresa brasilera Norberto Odebrecht, a cambio de obtener contratos para ejecutar obras públicas. La presencia de la compañía constructora Odebrecht en Latinoamérica está macada por una turbia relación de sobornos a funcionarios públicos y privados, incluidos políticos que ocupan cargos de representación popular. Las investigaciones han establecido que, en el mes de diciembre pasado, la firma constructora “confesó al Departamento de Justicia de EE. UU que entregó $ 788 millones de dólares en coimas a funcionarios de 12 países por la asignación de obras de infraestructura”.
A partir de ese momento los gobiernos mencionados en la lista se pusieron en guardia para tratar de obtener nombres de los funcionarios sobornados por los ejecutivos de Odebrecht, al depositar ingentes cantidades de dinero en sus cuentas privadas. El caso ha dado lugar a una intensa lucha entre gobiernos y opositores con cruce de acusaciones sobre participación en actos de soborno. El Departamento de Justicia norteamericano no entrega todavía los nombres de los sobornados; en tanto, la lucha por obtener información se ha vuelto intensa en los países implicados. El tema oscila entre la denuncia y el silencio, entre la sanción y la impunidad al más grande caso de corrupción multinacional latinoamericano.
Caso Panamá
Panamá es uno de los escenarios en el que tiene lugar la batalla por establecer responsabilidades de los implicados. El primer mandatario de esa nación, Juan Carlos Varela, exigió detalles sobre más de $ 59 millones pagados en sobornos por la constructora brasileña Odebrecht en su país para beneficiarse de contratos. En el curso de la investigación, dos bancos en Panamá, están “suministrando información” sobre este escándalo. Odebrecht está impedida de licitar nuevos contratos en Panamá, mientras no devuelva el dinero pagado en sobornos, por lo que se comprometió a reintegrar ese dinero entregado en comisiones.
Caso colombiano
En Colombia, mientras tanto, se investiga si una empresa implicada en un caso de contrabando de textiles sirvió para triangular el pago de coimas a funcionarios en el caso Odebrecht. Paralelamente, el gobierno colombiano anunció que revisará un contrato con la constructora brasileña, en cuya adjudicación presuntamente hubo irregularidades. No se descarta que proceda a la nulidad del documento de una adición al contrato de la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició en el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010). Recientemente la fiscalía colombiana procedió a la captura de el exsenador
La fiscalía capturó el sábado anterior en Bogotá al exsenador Otto Bula, suplente entre 1998-2002 y 2002-2006 de Mario Uribe, primo del expresidente Uribe y preso por vínculos con paramilitares. Uribe está señalado de favorecer en el contrato del tramo Ocaña-Gamarra, en el noreste del país, tras ser contratado por Odebrecht en agosto de 2013.
Dos importantes ejecutivos de Odebrecht en Colombia, Yezid Arocha (director jurídico), y Eleuberto Martorelli (director general), declararon que cuentas de las empresas TexFab International Hk Ltd. y CT Asia Hk Ltd. fueron los destinos de $ 3,5 millones supuestamente para Bula. El exparlamentario detenido por la Fiscalía el sábado anterior, habría sido el nexo que permitió a Odebrecht acceder al contrato de la Ruta del Sol, en marzo de 2014, por $ 670.000 millones.
Caso República Dominicana
En Centroamérica, el gobierno de Santo Domingo estaría implicado en sobornos por 92 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas de funcionarios del Estado de la República Dominicana. Las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana fueron allanadas en busca de evidencias judiciales, en el marco de la investigación que está en marcha. La constructora brasilera Odebrecht, se comprometió a pagar al Estado $ 184 millones de dólares, es decir, el doble de lo que admitió haber repartido entre funcionarios de ese país como sobornos para la adjudicación de obras. Las autoridades locales se comprometieron a que “la investigación no termine con la inhabilitación (de los funcionarios) ni con una sanción económica a la empresa”, sino que avance hasta establecer total claridad sobre los hechos.
Caso Perú
En el vecino país, el procurador del Perú, Amado Enco Tirado instó a que se incluya en las investigaciones del caso Odebrecht, la participación de empresas como Graña y Montero. Esta empresa habría servido de instrumento e el caso de sobornos en el país peruano. En tanto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera peruana, Sergio Espinoza Chiroque, informó que la fiscalía encargada de investigar las implicaciones del caso Lava Jato en ese país les solicitó no congelar las cuentas de Odebrecht para no entorpecer las investigaciones.
Caso brasilero
Brasil es el país de origen de los casos de soborno de la empresa Odebrecht, con una trama que implica al actual presidente Michel, Temer quien habría recibido $ 3 millones para su campaña política por parte de Odebrecht. En el marco delas investigaciones el caso se ha vuelto dramático con la muerte del magistrado del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Teori Zavazcki, quien perdió a vida en un confuso accidente mientras volaba la avioneta Hawker Beechcraft King Air C90 en la que viajaba, a 258 kilómetros de Río de Janeiro. La muerte, del juez abre un período de incertidumbre sobre el rumbo de la Operación Lava Jato y la declaración de los 77 delatores de la empresa constructora Odebrecht en ese país. Entre las acusaciones que se esgrimen, un exgerente de la empresa brasilera indica que se pagaron sobornos o donaciones ilegales de campaña a políticos.
El caso ecuatoriano
Las relaciones de Odebrecht con nuestro país, datan de algunos años a la fecha, habiéndose iniciado en 1987. A pocos días de inaugurado el nuevo gobierno de Rafael Correa, el subsecretario de Política Económica del Ministerio de Finanzas, Luis Rosero, visitó la embajada brasileña en la capital. El funcionario planteó allí la necesidad de ejecutar 5 proyectos de inversión. Se trataba del proyecto hidroeléctrico “Toachi-Pilatón, el aeropuerto de Tena, el puente entre Esmeraldas y Tachina, el puente Bahía de Caráquez-San Vicente y la compra de 4 aviones Embraer para reforzar la flota de la estatal TAME”. Para entonces, la empresa Odebrecht ya construía la central hidroeléctrica San Francisco (Tungurahua), que completó su operación entre los días 5 y 6 de mayo del mismo año. Alberto Acosta, Ministro de Energía de entonces, cuestionó el presupuesto establecido para el proyecto, el cual incluía un componente eléctrico, y la falta de ingeniería de detalle de la obra. Pocos meses después, en agosto, se anunciaba la anulación del contrato de la segunda fase del proyecto Carrizal-Chone, adjudicado al consorcio formado por Odebrecht y la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo.
Las relaciones entre Ecuador y la constructora brasileña continuaron por una senda tormentosa. Una falla detectada en la central hidroeléctrica San Francisco, paralizó la obra. El gobierno nacional obligó a Odebrecht a asumir el costo de los daños y a devolver los premios otorgados por la obra. En la dura polémica, gobierno y empresa no alcanzaron ningún acuerdo, motivo por el cual Odebrecht debió salir del país luego de retirarse de cuatro obras en marcha. La embajada brasileña reportó a su gobierno, el 8 de abril de 2009, con carácter de urgente, “el anuncio del presidente del Fondo de Solidaridad en aquel entonces, Jorge Glas Espinel, de una demanda civil contra Odebrecht por $ 210 millones”. Sin embargo, luego de que la empresa brasileña aceptara las condiciones impuestas por Ecuador, pudo regresar como contratista al país.
Odebrecht está presente en nuestro país desde el año 1987, año en el que recibió el contrato del trasvase Chongón-Santa Elena; hoy participa en el consorcio que construye la segunda fase de la primera línea del Metro de Quito, en asociación con la compañía española Acciona. El problema estalla para Ecuador cuando el Departamento de Justicia de los EE. UU afirma tener conocimiento de la empresa Odebrecht ha sobornado a funcionarios por monto de 35,6 millones para conseguir un contrato de 116 millones de dólares. En la controversia generada por el anuncio de transferencias de dinero a personas ecuatorianas, gobierno y oposición se endilgan responsabilidades en el caso.
En un comienzo Jorge Glas, candidato oficialista a la Vice Presidencia nacional, “estaba en la mira de todos”, incluso le fue solicitada la renuncia por un candidato opositor al régimen, pero a las pocas horas a el caso da un vuelco y enfila al Alcalde de Quito, Mauricio Rodas. En este contexto amerita que el candidato Guillermo Lasso explique al país, dónde está Jacobo Sanmiguel, aspirante en calidad de suplente a la Asamblea. Él es parte de su coalición y desde que estalló el escándalo se volvió hombre invisible. No es lógico que un candidato acusado de mover $ 30 millones, no dé la cara para explicar el origen de esos fondos. De igual modo nada se ha dicho de Mauro Terán, asesor del alcalde Rodas, preso por presunta defraudación fiscal y manejo injustificado de varios millones de dólares. La empresa Odebrecht está acusada de pagar en Ecuador alrededor de $ 33,5 millones en sobornos a funcionarios públicos entre 2007 y 2016, a cambio de contratos que le habría reportado unos $ 116 millones. Mauro T. entre 2010 y 2016 habría recibido depósitos por $ 6,4 millones; de ellos, $ 5,5 millones se registrarían entre 2014 y 2016, “y serían los más significativos”. Según el director del SRI, “la fecha coincide con el año en el que se adjudicó y firmó el contrato para la segunda fase de construcción del Metro de Quito, que fue entregado a la empresa Acciona-Odebrecht”.
En las últimas horas una publicación menciona al Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, como presunto receptor de sobornos de la firma brasilera. El funcionario municipal negó que haya recibido coimas y para confirmarlo acudió ante la fiscal del Guayas, Patricia Morejón, para solicitarle que indague «todo lo que se quiera» sobre su supuesta vinculación con pagos ilegales por parte de Odebrecht entre 1989 y 1992. Nebot quien «afirma haber actuado correctamente, acusó “a quienes supuestamente le han calumniado», «quienes han delinquido a cualquier título, de autores intelectuales, autores físicos y cómplices en este asunto. Han delinquido porque me han imputado falsamente un delito, que sean juzgados y vayan tarde o temprano a la cárcel”.
Dime con quién andas y te diré quien eres, dice el dicho popular. Se trata entonces de que los mencionados den claras explicaciones y no solo se limiten a negativas, o actos histriónicos de rasgar vestiduras, No. El país quiere escucharlos, con pruebas en la mano, para que conformen un convincente argumento de que no forman parte de la corrupción continental levantada por Odebrecht en la región.
