En los años setenta un clásico de la literatura política ecuatoriana escrito por Jaime Galarza Zabala, El festín del petróleo (1972), daba cuenta de la relación existente entre el poder, la riqueza y la corrupción. La obra trata con frontalidad un tema relacionado con el turbio y ensangrentado mundo del petróleo y sus ganancias ilícitas, perpetradas por gobiernos de países petroleros. Ha pasado mucho crudo por el oleoducto y la historia de perjuicio al Estado en beneficio privado se repite. El Estado ecuatoriano representado por Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, tomó el toro por los cuernos y secundó la denuncia del actual gerente de Petroamazonas, Pedro Merizalde, contra el ex funcionario Alex Bravo por presuntos delitos de tráfico de influencias y defraudación tributaria.
La jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, ordenó de inmediato la prisión preventiva del ex burócrata por un periodo de 90 días mientras se lleva adelante la investigación judicial. Complementariamente, se procedió a la retención de cuentas y prohibición de enajenación de bienes. Según la fiscalía, se han detectado irregularidades en contratos con al menos tres empresas, donde estarían vinculados laboralmente familiares de Alex B., ya sea como directores, representantes legales o trabajadores. A lo largo de la investigación las autoridades han descubierto «irregularidades, tráfico de influencias sobre todo a favor de la familia», y que la «situación puede ser mucho más grave«, según manifestaron funcionarios del Gobierno. En caso de comprobarse culpabilidad, Alex Bravo se haría acreedor a una condena de cinco años de cárcel por tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
La indagación fiscal apunta a comprobar el delito cometido en relación a «un sin número de procesos contractuales» que Petroecuador firmó con al menos tres empresas que tienen vínculos familiares con el acusado. Estas son Multiservicios Valdi SA, Nolimit CA y MMR Group Inc. Estas entidades -según el Fiscal- tienen entre sus accionistas y empleados con relación de dependencia por lo menos ocho familiares de Bravo, entre los que están sus hermanos de madre: Tatiana Estefanía y Carlos Iván Rueda Panchano.
El exgerente de la empresa pública Petroecuador, Álex Bravo, aparece en la investigación sobre los Panama Paper, puesto que habría inscrito seis empresas con otros estudios jurídicos y paraísos fiscales, y de estas una pertenece a Mosak Fonseca. La investigación apunta a esclarecer las relaciones de cada una con proveedores directos o indirectos de Petroecuador. Según las autoridades estatales el hecho de que Bravo “tenga una compañía en un paraíso fiscal que tiene un contrato con una gran contratista de petróleo en el Ecuador, ya eso una vez que se pruebe…es peculado”. El caso se constituye en la más grave denuncia relacionada con los Panama Paper en el sector público. El SRI comprobó en sus archivos “es que hay una serie de contratistas de Petroecuador a quienes el señor Bravo ha beneficiado adjudicándoles contratos en compañías donde trabajan sus familiares” (…) “y eso es prohibido por la ley”, precisó Alexis Mera.
Los tiempos cambian pero en el sustrato de la historia permanece un limo indisoluble. El Ecuador petrolero del festín del pasado deberá dar paso a un país libre de petrocorrupción en la exacta media de que los actuales funcionarios, premunidos de una nueva voluntad política, y una indeclinable transparencia en sus actos y palabras, denuncien a tiempo y con pruebas, sin temor ni favor, los actos ilegales, corruptos reñidos con la transparencia de un modelo de gestión que pretende ser eficiente, justo y transparente.
No habrá lugar a la especulación política, si las autoridades asumen con firmeza su papel de investigadores y sacan a la luz todo lo que huele mal en Dinamarca. Este gesto vas más allá de los cálculos electorales, y se inscribe en la médula de un país que se dice cambió e implantó nuevos valores en la política pública como un principio de transformación revolucionaria.
