La cultura es todo aquello que el hombre agrega a la naturaleza, incluida sus formas de convivencia individual y colectiva, el registro en la memoria social y el patrimonio cultural de los pueblos. Ecuador, país intercultural por historia, tradición y definición constitucional, se propone enunciar una Ley de Cultura que establezca bases para una política pública cultural que rija las competencias de las instituciones involucradas en el Sistema Nacional de Cultura. Al mismo tiempo, una ley que reivindique los derechos de los gestores culturales, artistas, intelectuales y del público en general, consumidor de múltiples expresiones de la cultura nacional y universal.
El Ministerio de Cultura, rector de la política pública cultural, se ha propuesto como tarea pendiente para el año en curso, institucionalizar el Sistema Nacional de Cultura, proveer mecanismos para la protección del patrimonio, memoria social, fomento de las artes, junto con la protección de artistas y sistema de educación artística, a través del cuerpo legal en discusión.
Desglosando los contenidos de la Ley de Cultura, el titular del Ministerio, Raúl Vallejo, señala que en un marco de total libertad de expresión de tendencias artísticas, proyectos estéticos, etc., la ley fomenta el arte, la cultura y la innovación. Los artículos 184 y 185 del proyecto hacen referencia a la protección de gestores culturales, mediante un régimen laboral especial y de seguridad social para artistas e intelectuales que actualmente se encuentran en la indefensión legal. Para este efecto se crea el Registro Único de Artistas y gestores culturales, cuya base de datos facilitará el acceso de los registrados a los servicios del IESS, créditos estatales y participación en las elecciones de dignatarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con fines proteccionistas, la ley regula el uso de espacios públicos para expresiones artísticas colectivas, y fomenta la profesionalización del artista popular en la Universidad de las Artes. El ministro Raúl Vallejo ha enfatizado en que el Registro Único de Artistas proporciona información al Estado para la generación y gestión de políticas públicas culturales, otorgando sentido de pertenencia a un sistema que proporciona beneficios al gestor cultural.
No obstante, el funcionario reconoce carencias en la gestión del Ministerio de Cultura que no ha sido capaz de garantizar el acceso de la ciudadanía a las manifestaciones de la cultura. Al respecto, Vallejo menciona la falta de un Plan Nacional de promoción del libro y la lectura. De igual modo, está pendiente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas y, por tanto, no se cumple el derecho ciudadano al acceso a bienes y patrimonios culturales. En respuesta a esta necesidad, la ley fortalece el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural como un repositorio de investigación, adicional a su labor de restauración patrimonial y estimula la presencia del público como usuario cultural.
En su aspecto medular, el Ministro Vallejo puntualiza que la ley organiza el Sistema Nacional de Cultura, cuyos elementos existen en la práctica, pero que ahora serán regulados. El irreverente y contestatario universo de la cultura contará con apoyo y estímulo desde el Estado ecuatoriano, a través de un complejo entramado institucional que incluye el Instituto de Memoria Social, responsable de construir tradición y memoria de los pueblos. Además, el sistema de Artes e Innovación, la Casa de la Cultura, los Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs y actores privados, entre otros componentes que son parte del sistema. El capítulo del Patrimonio Cultural del Ecuador recibirá especial atención, bajo el supuesto de que el bien patrimonial es parte de la memoria ciudadana. Al restaurar un inmueble patrimonial se está recuperando la historia, puesto al servicio del espacio y uso ciudadano.
La actividad autoral recibirá, según Vallejo, importante y constante apoyo ministerial, a través del fomento a los emprendimientos culturales en las artes, letras, diseño, música, etc. Respecto de las llamadas industrias culturales, la ley pretende acabar con el clientelismo existente en la asignación de los fondos concursables, con presupuestos que dependan de las políticas públicas culturales y no de favoritismos personales.
El proyecto de Ley de Cultura que se tramita en la Asamblea Nacional contempla ser aprobado en la primera quincena de agosto. Su trascendencia en función del convivir nacional es relevante como una lógica que organiza la diversidad cultural del Ecuador, mediante la puesta en marcha de un mecanismo de fomento cultural, asignatura pendiente del Estado en deuda con la cultura.
