Uno de los mecanismos más sofisticados de la corrupción convierte lo inmoral en legal, haciendo permisivo aquello que por ética debe estar prohibido. Precisamente, esa es la dinámica del sistema capitalista al crear territorios privilegiados que exoneran a millonarias fortunas de tributar al Estado lo que corresponde por ley. En apariencia lo ilegal se hace permisible y se burla así la justicia con olímpicas figuras off shore, es decir, -fuera de la costa-, o empresas y sociedades constituidas lejos del país de residencia en regiones donde la tributación es de un 0%.
Las revelaciones de los papales de Panamá dejan al descubierto que esta dinámica económica capitalista es la forma legal instituida para retener dinero indebido, y así multiplicar la rentabilidad y competitividad de las empresas. Al mismo tiempo, estos procedimientos son parte del sigilo bancario, sospechoso secretismo financiero con que se encubren dichas actividades. Y la complicidad de la vista gorda puede ser extensiva al propio aparato del Estado que, gracias a una articulación entre grupos económicos y sectores políticos se conforma un entramado de corrupción de elevado calibre desde las propias esferas estatales.
No deja de sorprender que en el Estado ecuatoriano de la revolución ciudadana, funcionarios de empresas públicas estratégicas del sector de hidrocarburos, asomen en listas de personas vinculadas a operaciones empresariales off shore. Dicha vinculación de ejecutivos de la EP Petroecuador que, según el contralor Carlos Poli, incurrieron en “importantes irregularidades” en la declaración de su patrimonio personal, incluye a burócratas que ejercieron cargos en la empresa estatal petrolera en los últimos siete años.
La reacción presidencial no se ha hecho esperar y el mandatario ecuatoriano ha expresado indignación porque funcionarios públicos tengan empresas en paraísos fiscales. En consecuencia, procedió a la destitución de Alex Bravo Panchano, exgerente de Petroecuador que habría constituido en Panamá la firma Girbra S.A. La empresa negoció en febrero del 2014 con la firma Arkdale Investments Limited de las islas Bahamas, un contrato mediante el cual Arkdale daría servicios petroleros y que la panameña Girbra sería su representante en Sudamérica. Según archivos de los Panama Papers publicados en la prensa, en el acuerdo se encontraría la firma de Bravo como representante de la panameña.
Otro nombre relacionado es el de Carlos Pareja Yannuzzelli, ex gerente de refinación de Petroecuador, bajo cuyo cargo se adjudicó, sin concurso, el contrato a OSS por $ 17,53 millones, un 61% más al precio referencial de $ 9,32 millones. Bravo y Pareja renunciaron a sus cargos a mediados del mes pasado, mientras que el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, también mencionado en la lista, estaría reuniendo documentos con la información correspondiente a su defensa.
Los visos de corrupción que exhalan los Panama Papers son investigados en Ecuador por la Fiscalía General del Estado que indagará en Panama, por la Comisión de Justicia de la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El interés que muestran el Estado ecuatoriano y la sociedad civil por establecer la verdadera dimensión del bullado affaire, es un signo de los tiempos. Esta vez la inmoralidad disfrazada de ley no deberá contar con la anuencia estatal, puesto que el Presidente Correa se manifestó en contra de las empresas off shore por ser un capital sin rostro y sin responsabilidades. Correa exhortó a la comunidad internacional a poner fin a los paraísos fiscales, ya que se sabe que nadie va a allá por transparencia. Al mismo tiempo el Primer mandatario reiteró que Ecuador “sabrá los nombres de la gente que tiene sus capitales, sus empresas fantasmas, sus fideicomisos en paraísos fiscales. Vamos a revisar hasta el último de esos diez millones y medio de datos. Esto recién empieza”.
