De todas las historias de la historia, la más triste es la del petróleo en el Ecuador. Si hay un relato oscuro, éste está relacionado con el recurso hidrocarburífero que ha significado riqueza para el país, pero además, miseria y corrupción. Ha pasado 44 años desde que Jaime Galarza denunciara en su célebre texto El Festín del Petróleo (1972), las tropelías cometidas por las transnacional. Y la historia evoca, desde entonces, esas páginas lúcidas que “mostraron con claridad y crudeza que el advenimiento cercano de la explotación masiva del petróleo, bajo el dominio imperialista y de la oligarquía criolla, no haría sino agravar las miserias y las desgracias del pueblo”. Su autor pagó con secuestro, tres años de cárcel y tortura, haber dado al país un testimonio tan valiente y revelador.
Ayer como hoy, han quedado al descubierto las mafias que desde hace 20 años, vienen operando al interior de la empresa estatal Petroecuador. Debieron transcurrir dos décadas para que una investigación puesta en marcha por el actual régimen, saque a la luz pública -como punta de iceberg- los nombres de los presuntos cabecillas de un triángulo de corrupción que operaba como una bien montada red al interior de la empresa petrolera del Estado. El desarrollo de la investigación ha dado como resultado la detención de veinte personas vinculadas con delitos de enriquecimiento ilícito cometidos en la petrolera estatal. Entre los funcionarios sindicados, y ahora prófugo, se encuentra el ex Gerente General de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingeniero químico que ejerció el cargo ejecutivo desde el año anterior en reemplazo de Marco Calvopiña Vega, hoy detenido por la justicia ecuatoriana. El sucesor de Pareja, ingeniero Álex Bravo, que sucedió al funcionario en la estatal petrolera, dirigió la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, y ahora guarda prisión procesado por supuestamente manejar cuentas en el exterior con dinero cobrado por entregar contratos públicos. Pareja sería la presunta cara visible de una red que involucra a 11 personas directamente, a través de la empresa Cayapa que habría recibido depósitos por un monto superior al millón de dólares, cuyo depositante seria Álex Bravo. Este último estaría actuando desde una empresa denominada Gibra, a la que se transferían dineros ilícitos por parte de diversos contratistas de Petroecuador. La Fiscalía General, en su momento, formuló cargos contra Pareja y Javier Baquerizo Zambrano, contratista acusado de haber sobornado a los funcionarios estatales para obtener 12 contratos con Petroecuador por un monto de 44,7 millones de dólares.
Las investigaciones en torno a la corrupción estatal en Petroecuador lograron resultados con la detención de veinte personas sometidas a indagación, entre las que se encuentran, Marco Calvopiña y Diego Tapia, quienes en declaraciones, habrían revelado que Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero, mantendría con ellos un “triángulo de corrupción”. La red de corrupción denunciada se beneficiaba del silencio cómplice de Villavicencio, “a quién habrían entregado documentación para exponerla y asegurarse el control de ciertos negocios petroleros”. Villavicencio, según los denunciantes, habría utilizado la información entregada por Calvopiña y Tapia para su beneficio económico y político. La modalidad era clara: Villavicencio denunciaba parte de los hechos corruptos que conocía, mientras que por debajo recibía una cantidad no determinada de dinero en efectivo, para intimidar mediante chantaje a todos los que “estorbaran” a la red de corrupción. Al mismo tiempo, Villavicencio silenciaba los nombres de los cabecillas de la red, ahora identificados por las autoridades.
Versiones de prensa perfilan a Fernando Villavicencio como “un ex sindicalista petrolero que ingresó a la estatal Petroecuador, con el cargo de “Especialista en Protección Ambiental I” en 1997. Un año después, en 1998, sin concurso de méritos y oposición (un requisito indispensable en Ecuador para obtener nombramiento), Villavicencio consigue ser parte de una contratación colectiva. Villavicencio registra varios problemas con la justicia. En 2008 es sentenciado, por primera vez, a tres meses de prisión por el delito de injuria, en un proceso interpuesto por el doctor Gonzalo González Galarza en el Juzgado Séptimo de lo Penal de Pichincha. En ese mismo año, Villavicencio se esconde de la justicia, por el tiempo en que prescribió la causa evitando así ir a prisión tras ser un delincuente sentenciado. En 2014 es sentenciado a un año de prisión por el delito de injuria. Ante la orden de privación de libertad huye a Miami y luego ingresa por vía terrestre de nuevo a Ecuador. Vuelve a salir al escenario público cuando la pena prescribió. Ahora, se encuentra vinculado con Calvopiña y Tapia, exfuncionarios implicados en la red de corrupción y con los que, al parecer, habría tenido una larga relación, desde sus años de sindicalista”.
En su último enlace sabatino, el Presidente Rafael Correa dijo que los nuevos capturados son “gente de carrera de la refinería” petrolera. Al mismo tiempo, el mandatario denunció que «siempre ha existido una importante red de corrupción que por fin con el Gobierno de la Revolución Ciudadana está siendo desbaratada». Manifestó que estos sujetos eran informantes de un periodista, al que no descifró su nombre, pero que calificó como «engreído de los medios de comunicación» para insultar a su gobierno. A la mencionada persona la calificó de chantajista por cobrar cierta cantidad de dinero a cambio de denunciar, o de callar, y aseguró que existen pruebas para demostrar que los aprehendidos tenían contactos con «el denunciólogo” de Ecuador.
En tanto, la Fiscalía descubrió “en tres casas y una papelería, una gran cantidad de dólares y euros que estaban empacados en fundas, sobre manila, cajones, y guardadas en bodegas y hasta en los cielos rasos de las viviendas”, según se informó. Durante el operativo, se incautaron equipos electrónicos y documentos que “demuestran a otros participantes en la red de corrupción, como Fernando Villavicencio que habría actuado de encubridor del enriquecimiento ilícito, y documentos con los cuales se puede verificar inversiones en bancos extranjeros, comprobantes de transferencias y cuatro vehículos de alta gama, entre otras evidencias”.
En las últimas horas, el conjuez nacional Richard Villagómez, “declaró improcedente el recurso de apelación de la prisión preventiva” que pesa sobre los activistas políticos Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, enjuiciados por supuestamente “revelar información restringida contenida en correos electrónicos enviados por el procurador del Estado, Diego García, al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sobre el tema Chevron”. Ramiro García, abogado de Villavicencio, adelantó que están pidiendo aclaración y ampliación de la resolución, porque no sabe qué se quiere decir, tomando en cuenta que primero se aceptó el recurso de apelación y luego se lo declara improcedente, en un acto considerado como persecución política.
En una historia que se repite, la danza de los millones resulta ser el movimiento natural del festín del petróleo, en un país en el que los recursos hidrocarburíferos forman parte de una leyenda turbia, como el oro negro.
