Las manifestaciones del pueblo Shuar que tienen lugar en la Amazonía en contra de la política extractivista del Estado encuentran origen en un componente étnico ancestral, cuya expresión política es azuzada por sectores de oposición al régimen del presidente Rafael Correa. La nacionalidad Shuar, tradicionalmente alineada a los designios del movimiento político Pachakutik, siempre se han enfrentado a las políticas públicas hidrocarburífera del gobierno ecuatoriano. Lo ha hecho en todas las rondas petroleras y lo seguirá haciendo a cuenta de un ecologismo de procedencia ideológica, que emerge de una actitud política estimulada por fundaciones nacionales e internacionales que tiene como fin generar el rechazo al extractivismo petrolero y minero. Esta postura política no considera que los excedentes económicos provenientes de los recursos naturales son fuente de ingreso y que, al menos, desde la reforma a la Ley de Hidrocarburos en el 2010 impulsada por este régimen, se han invertido en desarrollo comunitario, ancestral y social. La contraposición entre los pueblos ancestrales y el Estado en el contexto de los conflictos por el uso de los territorios, define a los shuar y kichwa como dos pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana, un territorio de permanentes disputas sociales y simbólicas.
Los hechos conflictivos
El conflicto en la actualidad se acrecentó con el registro del ataque armado por parte de 200 comuneros de la etnia shuar al campamento minero Panantza-San Carlos, situado en las parroquias de San Miguel de Conchay y Santiago de Panantza, cantón San Juan Bosco y Limón Indaza, provincia de Morona Santiago. El incidente dejó un policía muerto, José Luis Mejía Solórzano, de 29 años y 7 heridos: 2 militares y 5 policías. Las organizaciones provinciales NAE, Ficsh, Nashe; regionales Confeniae, y nacionales como la Conaie expresaron su apoyo a la medida adoptada. El Gobierno, ante la gravedad de los hechos, declaró el Estado de Excepción, incluido el sector de San Carlos Panantza que comprende una superficie de 41.760 hectáreas donde tiene lugar un proyecto minero principalmente de cobre, concesionado a la empresa china Explorcobres S.A. (EXSA), por 25 años.
En el contexto de los enfrentamientos, se produjo “el aislamiento” forzado de 11 militares que se desplazaban por el rio Bobonaza, por parte de los habitantes del pueblo de Sarayacu. El pasado 19 de diciembre, los militares acantonados en el Batallón de Selva 49, situado en la Parroquia Montalvo, fueron interceptados cuando pasaban por Sarayaku. Patricia Gualinga, dirigente de Relaciones Exteriores de Sarayaku, dijo que la presencia alertó a la comunidad y que por medidas de seguridad, los habitantes aislaron a los uniformados para consultarles sobre su presencia en la zona. Sin embargo, el presidente, Rafael Correa, indicó que la situación es grave con estas personas que se creen ‘guardianes de la selva’. Resaltó que los pueblos ancestrales fueron víctimas de exclusión y colonización salvaje por parte de los españoles, pero eso no los convierte en referencia del bien y del mal, ni ejemplo de buen vivir. La liberación se efectuó el 20 de diciembre, al día siguiente de la retención, una vez que Félix Santi, presidente del pueblo Sarayaku; Guillermo Naranjo, gobernador de Pastaza; Rudy Ortiz, teniente político de la parroquia Sarayaku; Fredy Marcelo Coronel Carrera, comandante de la Brigada de Selva 17; y Miguel Ángel Fajardo, representante de los soldados, firmaron un acta de compromiso. Sin embargo, el primer Mandatario desautorizó al gobernador y rechazó el acuerdo firmado. El pueblo del Medio Día, como se conoce a Sarayaku, ha sostenido una histórica lucha en contra de la intervención petrolera en su territorio. Años atrás sostuvo un litigio legal ante la Corte IDH, en contra de la compañía petrolera SGC argentina. El juicio ganado por Sarayaku marcó un precedente histórico en la lucha ancestral “contra el extractivismo”. Entre 2012 y 2013 también se cumplió con la reparación económica dispuesta por la Corte-IDH, por concepto de daño material e inmaterial, restitución al fondo de asistencia a víctimas, costas y gastos y el 14 de noviembre de 2013 el Estado ofreció disculpas públicas al pueblo Sarayaku, a través de una cadena nacional. El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró, por unanimidad, que el Estado del Ecuador es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en los términos del artículo 21 de la Convención Americana en perjuicio del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.
La detención del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, A. Wachapá, arrestado mientras se encontraba en las oficinas de la institución, acusado de incitar públicamente a agredir a la fuerza pública, es otro acontecimiento que agrava los hechos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) rechazó, a través de sus dirigentes, la detención de Wachapá, además cuestionaron que las oficinas de dicha organización, ubicadas en el cantón Sucúa, hayan sido allanadas. El ministro del Interior, Diego Fuentes, confirmó ayer la detención del dirigente indígena, la cual se suma a la captura de otras 6 personas implicadas en el ataque al campamento minero. Fuentes dijo que el detenido está a órdenes de la justicia por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos, que investiga la Fiscalía de Gualaquiza. Antes de ello fue trasladado al Hospital Misereor para su valoración médica, constatando su estado de salud. El operativo se desarrolló con personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Criminalística, Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía, en cumplimiento a la orden de allanamiento emitida por Angie Mercy Troya, jueza de la Unidad Policial Multicompetente de Sucúa. Al notar la presencia policial en el lugar -según añadió el ministro- Wachapá trató de huir, ingresando al domicilio contiguo, sin embargo, fue capturado. Al momento de la detención, incluso, se identificó con el nombre de ‘Ángel’, “mostrando poca colaboración y resistiéndose al cumplimiento de la orden judicial”.
Quiénes son los Shuar
Según el misionero Alfredo Germany “los shuar son el resultado de la fusión de un grupo amazónico de la lengua arawak con un grupo de la lengua Puruhá-Mochica”. El pueblo Shuar, caracterizado por ser un pueblo guerrero con arraigo territorial, se ha asentado en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En el caso de Sarayaku, comparten territorio con uno de los pueblos de la nación kichwa, quienes llegaron a la Amazonía desde la Sierra por los procesos migratorios locales. Si bien ambas nacionalidades comparten territorio, no así su lengua y su genealogía histórica. Las áreas de mayor población de los kichwas amazónicos y de los shuar son Canelos, Sarayacu y otros caseríos a lo largo del río Bobonaza. Este pueblo desarrolló su propia cultura la cual empezó a ser violentamente alterada con la conquista española en América. El afán de la conquista fue la explotación de las riquezas auríferas y plantas de valor, como la canela, el caucho y la cascarilla.
Los anales de la historia registran: La primera gran sublevación shuar se produce en 1599, siendo expulsados los españoles de sus primeros asentamientos Logroño, Sevilla de Oro, Valladolid. Desde entonces hasta hoy el pueblo Shuar nunca ha sido dominado por la fuerza de las armas. Sin embargo, a través de los intercambios mercantiles y la acción misionera, este pueblo fue entrando en un lento proceso de aculturación que terminó siendo una amenaza para la supervivencia del pueblo.
La ideología del pueblo Shuar está profundamente vinculada con la relación existencial que mantiene con su territorio y la defensa de sus recursos. De acuerdo a la cosmovisión de los Shuar el territorio Ii Nunke, Nuestro Territorio, es el símbolo de la fertilidad y todos deberían tener acceso a ella, porque es un recurso para la subsistencia y por tanto nadie puede ser privado de sus beneficios. Un error de enfoque investigativo señala que la lengua Shuar es uno de los dialectos del grupo lingüístico Jibaroana. Para los Shuar -cuyo significado es persona-, la palabra jíbaro tiene acepciones peyorativas. Nuestra lengua original es Shuar Chicham que implica la lengua de la persona o lengua humana, señalan sus voceros.
Dentro del Estado plurinacional ecuatoriano en el artículo 57 de la Constitución de la República se indica que se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas la conservación de “la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos”. En el numeral 11 se dice que no serán desplazados de sus tierras ancestrales; y en el numeral 10 se señala que se debe “(…) aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
Este antecedente constitucional legitima la lucha de los pueblos ancestrales en defensa de sus territorios, consecuentemente la ocupación por empresas internacionales. Pero en el caso de la minera china EXSA esta empresa adquirió legalmente los predios en la parroquia de Panantza, por lo que el Presidente Rafael Correa los señalo “como territorios no ancestrales”, en declaraciones de prensa.
A la disputa territorial se sumó la organización Acción Ecológica, una ONG ecologista creada en 1986, que cuenta con financiamiento del grupo Oxfam de Inglaterra y opera, promueve y denuncia desde hace 30 años, actividades de tipo ambiental y extractivista, especialmente en el sector petrolero y minero que afectan a la naturaleza. Por la intervención en el conflicto actual del pueblo Shuar con el Estado, Acción Ecológica fue notificada de su disolución por parte del Ministerio de Medio Ambiente, por desviarse de los fines para los que fue constituido este colectivo, medida que fue rechazada por Esperanza Martínez, vocera de la ONG.
En el fondo del problema subyace un conflicto mayor. Pese a los esfuerzos del Estado por “pacificar o establecer otros mecanismos de colonización y sujeción”, las comunidades, nunca lo reconocerán, puesto que su vínculo con el Estado-Nación, en el suroriente ecuatoriano representa todo lo peor que les puede suceder. Esta contradicción tiene orígenes en lo que sucede en el norte amazónico cuando las comunidades ancestrales eran obligadas a establecer acuerdos con petroleras transnacionales que devastaron su territorio. El estado y las petroleras gringas constituyen “un símbolo de poder que los despoja”, una visión historia difícil de superar, más aun cuando el diálogo urgente no se produce en términos de entendimiento, debido a la politización que hacen del tema sectores opuestos al gobierno de Rafael Correa en campaña electoral.
El enfrenamiento agudizado los últimos días entre los pueblos ancestrales y el Estado pone en el tapete de la discusión nacional algunas interrogantes: ¿está bien entendido el concepto de Estado plurinacional que otorga a los pueblos ancestrales un territorio donde tienen derecho a organizarse de acuerdo con sus propias costumbres? ¿Es el Estado signatario de los recursos naturales en territorios ancestrales? ¿Cómo profundizar el diálogo intercultural para superar las contradicciones históricas y políticas y lograr el tan mentado entendimiento plurinacional? A priori, el tema amerita absoluta tolerancia entre las partes, reconocimiento de que la justicia indígena es culturalmente válida, pero en el contexto de las leyes del Estado nacional que debe ejercer jurisdicción, incluso hasta en el último reducto ancestral de la patria. Puesto que no es puro simbolismo decir que todos somos Ecuador, diverso, incluyente y soberano.
