Las liquidadas bibliotecas del SINAB pasarán a los GADs, con los que ya se tenía convenios, que hace dos años y medio se dieron por terminados.
El proyecto de la Ley Orgánica de Cultura institucionaliza un sistema regentado por el Estado, que llevará al Ministerio de Cultura a un replanteo institucional a fin de poder cumplir con las competencias que le conferirá el nuevo cuerpo legal. El ministro Raúl Vallejo, -en entrevista para Rocinante-, manifestó que “administrativamente debe achicarse, porque no ha sido un ministerio que emita políticas culturales, sino que también ha sido un ministerio que ha organizado eventos y ha tenido una agenda cultural”.
n su nueva gestión, el Ministerio suprimirá las direcciones provinciales y restringirá su presencia territorial a las direcciones zonales. En la nueva dimensión institucional, reducirá personal y pondrá término a relaciones laborales bajo contratos perentorios que no serán renovados. Se procederá a la “refuncionalización de los puestos de trabajo existentes, buscando el menor impacto laboral posible y una mayor eficiencia en la gestión”, afirmó Vallejo.
Consultado sobre eventuales exenciones tributarias en favor de la actividad cultural, el ministro Vallejo anunció que trabaja con el SRI y “hay una posibilidad de que todos los emprendimientos culturales que se establezcan a partir de 2017 tengan exenciones durante el año”.
La realidad del libro
El ministro Vallejo señaló que, en relación al Sistema Nacional de Bibliotecas, SINAB, dispuso que las “bibliotecas escolares permanezcan bajo la administración del Ministerio de Educación, y las comunitarias pasen a los GADs, porque es el gobierno descentralizado el que mejor puede manejar una biblioteca en el sentido de que sirva a la comunidad.” La investigación de Rocinante constata que el SINAB, originalmente, “fue concebido como una red de servicio a la ciudadanía, la mayoría de sus bibliotecas, -alrededor de 500 distribuidas estratégicamente en todo el país-, funcionaban por convenios con los municipios porque su fondo bibliográfico no es escolar, sino general”. No existe duda de que la falta de políticas claras ha restringido el acceso al libro. Esta realidad forma parte de la deuda cultural; para el ministro Raúl Vallejo “en términos estructurales, no se ha podido generar una política de promoción del libro y la lectura desde el Estado, capaz de aumentar los índices de lectura. No se va a sanar con la Ley, pero sí se crean las condiciones para desarrollar un Plan Nacional de Lectura…” Raúl Vallejo sostiene que “no hay una industria editorial más clara que la Campaña de Lectura Eugenio Espejo; me parece admirable haber convertido la producción del libro en una industria capaz de generar espacios enormemente positivos como las revistas sobre lectura y sobre cine”.
Sin embargo, agradeciendo el elogio, creemos que hay una confusión al endilgarnos el término de “industria editorial” porque las industrias –todas– buscan la utilidad económica, y la Campaña de Lectura no es una empresa que genere utilidades, sino una actividad cultural sin fines de lucro. La industria editorial, como cualquier otra, transforma materias primas en productos elaborados para obtener beneficio económico. La editorial es una pujante industria que pertenece al sector gráfico o de impresores, que entre múltiples productos (agendas, cajas, empaques, embalajes, impresiones continuas, calendarios, revistas, catálogos, flyers, cuadernos, etc.), también imprime libros, aunque no los escribe ni diseña ni edita ni distribuye; solo los imprime, los fabrica según el molde, pero eso no convierte a una industria editorial en industria cultural. El otro sector, no necesariamente gráfico, es el de las editoriales y sellos editoriales; ahí tampoco se puede decir que todas las editoriales son “industrias” culturales, pues van desde las autoediciones, las cartoneras, las digitales y policopiados, hasta las transnacionales, pasando por las estatales y las institucionales. Algunas grandes editoriales dedicadas a imprimir textos escolares sí son una industria, pero eso, desde hace muchos años, es un tema escabroso, ligado a los millonarios contratos para hacer textos, donde las más beneficiadas han sido las editoriales trasnacionales. ¿A estas industrias se refiere la economía naranja?, ¿a estas industrias quiere favorecerles la Ley?
Uso de fondos
La burocracia ¿ha complicado la entrega oportuna de los fondos concursables y el ministerio inexorablemente ha demorado hasta varios meses en transferir los recursos a sus beneficiarios?, le preguntamos al ministro. Vallejo responde: “El problema es que el fondo para cultura no está en una ley, no existe el cuerpo legal que diga: el Ministerio va a tener un fondo para las artes, sino que está en reglamentos que van en contra de determinadas disposiciones de la ley de contratación pública. Entonces no existe la figura legal para que el Estado entregue a alguien dinero, no por un servicio que va a recibir, sino por un trabajo que él quiere hacer para sí mismo”. En otras palabras, no existe el concepto estatal de fomento cultural, y el apoyo que el Estado debe dar a la cultura queda al arbitrio subjetivo. Vallejo reconoce urgentes cambios: “La idea es que la entrega de auspicio de fomento para proyectos culturales no dependa de la mayor o menor cercanía del gestor cultural respecto de las autoridades del Ministerio ni que dependa de la capacidad discrecional de un ministro de Estado el hecho de entregarlos”.
El Ministerio de Cultura, amparado en la ley y con la misión de redactar el reglamento correspondiente, tiene una inmejorable opción de saldar la deuda cultural con el país. El reto consiste en generar políticas culturales públicas que guíen, articulen y promuevan acciones entre los gestores culturales, el Estado y la iniciativa privada, aterrizando postulados abstractos y haciendo realidad las buenas intenciones.
Fuente Revista Rocinante No 95
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