Año nuevo, vida nueva, dice el adagio popular, pero en Ecuador celebramos el cambio en el calendario quemando al “año viejo”, para despedir el año que se va. El viejo 2016 cierra un ciclo, cuyos componentes se corresponden con los de la última década, periodo fielmente representado en el último trimestre del año que termina.
Los hechos que cierran este ciclo se caracterizan –según observadores- por un marcado “conflicto de intereses políticos y económicos”, en un contexto de crisis social. Situación que se acrecienta -según el análisis de Pablo Ospina Peralta-, por la “obsesión minera del gobierno que lo ha llevado a ignorar los niveles de violencia que puede provocar la imposición de esta peligrosa actividad en zonas indígenas, de campesinos y de pequeña minería”. Desde ese escenario tiene lugar” la sucesión de conflictos y el escalamiento de enfrentamientos entre comunidades shuar y la compañía china Explorcobre S.A., EXSA, por el proyecto minero de cobre Panantza San Carlos en Limón Indanza y San Juan Bosco, al sur de la provincia de Morona Santiago. Este hecho es representativo del clima de beligerancia existente entre oposición y gobierno, y surge por la reacción de la nacionalidad shuar frente a la actividad extractivista impulsada por el Estado ecuatoriano. Pueblo “tradicionalmente orgulloso, celoso de su autonomía y guerrero”, el colectivo shuar se opone a todo intento minero en sus territorios.
El año 2016 que cierra con el conflicto plurinacional, se caracterizó por un “pragmatismo económico” anunciado desde el 2011 en respuesta a la crisis provocada por la caída de los precios del petróleo. El tratado de libre comercio suscrito entre Colombia, Perú y la Unión Europea, cuenta con adhesión ecuatoriana y consuma esta política del Estado en materia económica. La resolución estatal motivada por “la presión del sector exportador de banano (62% de las exportaciones ecuatorianas a la UE), flores, hortalizas, camarón y atún, que tienen a la UE como su principal mercado, hizo que Ecuador regresara incómodo para adherirse antes de ver aumentar los aranceles a la mayoría de sus exportaciones no petroleras”.
Los analistas estiman que las negociaciones ecuatorianas con Europa no giraron sobre “preferencias o beneficios adicionales para las exportaciones ecuatorianas, sino sobre plazos y rapidez de la apertura ecuatoriana a las exportaciones y servicios europeos como condición para mantener los niveles arancelarios actualmente existentes”. Esto implica que la negociación buscó evitar que las condiciones de ingreso de nuestro país al mercado europeo empeoraran, manteniendo los niveles arancelarios vigentes.
En un contexto panorámico la reducción de la pobreza y la desigualdad, tocaron techo y se deterioran, como indica el coeficiente GINI que se ha mantenido estático entre 0,47 y 0,49 en los años 2001 al 2016. En tanto, la pobreza que había disminuido en 2014 a 22,5%, “ha tenido por segunda vez en 15 años, un incremento”.
El gobierno ecuatoriano ha recurrido al “endeudamiento agresivo bajo y reducción de las inversiones públicas”. Las cifras confirman que se pagaron 7.350 millones de dólares por concepto de deuda externa, en contraste con el gasto público en educación que alcanzó los 5.200 millones. Como cifra histórica se registra un 40% del PIB dedicado al pago de la deuda exterior, mientras que el pago por amortización se ubica entre el 7% y el 9% del PIB. Paralelamente el régimen ensayó una formula suigeneris: desconocer el pago del 40% del gasto anual por pensiones al IESS. A su vez, el gobierno ecuatoriano decretó no contabilizar la deuda estatal con ese organismo de seguridad social, medida que redujo en un 12% (del 38% al26%) la proporción de la deuda pública respecto del PIB.
En un decidido intento por conseguir fondos complementarios, el régimen de Rafael Correa, en noviembre de 2016, aumentó del 2% al 5% el encaje bancario obligatorio para las entidades financieras. Los analistas económicos consideran que esta medida tiene “un efecto recesivo” puesto que los bancos estatales dejan de alimentar con créditos, la actividad de la construcción que desde el 2015 viene sintiendo una contracción del sector inmobiliario. Solo este año 2016 la industria arquitectónica presentó una reducción del 01.7% con un crecimiento negativo desde fines del año anterior.
En contrapunto con la política económica pragmática, el régimen envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prohíbe toda ganancia especulativa por sobre el interés pagado por los bancos. El proyecto de ley plantea recaudar “el 75% de impuesto a favor del Estado (en lugar del 10% actualmente vigente), porque asume que la fracción adicional se obtuvo por obras públicas”. La ley que regula el aumento del impuesto a la plusvalía es consideraba por los analistas políticos como una medida inoportuna en pleno periodo electoral. El gobierno argumenta que “es una ley que protege a los compradores y ataca a los vendedores, pero es difícil ver cómo lo haría, puesto que el costo de semejantes impuestos, cuando pueden ser asumidos por alguien, los paga el comprador”, concluye Ospina.
En el contexto de la campaña electoral que tiene lugar en este cambio de año, la ley sobre la plusvalía es arriesgada, por lo poco popular. En contraste, el régimen ha planteado una consulta popular en la que el electorado se debe pronunciar sobre la prohibición a que candidatos a puestos de elección popular y funcionarios públicos puedan tener bienes en paraísos fiscales. Con un fin “ético” el gobierno busca aliar su criterio con los intereses de los electores que deberían simpatizar con una ley que, presuntamente, busca impedir la fuga de capitales.
Al término del año 2016 concluye un ciclo político que permanece ya diez años, lo mismo que duró la bonanza económica, motivada por un buen nivel de ingresos petroleros. En última instancia, el fin del año 2016 simboliza el ocaso del ciclo político de toda una década. Con el fin de la bonanza económica, amparada en el precio de las materias primas, se observan las limitantes del modelo económico de extracción de recursos naturales, impulsado por un régimen que termina cediendo a la presión de los tradicionales grupos exportadores, porque «no fue capaz de impulsar un cambio significativo en la estructura económica del país». En ese sentido, el año nuevo -contrariamente a la expectativa popular- promete vida vieja.
