El año anterior concluyó con una realidad continental innegable: en materia tributaria Latinoamérica alberga a los contribuyentes más evasores del mundo. Según información estadística proporcionada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD 2015, “América Latina sería la región más afectada por la evasión fiscal”. Tres estudios internacionales confirman que los sistemas tributarios en el continente latinoamericano todavía tienen obstáculos para superar “el elevado nivel de incumplimiento por parte de los contribuyentes nacionales y extranjeros”. Prueba de ello es la evasión fiscal regional que se puso en evidencia a través de los paraísos fiscales, problemática evidenciada en las filtraciones de SwissLeaks y los papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Latinoamérica se ha transformado en territorio de inequidad, a partir de una desigual distribución de la riqueza: el 10% más rico posee el 71% de la fortuna, pero tributa solo el 5,4%. No obstante, la región ha logrado incrementar recursos tributarios en proporción del Producto Interno Bruto (PIB), gracias a reformas legales que han incentivado el pago de impuestos. La resistencia a tributar que muestran sectores empresariales, comerciales y políticos vinculados a grupos tradicionales de poder económico regionales, marca una tendencia que los convierte en evasores endémicos.
Más ricos más pobres
La evasión tributaria es una práctica que posterga el desarrollo de nuestros países, profundizando la injusticia económica, la exclusión social y la complicidad política con los evasores. Las cifras revelan que la región ha crecido en un 7.1 puntos porcentuales del PIB, entre los años 1990 y 2014. Bolivia y Argentina registraron mayores ingresos en esos años con 20,6 y 19, 8 puntos porcentuales, respectivamente. Ecuador, Colombia y Paraguay exhiben 11 a 12 puntos porcentuales, mientras que la mayoría registra incrementos entre 3 y 8 puntos porcentuales. Por su parte, Jamaica y Venezuela solo incrementan 1,2 y 0,1 puntos porcentuales cada uno.
Ecuador es uno de los países en crecimiento con mayor inversión en gasto público, destinado a obras sociales en vialidad, salud, educación, entre otros, sin embargo, no es suficiente para garantizar el desarrollo. En países tan desiguales como los nuestros, no basta con la política redistributiva que se hace a partir de la inversión pública del Estado, sino que resulta importante el rol que juegan los sistemas tributarios para lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso.
Si el Estado no capta impuestos que debe percibir, se afecta el presupuesto general y el PIB, puesto que significa que la riqueza continúa acumulada en pocas manos que acaparan bienes que no son repartidos en recursos tributarios destinados a obras de beneficio social. Tristemente, la pobreza del continente va de la mano de la evasión tributaria que forma parte de la historia de América Latina. Prima hermana de la corrupción financiera es el llamado sigilo bancario, una suerte de alcahuetería económica que protege en oscuro secreto a quienes mantienen operaciones bancarias, éticamente o legalmente indebidas, que puedan “ocultar dineros, en muchos casos, mal habidos”.
Ante esta realidad, la Consulta Popular que se realizará en Ecuador respecto de la incompatibilidad de ser candidato a un cargo público y mantener recursos en paraísos fiscales, hace mucho sentido como sano intento por transparentar las relaciones existentes entre la economía y la política. El presidente Rafael Correa, impulsor de la iniciativa, a manifestado: “El tema de fondo es si el mundo tiene decencia, si el capitalismo tiene ética, es hacer una institucionalidad mundial para impedir que existan paraísos fiscales. Porque nadie va a un paraíso fiscal por transparencia. Trata de ocultar algo, trata de hacer algo que no le gustaría a la sociedad. La solución de fondo es evitar los paraísos fiscales”. Se busca impedir, por mandato popular, que aspirantes a cargos de representación ciudadana mantengan cuentas o relaciones financieras en países tributariamente permisivos.
No es de extrañarse entonces que candidatos de oposición como Lasso, Viteri o Moncayo, pongan el grito en el cielo ante la disposición estatal de hacer cumplir las obligaciones tributarias de entidades privadas o personas naturales. Tampoco es raro que se opongan, a rajatabla, a escuchar la sentencia popular sobre la falta de ética política que implica ser candidato y mantener dineros en paraísos fiscales evadiendo impuestos. Solo pueden oponerse quienes depositan dineros en países que resultan cómplices y encubridores de la evasión tributaria latinoamericana. El pueblo llano, la ciudadanía honesta no tiene nada que perder y mucho que ganar, viviendo en un país donde cada cual cumpla con sus obligaciones tributarias. La Consulta Popular es una inmejorable oportunidad de imponer justicia, poniendo a raya a quienes tienen rabo de paja a punto de arder en la condena popular, cuya opinión deberá exigir transparencia y regulación contra los evasores.
