Mientras la OEA mantiene un cómplice silencio, asintiendo por omisión ante lo sucedido en Brasil, donde una mayoría parlamentaria destituye a la presidenta Dilma Rousseff, continúan sumándose voces de protestas contra el golpe de Estado “legal”, o blando, que puso fin al gobierno, democráticamente elegido, de la mandataria carioca. El analista norteamericano Noam Chomsky destaca -citando al New York Time-, que se trata de la única líder política que no robó para enriquecerse y una banda de ladrones que si lo hicieron le inició juicio político. Eso equivale a un golpe de Estado blando.
El neodesarrollismo en Brasil se encuentra en crisis: tras ganar por escaso margen el ballotage de octubre de 2014, el gobierno de Dilma Roussef asumió aspectos centrales del programa económico de la derecha derrotada en las urnas. Pero no sólo no recuperó más oxígeno político, sino que comenzó a ser acorralado institucionalmente, convirtiéndose en rehén de una ofensiva legislativa y judicial contra el Partido de los Trabajadores.
La mafia encabezada por el vicepresidente Michel Temer, miembro del partido PMDM opositor al Rousseff, esta implicada en un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras. En tanto que la acusación mayor a Dilma es haber manipulado el presupuesto del Estado para destinar recursos de un ámbito estatal a otro, sin que esto signifique robo con fines de apropiación ilícita, cuestión muy común en nuestros países y, que en el caso de Brasil, no justificaba un juicio político.
Se colige que el juicio político que suspende a Dilma operó como cortina de humo a un affaire de grandes proporciones y que compromete a los sectores políticos conservadores del Brasil. Michel Temer asumió la presidencia provisional con un gabinete compuesto de empresarios o políticos acusados de favorecer a las grandes compañías que integran oligopolios. Esa misma colusión conservadora le entregó en bandeja el poder, ahora como presidente del Brasil, luego de una vergonzante maniobra parlamentaria.
La destitución de Dilma se da en un horizonte geopolítico de América Latina, cuando ya la región había conseguido liberarse, en buena medida, de la imposición extranjera norteamericana. Este panorama de desplazamiento estadounidense del continente latinoamericano ha impedido la viabilidad de golpes de Estado regionales mentalizados en el Pentágono. Tal es asi, que la estrategia desestabilizadora pasó de dura a blanda con maniobras de apariencia legal o constitucional, amparadas en circunstanciales mayorías parlamentaria o correlaciones de fuerzas transitoriamente favorables a figuras de enjuiciamiento político con afanes golpistas. El imperio vuelve su mirada al continente americano e intenta imponer a Brasil y a América Latina su política imperial del ALCA.
¿Quién fraguó el golpe?
La crónica lo resume en los siguientes términos: El pasado 12 de febrero del 2015, Eduardo Cuhna, en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados y miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido de apertura del proceso de destitución contra la presidenta Rousseff. Cunha aceptó la solicitud presentada por los abogados y juristas Hélio Bicudo, fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, Miguel Reale Junior, exministro del Gobierno de Fernando Enrique Cardoso y Janaína Paschoal.
Desde mayo del 2016, se analizaron las pruebas que supuestamente vinculaban a la presidenta apartada con las nombradas “pedaladas fiscales”, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales antes de la reelección en el 2014. Rousseff también fue acusada de dictar tres decretos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso, una estrategia contable que, según la defensa de Rousseff, fue utilizada anteriormente por varios Gobiernos que están en la oposición. La denuncia original incluía denuncias de corrupción relacionadas con el fraude a Petrobras, que fueron excluidas por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se centró en las faltas fiscales. Sin embargo, la defensa de la presidenta apartada calificó el juicio político culminado este miércoles, 31 de agosto, como una “farsa” porque no se le probaron casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras y los argumentos de la parte acusatoria eran “débiles”. Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe”, sentenció en mayo pasado la primera Presidenta electa en Brasil. Mientras que el abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, ha reiterado que Rousseff no incurrió en delito de responsabilidad, por lo cual, no debería desarrollarse el proceso.
La historia confirma varias intentonas golpistas de ese estilo en Sudamérica: Venezuela 2002 que mantuvo en zozobra al país por unas pocas horas, con respaldo de EE.UU y rechazo popular venezolano. Haití, en el 2004, que culminó con el derrocamiento del gobierno luego del secuestro del presidente enviado a África Central. El derrocamiento del presidente de Honduras, reformista pero mal visto por los EEUU y cuyos resultado fue el terror en ese empobrecido país. Y además, el cuasi golpe de Paraguay que buscó poder fin al régimen de un mandatario progresista.
En este contexto regional, el golpe de Estado perpetrado en Brasil es obra y gracia de un puñado de oportunistas, amparados en el más denso panorama de corrupción nacional. El leiv motiv de las mafias fue poner fin al programa de cambios sociales que venía ejecutando el gobierno de Lula y luego Dilma, que significó transformar la vida de millones de brasileños que viven la más insoportable miseria en el país de la samba, el futbol y el carnaval.
El golpe a la brasilera nos conmina a reflexionar en las nuevas estrategias de la derecha política continental, con anuencia de los EE.UU que está sacando las castañas con la mano del gato. El hecho de que el presidente de Estados Unidos dijese que confiaba en las instituciones brasileñas y al mismo tiempo dio su apoyo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, -primer país en reconocer al nuevo gobierno brasilero de Temer- hizo que las élites de Brasil se posicionaran a favor de un golpe. Se trata de una figura institucional que da lugar a diversas maniobras con uso de los propios mecanismos de la democracia burguesa: juicios políticos, acusaciones constitucionales, impedimento por incapacidad de gobernar, campañas de desestabilización implementadas en los medios de comunicación con fines de sembrar el descontento popular para crear el clima propicio para el golpe, entre otras mañas afinadas en las prácticas del golpismo blando.
Aquello hace pensar en una reeducación política y la necesidad de una nueva mirada a la formación económico-social imperante: decir no a la mitificación de la democracia formal, en desmedro de la participación popular real y efectiva; más vigilancia y rendición de cuentas transparentes de parte de los gobiernos progresistas; exigencia de mayor responsabilidad a la prensa en la difusión de contenidos.
No obstante, por sobre todo, la débil democracia formal sucumbe si no hay una férrea voluntad popular, y ésta se logra fortaleciendo al sistema orgánico de participación política. Todo intento de destabilizador tiene como escenario favorable al populismo rampante en un clima de debilitamiento de los partidos políticos populares. Y la descomposición social generalizada, que es causa de la corrupción política y económica imperante, aupada por hábitos y costumbres sociales vigentes con anuencia y vista gorda de los organismos de control. Brasil, referente de tantos acontecimientos de la vida política y cultural del continente, esta vez nos enseña a ver la política de la región con nueva mirada. Aún estamos a tiempo.
