Si en algo coinciden las candidaturas de Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, -conspicuos representantes de los sectores conservadores guayaquileños-, es en su afán de derechizar al país a más no poder, precisamente, con el poder del dinero y de los círculos de influencias privados. Derechizar al país, léase una fórmula ya conocida: demonizar al Estado y privatizarlo todo. En ese afán dos acciones se vuelven más dinámicas, -por tanto, influyentes-, la desinstitucionalización de las entidades estatales y la puesta en marcha del lobby de círculos privados de decidida gravitación en las decisiones corporativas que se adopten en política pública.
El caso Rodas-Terán, alcalde y asesor, respectivamente, puso en evidencia la propensión a establecer una institucionalidad informal paralela a la oficial en el Municipio capitalino, con sujetos que fungen de asesores y que no responden a la gestión administrativa de manera formal en roles de pago, sino bajo una secreta gestión tras bastidores donde la tramoya no deja huella en contratos, nombramientos o asignaciones orgánica de funciones. Por el contrario, se trata de una práctica de “negociaciones informales” camufladas en la que los asesores participan sin rendir cuentas a la institución. Es decir, como lúcidamente apunta la analista Erika Sylvia Charvet, se crea una trama de negociación en una “mesa chica”, armada entre amigos del Alcalde que ha revitalizado los tradicionales pactos por fines privados, propios de un sistema político oligárquico decadente. Tal es el caso de las “negociaciones informales” sostenidas con Odebrecht en la contratación del Metro de Quito, que se habrían dado bajo una desnaturalización de la contratación pública y que corresponden a una tendencia de privatización secreta de lo público, con presencia de asesores freelancer para tratar temas públicos y estratégicos y cuyo criterio habría sido muy importante en la toma de decisiones del Alcalde: «Mauro T. es una persona experta en criterios estratégicos políticos y como tal aportaba ideas, planteamientos que eran altamente valorados. Porque la gestión municipal tiene que ver con la política. No tenía un cargo oficial en el Municipio, por un acto de delicadeza con Quito”. Insistió con vehemencia en que Mauro T. era «una persona que generaba acuerdos. ¿Qué tiene de malo eso? No hay ninguna norma que impida eso». justificó Rodas.
¿Es eso ético, legal, admisible? El Acalde ha respondido que no hay pecado en ello, ya que el contrato del Metro de Quito -cuya segunda fase fue adjudicada a Odebrecht- «ha sido totalmente transparente. De igual forma confío en mi equipo, pero si algo extraño hubiese ocurrido, que lo dudo, sería el primero en exigir sanciones», expresó Rodas, quien dijo, sin embargo, que no podría poner las manos al fuego por nadie.
Más allá de la figura que aquello adopte, esta práctica responde a un principio ideológico inherente a la derecha política ecuatoriana, expresada en sus propuestas de campaña: desmantelar el Estado, reemplazándolo -hasta donde sea posible-, por el lobby privado que se rige según las fuerzas del mercado. En esa dinámica las candidaturas de Lasso CREO-SUMA, y Viteri PSC, son la misma cosa con distinto maquillaje: la tendencia al desmantelamiento de todas aquellas instancias de poder y decisión público en las que el protagonismo de lo colectivo tiene un rol primordial.
No es casual que los candidatos de la derecha guardaran sepulcral silencio sobre el caso Rodas-Terán. Cynthia no ha dicho esta boca es mía, muda frente a las sospechas que rodean a su excoideario socialcristiano. En este caso el silencio otorga. Lasso, en cambio, se apresuró a decir que no tiene pactos con Rodas, sino que el pacto electoral es entre CREO y SUMA. ¿Qué diferencia hay?
Donde sí hay una voz coral para vender la misma idea, es en los planes de campaña de Viteri y Lasso que -según el análisis de Eduardo Argúdo González, catedrático de la Universidad de Guayaquil-, “el plan significa una reducción del Estado, es decir un debilitamiento de sus capacidades. Para lograr eso necesitarían una reforma constitucional, porque la fortaleza en el actual Estado se sostiene en la Constitución”.
La propuesta electoral socialcristiana es hermana gemela de la oferta de CREO-SUMA, ambas ejemplifican el modelo informal y privatizador de gestión del Estado por parte de la derecha. Esta vieja política, neoliberal y fracasada, lejos de ser un “cambio positivo”, en su momento cobró un altísimo costo social en países como Argentina, Chile, entre otros. Sus consecuencias son muy drásticas para la sociedad, puesto que implican la reducción de los programas sociales promovidos por el Estado, que luego son reemplazados por lucrativas entidades privadas o fundaciones “sin afán de lucro”, que hacen jugosos negocios con servicios básicos que son un derecho ciudadano como educación, salud, seguridad social, etc. En términos económicos se trata de regresar a un sistema neoliberal, asentado en el fortalecimiento del sector productivo y financiero. En esa dinámica, esta propuesta busca sintonizar con las políticas capitalistas internacionales, por eso es que tanto Lasso como Viteri prometen un retroceso de la política de alianza regional latinoamericana, para dar paso a un fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los EE. UU de Trump. Todo esto bajo un lema susurrado en secreto a voces por ambas candidaturas: derechizar al país.
