Una clásica idea del pensamiento social define al Estado como un instrumento de poder político en manos de una clase dominante que ejerce hegemonías, a través de los mecanismos estatales, a saber: aparato burocrático o administrativo y las fuerzas armadas, instituciones que responden al ordenamiento democrático formal de la sociedad moderna.
Esta vieja idea vino haciéndose carne en la conciencia colectiva y en la ideología de la formación económico social concreta de cada país concreto de Latinoamérica. A tal punto, que se concibe a la democracia como la cotidiana armonía que debe existir entre los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial y, por qué no mencionar, el poder armado. Es precisamente este último, el que en determinados momentos históricos ha roto dicha convivencia, al disputar espacios a los demás poderes estatales en el avatar político de los países latinoamericanos.
De triste recordación son las dictaduras militares que en el último tercio del siglo XX desolaron la vida democrática del continente sudamericano e impusieron, a sangre y fuego, los mandatos y privilegios de los grupos dominantes en detrimento de las amplias mayorías populares. Registra la historia la dictadura de Brasil en 1965 y la dictadura pinochetista de Chile en 1973, como las más sanguinarias. Y varios asaltos al poder civil por parte de los militares golpistas de Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, en la década de los setenta.
No obstante, Ecuador siempre se caracterizó por unas fuerzas armadas suigéneris, en el sentido de que las veces que echaron mano del poder lo hicieron bajo formas de las llamadas dictablandas, o regímenes no brutalmente represivos y bajo programas políticos de corte nacionalista. Sin embargo, estas dictablandas o los gobiernos impuestos por ellas, también respondieron a una ruptura del orden democráticamente elegido. El ejército ecuatoriano, nacido en cuna liberal, heredero de una concepción alfarista del Estado, caracterizada por una visión nacionalista, laica y popular, no registra graves intervenciones armadas contra el poder civil y, por tanto, sus fusiles, salvo excepciones, no están manchados de sangre popular.
Las llamadas dictaduras militares de los años setenta impusieron en Ecuador un periodo de regímenes nacionalistas, con claros visos progresistas. La creación y desarrollo de instituciones y empresas, cuya gestión implantó el modelo de sustitución de importaciones con impulso de la actividad económica estatal en el manejo de recursos naturales estratégicos hidrocarburíferos, así lo confirman.
En Ecuador, las FF. AA han jugado un rol desarrollista: implementan un modelo de desarrollo industrializador alternativo al modelo agro exportador, crean y participan en empresas automotrices y otros rubros industriales, administran recursos naturales estratégicos y fomentan la modernización del Estado. En el terreno militar, defienden con dignidad la soberanía nacional, frente a un enemigo endémico, y logran resultados exitosos en el campo de batalla frente a sus similares peruanos.
¿En qué momento se quebró esa vocación democrática, de progreso nacional que, en un momento histórico, inspiró la acción de los hombres de armas ecuatorianos?
Esta es una cuestión que debe ser analizada en el contexto del retorno a la democracia a fines de la década de los setenta. Un retorno a la política civil que dejó intacto una serie de privilegios institucionales de la FFAA, por el simple hecho de constituir una institución armada vigilante de la democracia formal reinaugurada a fines de los setenta en el país. Entre esos privilegios constan regímenes especiales de seguridad social, comisariatos, etc, y otras prerrogativas que como institucional han gozado las FFAA en la época democrática inaugurada en 1978 hasta el presente.
Una hipótesis de respuesta permite afirmar que en épocas que impera una correlación de fuerzas, mayoritariamente a favor del establecimiento político y social de corte neo liberal, las fuerzas de armas, incluidos el ejército terrestre, marina aviación y policía, se mantienen en sus cuarteles en cumplimiento de la labor constitucional de vigilancia del orden establecido. No obstante, ante la real amenaza de un cambio de statu quo, de transformación política social y económica del país; en otras palabras, ante el riesgo de un cambio en la correlación de fuerzas políticas, y la consecuente pérdida de posiciones de poder de los sectores oligárquicos gobernantes, esas mismas fuerzas de armas se vuelven deliberantes y beligerantes contra el poder civil. Esa realidad, para muchos inaceptable y para otros una obviedad política, ha delineado la conducta institucional de las fuerzas armadas durante la llamada revolución ciudadana. Se inicia así un síntoma de cuestionamiento de la autoridad civil, con desconocimiento de las jerarquías institucionales y el intento de ruptura del orden constitucional, incluso pudieron darse escaramuzas armadas en contra del gobierno de turno.
Los episodios del 30S protagonizado por una policía que reclama reivindicaciones institucionales, situación que devino en una actitud golpista, -según la versión gubernamental-, son fehaciente demostración del desafío policial a un gobierno, democráticamente, elegido por el pueblo.
La agitación institucional al interior de la institución militar, provocada bajo una presunta reivindicación de derechos contemplados en las leyes de seguridad social de las FFAA, que generó una polémica pública entre el poder civil y el poder militar, que debe permanecer subordinado constitucionalmente al primero, es otro síntoma de la deliberación interna en loa organismos armados, situación claramente reñida con la Constitución vigente.
El último escándalo mediático protagonizado por la institución policial, enfrentada a efectivos de la policía municipal en gresca callejera, habla de una conducta que refleja un grado de indisciplina interna. Dirimir situaciones que surgen en acciones cotidianas de trabajo, con uso de la violencia callejera no son, precisamente, un dechado de virtudes en la formación de valores cívicos en los cuarteles policiales.
Así mismo, las recientes denuncias de corrupción y presuntos cobros de dinero por tramitar alrededor de 1.317 solicitudes de pases policiales, incluida la extorsión a policías; caso en el que estarían implicados efectivos uniformados y funcionarios civiles, es otro síntoma de que algo huele mal en Dinamarca y que la investigación en marcha, debe aclarar sin temor ni favor.
Si bien el rol de las fuerzas de armas en la actualidad sigue siendo la de vigilantes de la condiciones políticas y sociales existentes, no es menos cierto que esa tarea es susceptible de perfeccionamiento técnico e ideológico. La capacitación de los hombres de armas, puestos al servicio de la paz interna y externa, y la armónica convivencia ciudadana, es una asignatura pendiente que debe reforzar el Estado ecuatoriano. Más allá de la permanencia de un determinado gobierno en el poder, la sobrevivencia incólume del régimen democrático formal, será garantía de convivencia incluyente, justa y solidaria entre los habitantes de un país bajo un estado de derechos. Condición sine qua non de libertad, progreso y desarrollo nacional.
