¿Otro año de lo mismo?
A inicios del nuevo año 2021 amerita plantearse las posibilidades de cambio de un año 2020 en el que la crisis marcó la vida de los ecuatorianos. Una crisis en lo económico y lo social acentuada por una emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. No obstante, en lo político los niveles de conflictividad se mostraron a la baja, luego de que el sistema entró en un periodo de calma con un gobierno debilitado que concedió treguas a sus adversarios. La tregua para un conflicto que surgió en octubre del 2019 con la protesta ciudadana por la inconformidad social frente al régimen de Lenin Moreno. Justo es reconocer que la tregua no solo es fruto de la tolerancia gubernamental, sino de la interrupción que provocó la irrupción de la pandemia en los primeros meses del año. Toda la atención se centró en la crisis sanitaria, en sus efectos sociales y económicos, generando un aparente consenso político de bajar otras tensiones. El tema económico pasó a primer plano ante el déficit de recursos necesarios para enfrentar la pandemia y sus repercusiones financieras. El Estado volvió sus ojos a los prestamistas internacionales para conseguir créditos con que solventar gastos corrientes y no corrientes.
Para bajar la conflictividad social el país se vio abocado a lograr ciertos acuerdos. Uno de los sectores beligerantes de octubre, el movimiento indígena, bajó la guardia y el tono de la reclamación social y renunció a sus pretensiones políticas de mayor alcance, a cambio de mantener vigentes las reivindicaciones étnicas que tradicionalmente inspiran su acción. Los sectores políticos partidistas representados en la Asamblea Nacional, también bajan el nivel de beligerancia, renunciando a una efectiva labor fiscalizadora, y disminuyendo la calidad de su labor legislativa con leyes aprobadas a destiempo y desteñidas en sus motivaciones originales. Se trata de una asamblea inhibida por sus propios actos de corrupción, que se vio impedida de ser más incisiva con un régimen escuálido de liderazgo y experticia de gobernanza que, por lo mismo, se mostró permisivo con la disidencia. Todo lo anterior explica la baja conflictividad social del año 2020.
La política no fue el discurso preponderante durante el año 2020, fue la economía. El frente político perdió a una de sus principales vocerías en la ministra M. P. Romo, y pasó a dinamizarse el enfoque económico en el discurso del nuevo ministro de economía Mauricio Pozo que, como no podía ser de otro modo, puso en el tapete, los únicos y últimos objetivos del agonizante gobierno de Moreno: dejar implantadas las medidas que forman parte del acuerdo con el FMI.
El enfoque económico es manejado en resumen por uno de los actuales asesores de la presidencia, Alberto Dahik quien, en entrevistas de prensa reitera que los problemas económicos de Ecuador se originaron hace algunos años por la puesta en marcha de un modelo “equivocado”. Y que todos los esfuerzos de una política correctiva de este y anteriores regímenes neoliberales que nos han gobernado, se centran en conseguir recursos reduciendo el déficit fiscal, para lo cual reestructuraron y refinanciaron la deuda externa con los acreedores del FMI, como cosa positiva. Para Dahik el problema del país no es el endeudamiento que crece en un 10% en este año, alcanzando un 62,11%, sino que la falta de recursos para pagarla. Ante la necesidad de dinero que, forzosamente, tiene que venir del exterior, si ya no hay remesas migratorias ni divisas petroleras, necesariamente, tienen que surgir del préstamo internacional. Y sostiene que la deuda no es un problema crítico si es que hay de dónde y cómo pagarla. A renglón seguido, echa mano a un recetario ya conocido: la estructura económica nacional requiere cambios “dramáticos” y para eso insinúa el sacrificio social. Dahik hace un inventario: la seguridad social está quebrada y requiere cambios; de igual manera, la legislación laboral. El asesor de Moreno señala que ésta no atrae inversión extranjera y también necesita ser cambiada. Los cambios van por la vía de la privatización disminuyendo el tamaño y rol del Estado, y entregar actividades tradicionalmente estatales al sector privado. Negocios como la minería deben sustituir en su momento a la producción petrolera. La eliminación de los subsidios a los combustibles debe acompañar a estas medidas.
Entre las funciones del Estado, la educación y la salud no son temas que los puede resolver un gobierno, según Dahik. Es la sociedad quien debe manejarlos mediante acuerdos y el Estado solo canalizarlos. Esa es una tarea no de un día para otro, según Dahik, sino de décadas y Ecuador está aun lejos de conseguirlo.
El sector privado no se muestra muy dispuesto a tomar la posta en la creación de empleo digno, condición esencial para solventar la inflación que produciría el alza de gasolina, gas y otros productos, debido a la eventual eliminación de los subsidios a los combustibles. Tal es así que el economista Dahik, como asesor económico, insiste en sugerir la abolición de los derechos laborales bogando por un salario básico más bajo (el salario ecuatoriano está entre los 3 más altos de América Latina), eliminación del 15% de utilidades que corresponde por ley a los trabajadores, y reducción de los costos patronales por concepto de liquidación de un trabajador.
Habría que agregar que la vocería del neoliberalismo carece de creatividad e imaginación, puesto que no cambia de contenidos. El discurso económico este 2021 que inicia, tiende a reiterar lo ya dicho, incansablemente, el 2020. ¿Otro año de lo mismo?
